SEVILLA
«A veces detectamos connivencia entre directores de sucursales de banco y narcos»
David Herrador, jefe del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla
«Hacen falta más jueces especializados en blanqueo de capitales porque algunas investigaciones superan los 50.000 folios»
Cuando David Herrador (Madrid, 1974) se licenció en Derecho en Icade hizo el servicio militar como oficial y descubrió que lo suyo era el Ejército pero, como ya era un poco tarde para entrar en la escuela militar, pensó que ser policía era la mejor forma de materializar la vocación de servicio público que su padre, funcionario, le había inculcado. Después de trabajar en Extranjería en Cádiz y ser profesor en la Escuela de Policía de Ávila, David fue nombrado jefe del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, dependiente de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (Udef) de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. «Yo tengo claro -dice- que trabajo para la gente que está fuera y que asiste cada día impotente a un caso y otro de corrupción», declara este madrileño, afincado desde 2009 en Sevilla.
-Su grupo investiga el blanqueo de capitales y delitos contra la Administración Pública, como casos de prevaricación, malversación, fraude en las subvenciones, cohecho, tráfico de influencias... ¿Cuáles son los casos de blanqueo de capitales más conocidos que han puesto al descubierto?
-Hemos investigado el blanqueo de capitales a través de locutorios de telefonía en la operación Anthony, que en 2013 se cruzó con otra operación de Madrid porque era una red de locutorios a nivel nacional pero la mayoría de ellos estaban en la zona de la Macarena y Sevilla Este. Por una denuncia que se presentó en Sevilla hemos llevado en Málaga la operación Faraón, consistente en una estafa piramidal que ofrecía inversiones en una empresa de internet pero realmente no había beneficio porque el dinero, una vez captado, se desviaba a paraísos fiscales. La operación Faraón ha provocado el bloqueo de 25 millones de euros en Lituania. En 2014 , la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) y la de blanqueo de capitales nos ocupamos de la operación Telson tras aparecer 70 toneladas de hachís entre Córdoba y Sevilla. Otra de las operaciones en las que hemos intervenido es la de Bahía Competitiva, que empezó en 2011 y continúa aún. Se trata de un presunto fraude de subvenciones para el plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz. después hubo una conexión de este caso con los papeles de Panamá. Sucede que muchas veces estamos investigando algo y salen otros temas, también a raíz de solicitudes de investigación del juez o la Fiscalía. Es como cuando sacas una cereza y sale otra.
-¿Qué casos de corrupción mediáticos habéis investigado?
-Invercaria, Jeremie o Isofoton. En Invercaria se investigan ayudas y préstamos concedidos desde esa sociedad de capital riesgo. De ese caso salieron otros dos asuntos, entre ellos el caso Jeremie, en el que se investiga la concesión de ayudas con cargo a ese programa, dotado con 235 millones de euros, de los que 165 procedían de la UE. En el caso de Isofoton, investigamos las ayudas públicas recibidas por esa empresa. También investigamos presuntos casos de corrupción en varios pueblos de Sevilla, como La Algaba.
-¿Por qué llevo su grupo el caso del Dioni de Almensilla, Julio Mateos Palacio?
-Porque es un asunto de una complejidad especial. Hace dos años nos entró un asunto de fraude consistente en la comercialización de aceite de oliva adulterado en Sevilla. La persona que estaba detrás era Julio Mateos Palacio. Al mismo tiempo saltó el asunto de la junta de compensación de Almensilla, cuya investigación inició el grupo de Medios de Pago, pero cogió tal dimensión el asunto que terminó pasando a Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.
-¿En los casos de corrupción suele haber blanqueo de capitales?
-Casi siempre porque realizamos una investigación patrimonial sobre los investigados para ver cómo adquieren el patrimonio. Todo delito financiero con cierta complejidad termina genera blanqueo de capitales, que es la transformación del beneficio de un delito.
-¿En qué posición se encuentra Sevilla y Andalucía en delitos relacionados con el blanqueo de capitales?
