Varios detenidos en Sevilla por defraudar al SAS con prótesis ortopédicas

La red se extiende a otras provincias y hay también arrestados en Cádiz, según el delegado del Gobierno en la Comunidad

ABC

El Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz , ha indicado que hay once detenidos y ocho investigados en una operación que se ha llevado a cabo en las provincias de Cádiz y Sevilla por un presunto fraude sanitario con recetas irregulares con prescripción de aparatos ortopédicos .

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa en Sevilla, Sanz ha señalado que es una operación que se ha llevado a cabo en Cádiz y en Sevilla, en la que hay, por el momento, once detenidos a los que se les está tomando declaración y ocho investigados. «Es un fraude en el que parece que estaban involucradas ortopedias de Cádiz, Málaga y Sevilla», ha indicado.

En este sentido, Sanz ha dicho que «habrá que esperar si definitivamente la operación culmina así o no », toda vez que asegura que «no puede confirmar si está cerrada porque es una nueva operación en la que trabajamos a nivel judicial con el Juzgado número uno de Puerto Real , que es el que lleva las actuaciones», señala.

Sanz ha destacado que se trato de una operación «muy importante», al tiempo que ha puesto en valor «la actuación constante que los cuerpos policiales desarrollan en la lucha contra el fraude, y en este caso en el ámbito sanitario , con la importancia que tiene una operación como ésta».

«Presunción de inocencia»

La Asociación de Ortopedias de Andalucía (Asoan) ha expresado su condena a cualquier acto delictivo, si bien ha apelado a la presunción de inocencia tras las informaciones relativas a una operación con once detenidos y ocho investigados en las provincias de Cádiz y Sevilla por un presunto fraude sanitario con recetas irregulares con prescripción de aparatos ortopédicos, en el cual podrían estar involucradas ortopedias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Asoan, que aglutina a la mayor parte de las ortopedias en Andalucía, ha manifestado en un comunicado que el proceso antes aludido se encuentra bajo la oportuna instrucción e investigación y, por lo tanto, «tenemos que respetar la presunción constitucional de inocencia hasta que los hechos queden esclarecidos».

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