Un tribunal popular juzgará el fraude en Lipasam, del que libran a la mujer del excontable
Tanto la Fiscalía como el juez instructor no aprecian indicios delictivos en la pareja del acusado
M.M.G., excontable de Lipasam durante tres décadas y que está acusado de apropiarse de más de un millón de euros de los fondos de la empresa municipal de limpieza durante, al menos, diez años, será juzgado por un tribunal popular por estos hechos, según lo acordado por el juez instructor, quien a petición del Ministerio Fiscal , ha decidido el s obreseimiento provisional de las actuaciones contra la mujer del procesado , librándose de este asunto.
El primer día tras la vuelta de las vacaciones, el magistrado de este asunto, que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla , dictó un auto en el que, entre otros términos, acordaba, a petición de la defensa y adhesión de la Fiscalía, el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra la pareja del excontable de la empresa municipal de limpieza .
Para el Ministerio Público, en las diligencias practicadas durante este procedimiento « existen suficientes indicios de la comisión por parte del investigado de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso ideal con delito de falsedad documental ». Sin embargo, la fiscal del caso reitera en un nuevo escrito del pasado mes de junio lo dicho en febrero, pidiendo el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones , sin perjuicio de su posible responsabilidad civil.
«No existen indicios de criminalidad»
La defensa de la mujer, que ejerce la letrada Macarena Bovet, pidió el sobreseimiento de su representada, lo que contó con el respaldo de la Fiscalía. El juez instructor considera que n o existen indicios de criminalidad contra la misma dado que no trabajaba en Emvisesa, ni consta que conociera o participara en las acciones de su marido cuando ocurren los hechos.
Con respecto a la posibilidad de que fuera calificada como partícipe a título lucrativo , el juez, en el auto al que ha tenido acceso ABC, señala que no ha quedado acreditado que la mujer haya tenido un aumento de nivel de vida. Además, la relación sentimental entre ambos era casi inexistente cuando ocurren los hechos, según añade el instructor, para quien a la pareja sólo s e le puede pedir responsabilidad civil, no penal.
En su declaración como acusada, la mujer aseguró no saber nada del proceder de su marido, al tiempo que afirmó que nunca le extrañó el patrimonio que tenían por el sueldo de él de 3.000 euros: «No es tan grande». Declaró que no conocía la conducta de su marido en Lipasam, que nunca le comentó nada al respecto y nunca observó que éste llevara una vida con unos medios económicos excesivos en relación a su nómina.
Fianza de 1,3 millones
De otro lado, el juez en su último auto acuerda seguir con este procedimiento para juicio ante el tribunal del jurado. En este sentido, explica que los hechos investigados constituyen un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso ideal con delito de falsedad documental, y el delito de malversación es competencia del jurado popular. El juez del caso le impuso al acusado una fianza de 1,3 millones como garantía de una posible responsabilidad civil.
M.G.G. ya reconoció en marzo del año pasado ante el juez haberse apropiado de más de un millón de euros durante una década como jefe de contabilidad de Lipasam. Alegó que se apropió de tales cantidades de dinero durante, al menos, una década porque estaba pasando una mala situación económica .
Para llevar a cabo tal acopio de dinero se valió de un método difícil de detectable. Explicó que el sistema informático contable que usa la empresa municipal tiene «una grieta», algo que confirmaron algunos responsables de la empresa municipal que han testificado ante el juez como la gerente de Lipasam, Virginia Pividal.
Esa «grieta» permitía al acusado realizar un apunte contable falso en las cuentas de la empresa municipal. Era «indetectable», admitió la gerente de la empresa municipal. El perjuicio causado a Lipasam se ha cifrado en 1.033,805,82 euros .
El matrimonio, según se ha puesto en conocimiento del juzgado durante la instrucción, posee un piso en Sevilla capital, un inmueble en la localidad gaditana de Rota, un barco y un coche de caballos para la Feria de Abril en propiedad con unos amigos y hasta 2018 tenían una parcela en Sanlúcar la Mayor.
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