-En una posición alta. El pícaro es tradición en España. ¿Cuánto se blanquea en Sevilla o Andalucía? Es difícil afinar. Sólo del caso Faraón fueron 25 millones de euros; unos 3 millones en el caso de los locutorios telefónicos y en el fraude de aceite de oliva y la junta de compensación de Almensilla llevamos acreditados el blanqueo de unos 3 millones de euros.
-¿Cuál es el perfil de la persona que blanquea capitales en Andalucía?
-Un mediano empresario, ambicioso y con pocos escrúpulos, de entre 40 y 55 años, que está en contacto con actividades que generan dinero procedente de la economía sumergida. Hay mucho dinero en B en España pero no todo ese dinero procede de una actividad ilícita. Si la parte que no se declara constituye delito fiscal, eso sí constituiría blanqueo de capitales.
-Según el Sepblac, la principal fuente de dinero ilícito en España es el narcotráfico. ¿Ocurre también en Sevilla, donde el río es la principal vía de entrada importante de hachís y el aeropuerto de cocaína?
-Las grandes operaciones que se han investigado por blanqueo de capitales provenían del narcotráfico, aunque también hemos visto blanqueo de capitales procedente de la corrupción. En tema de tráfico de droga hemos visto el blanqueo de capitales poniendo pisos a nombres de testaferros y después hay un contrato de compraventa entre el traficante de droga y la persona titular del piso, pero quien realmente disfruta del piso es el traficante.
-¿Cuál es el circuito del blanqueo de capitales?
-Normalmente se crean sociedades con un objetivo estándar y se simulan que tienen una actividad. El dinero que supuestamente generan esas sociedades procede de la actividad ilícita. Un modo de aflorar ese dinero es a través de préstamos bancarios que solicitan esas sociedades a los bancos. Esos créditos se van devolviendo con dinero con origen ilícito.
-En la prevención blanqueo capitales deben jugar un papel importante las entidades financieras. ¿Cumplen con su cometido?
-Oficialmente, todos los bancos tienen un departamento de prevención de blanqueo de capitales y colaboran al 100% con las autoridades. Es decir, el sistema bancario español no facilita ese delito. El problema es que cada banco se disgrega en infinidad de sucursales y lo que se hace en cada una de ellas es responsabilidad de su director. Nosotros hemos detectado en muchas operaciones de tráfico de droga la connivencia del director de la sucursal con los delincuentes, ya que conceden créditos sin hacer muchas preguntas porque tienen la certeza de que se lo van a devolver y así cumplen ratios de objetivos. Por esa razón, hay varios directores de sucursales que han actuado como empleados infieles y finalmente han sido imputados en Sevilla por haber facilitado préstamos a organizaciones o personas vinculadas al tráfico de droga.
-¿En qué puede mejorar los bancos para prevenir el blanqueo de capitales?
-Con una mayor exigencia de cumplimiento en las normas actuales. Hay una Ley de Prevención de Capitales de 2010 y un reglamento que la desarrolla en 2014, que establece los sujetos obligados a identificar fehacientemente a todas las personas que entablen con ellos relaciones de negocio por importe superior a 1.000 euros. Pues en muchas ocasiones no lo hacen, quizá por un exceso de confianza de los empleados que conocen el cliente. Pero después nosotros no podemos rastrear ese dinero. De hecho, he leído en Prensa que en el caso del Dioni e Almensilla se ha citado a varios directores de sucursales que son las que más movían el dinero de la Junta de compensación.
-¿El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (Sepblac) es vuestra principal fuente de información?
-Nuestras fuentes de investigación son tres: la más fiable es el Sepblac, que nos informa de irregularidades que detecta el mismo Banco de España; la segunda son las denuncias visadas por la Fiscalía o un juzgado; y la tercera, las investigaciones propias.
-La Ley obliga a que notarios, abogados, marchantes de arte... alerten de operaciones irregulares al Sepblac. ¿Ha habido en Sevilla notarios y abogados investigados por no cumplir con esa obligación?
