«Una usuaria me retorció el brazo y la otra me dio un mordisco en la mano», denuncia una enfermera

Cuatro meses de prisión, 20 días de multa a razón de una cuota diaria de 5 euros y 520 euros de indemnización es la condena para dos usuarias que el pasado 18 de junio agredieron a una enfermera en el Hospital de Alta Resolución de Écija, según la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad sevillana.

El sindicato de Enfermería Satse apunta que el suceso tuvo lugar en el acceso a la sala de espera de Urgencias donde la víctima intentó mediar en una discusión entre las usuarias y un vigilante de seguridad. La enfermera se dirigió a las mujeres para mediar en el incidente y las invitó a que abandonasen la sala de espera, llamamiento al que hicieron caso omiso. Y no sólo eso sino que una de ellas le sujeto el brazo y se lo retorció mientras la otra le daba un mordisco en la mano derecha, situación de la que logró liberarse por la intervención de otra enfermera.

Satse recalca que la juez considera probado que los hechos son constitutivos de un delito de atentado contra la autoridad , sus agentes y los funcionarios públicos, y de un delito de lesiones leves, recogidos en los artículos 550 y 147 del Código Penal respectivamente.

Por ello, se condena a ambas agresoras por el delito de atentado a una pena de cuatro meses de prisión , accesoria de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a una pena de 20 días de multa, a razón de una cuota diaria de cinco euros, por el delito de lesiones leves. Igualmente, se las condena a indemnizar a la profesional agredida con la cantidad de 520 euros por las lesiones causadas.

Este sindicato valora positivamente el fallo por el carácter disuasorio para la ciudadanía, para que sepan de los «riesgos penales que puedan conllevar la agresión a un profesional sanitario en el ejercicio de su labor asistencial y, paralelamente, para concienciar a los ciudadanos sobre este grave problema que requiere, para su erradicación, la colaboración y apoyo de todos».

No obstante, recalca que la ley contempla las agresiones físicas o el oponer resistencia e intimidar de manera grave o violenta, pero no atiende otras conductas, también lesivas y muy habituales en el ámbito sanitario, como las injurias, las amenazas o las coacciones.

Por ello, pide una normativa específica que proteja a los profesionales sanitarios de este tipo de conductas sin que sea necesario acudir al ordenamiento penal o esperar a que se consuma una agresión grave.

Además, recuerda a los profesionales la importancia de denunciar cualquier tipo de agresión.