-Abogados en muchas ocasiones. En cuanto los notarios, alguna vez hemos señalado la responsabilidad en la que podría haber incurrido una notaría pero después compete a la Fiscalía o al Juzgado pronunciarse al respecto. De hecho, hemos detectado en varios casos a un notario ya fallecido de Sevilla. Si no hubiera tenido lugar su fallecimiento habría tenido problemas.
-El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero ha denunciado en uno de sus informes la lentitud de los procedimientos de investigación judicial. ¿Está de acuerdo? ¿Es por falta de medios?
-Es que son investigaciones muy complejas y nuestros recursos personales son limitados. Llevamos todas las investigaciones a la vez y algunas se resumen en 48.000 folios, como el de las 70 toneladas de hachís de Córdoba, lo que da idea de la complejidad de muchos temas. Cuando llegan al juez normalmente necesitan también su tiempo y piden más diligencias. Por otra parte, los abogados de los investigados son profesionales en el arte de dilatar los procedimientos.
-Se habla de la rivalidad entre la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Udef de la Policía Nacional ¿por qué no unir fuerzas?
-Hay mecanismos de coordinación a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque podrían ser más ágiles. Hay que tener en cuenta que estas investigaciones se sujetan a normativas muy recientes, como la Ley de Prevención de Capitales de 2010 y su reglamento de 2014.
-Informes de la UCO y de la Udef están siendo puestos en tela de juicio por políticos y ex políticos al entender que se han calificado a persona investigadas cuando eso correspondería a un juez.
-Creo que es un argumento retorcido por parte de esos políticos. Ellos pretenden que el juez califique unos hechos de los cuales nosotros no podemos aportar los elementos sin que previamente nos ciñamos a cuáles son. Es decir, si no describimos los hechos con arreglo a un tipo penal no podemos acreditarlos. No hablamos de dar puñaladas o abrir un butrón, que se entiende por sí mismo. Es verdad que a veces es difícil establecer la frontera entre la prevaricación y la irregularidad administrativa. Para precisarla tenemos que ceñirnos a lo que dice el Código Penal, lo cual implica cierto grado de calificación. Nosotros podemos calificar los hechos pero hay que dejar claro que en la Udef, desde el minuto uno de la investigación vamos de la mano del juez o el fiscal. No se practica ninguna diligencia de la que es juez no tiene conocimiento. Ni la Policía ni la Guardia Civil se inventan hechos para que se den los tipos penales; es precisamente al revés. Porque existen los tipos penales, podemos reconocer los hechos que encajan en ellos.
-El blanqueo de capitales va unido en muchas ocasiones a paraísos fiscales. ¿Qué papel juega ahí Gibraltar?
-Tener a Gibraltar cerca facilita el blanqueo de capitales. Cualquier paraíso fiscal lo facilita. Se puede pasar con hasta 10.000 euros en frontera sin necesidad de justificarlo. Hay quien busca a gente para pasar el dinero. A eso se llama el «pitufeo» y una vez el dinero en Gibraltar se ingresa en una cuenta bancaria y ahí ya se ha perdido la pista. Se habla siempre de las tres o cinco banderas que se usan para deslocalizar capitales. Normalmente se coloca en una cuenta cuyo control lo tiene una sociedad en Luxemburgo que a su vez es propiedad de una sociedad en la isla de Jersey, que a su vez es propiedad de una empresa de Panamá... y así es dificilísimo seguir el rastro al dinero.
-La riqueza es difícil de ocultar. ¿Antes o después termina descubriéndose quién blanquea capitales?
-Un incremento patrimonial repentino y no justificado llama la atención. La habilitad del blanqueador es la de no tener nada a su nombre. De hecho, uno de los investigados en la operación Bahía Competitiva vivía en La Moraleja, tenía varios vehículos de muy alta gama y un patrimonio tremendo en otras zonas de España, pero todo estaba a nombre de empresas y testaferros.
