Tres años de cárcel para los primeros condenados en la trama de las comisiones de la sevillana Fitonovo
La Audiencia Nacional dicta prisión contra los cargos públicos de la primera pieza separada de las cinco que hay, que es la más leve de todas, sobre la empresa sevillana que pagó dádivas a políticos de todo el país, entre ellos a Torrijos
La trama de las mordidas que la empresa sevillana Fitonovo pagó a numerosos políticos españoles a cambio de adjudicaciones públicas ya tiene su primera sentencia. Este caso surgió a raíz de la decisión de la juez Mercedes Alaya de investigar el patrimonio de uno de los imputados en el caso Mercasevilla, el socialista Domingo Enrique Castaño . La Guardia Civil descubrió que los bienes de este cargo del gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín se habían multiplicado muy por encima de sus ingresos, pero la clave no estaba en la lonja sevillana, sino en una empresa especializada en jardinería y montaje de juegos infantiles llamada Fitonovo que le había comprado un coche de alta gama y rehabilitado una casa . El crecimiento empresarial de Fitonovo en aquellos años fue desmedido y rápidamente Alaya conectó ambas cuestiones con una posible trama de pago de comisiones a políticos. La juez abrió una pieza separada y luego tuvo que enviar el caso a la Audiencia Nacional , ya que los empresarios habían «comprado» a cargos públicos en otras provincias, no sólo en Sevilla. Se hizo entonces cargo de la instrucción el juez José de la Mata, que en 2017 cerró la investigación abriendo cinco piezas separadas. En la principal se juzga sólo a los empresarios Rafael González Palomo y su hijo, José Antonio González Baró , junto a los miembros de la compañía que participaron en la trama. En las otras cinco serán juzgados los políticos y cargos públicos que recibieron dádivas. Cada una de estas piezas se centra en un territorio concreto y Sevilla es la última, por lo que este juicio concreto aún tardará unos meses. Pero el primero de ellos, relativo a Canarias y Extremadura , ya se ha celebrado y la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha emitido sentencia condenatoria el pasado 12 de noviembre a la que ha tenido acceso este periódico. Concretamente, impone al principal cargo público implicado, un funcionario de la Junta de Extremadura que recibió de la trama 66.000 euros, tres años de cárcel y una inhabilitación de siete años. Esta primera sentencia, por tanto, sitúa a los procesados sevillanos ante un horizonte judicial muy adverso, ya que en el caso del Ayuntamiento de Sevilla los pagos probados en la fase de instrucción son muy superiores.
El juez De la Mata asegura que la empresa pagó el arreglo de la sede del PSOE en la Macarena
Fitonovo entregó 155.000 euros a un miembro de Izquierda Unida, 70.000 en una caja de zapatos
El juez De la Mata ha acreditado el «pago por cuenta de Fitonovo, parapetado tras facturas emitidas por Klevin (que era una empresa de desratización), de determinadas obras en la Agrupación Local Macarena, del Partido Socialista Obrero Español , por importe de 6.839,36 euros, en compensación a la adjudicación de distintos contratos públicos por parte del Director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y del Concejal y Director de Vía Pública Manuel Gómez Lobo ». Pero lo más grave está en Izquierda Unida. El juez de la Audiencia Nacional asegura que se produjo una «adjudicación a Fitonovo de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla . La adjudicación se produjo el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes, por una cuantía de 6.966.320,80 euros, siendo Concejal Delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo el miembro de IU José Manuel García , y primer teniente Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, el dirigente de dicho partido Antonio Rodrigo Torrijos ». El juez aclara que «Fitonovo pagó 155.000 euros a la formación Izquierda Unida, mediante dos pagos, 70.000 euros el 30 de marzo de 2010 y 85.000 euros el 18 de febrero de 2011». Como contraprestación, esta delegación municipal dirigida por IU adjudicó a la compañía la «instalación de aparatos gimnásticos para mayores en el Paseo Juan Carlos I por importe de 17.799 euros iniciado el 13 de septiembre de 2010»; « obras de emergencia ejecutadas en el centro deportivo IFNI por importe de 554.736 euros en el que se observan ciertas irregularidades, entre ellas que se duplicó el importe de la contrata, inicialmente en 270.000 euros y que no existe fiscalización previa de la autorización y disposición del gasto»; «obras de reparaciones de Pista Deportiva destinada a fútbol sala y baloncesto en el campo deportivo Tiro de Línea por importe de 36.204 euros»... Así hasta cinco contratos más. Por su parte, De la Mata añade que «el pago de los 155.000 euros que les fueron requeridos» al empresario «tras la conclusión de las obras de los once campos de fútbol para la campaña electoral , fueron entregados indiciariamente al miembro de Izquierda Unida Antonio Miguel Ruiz Carmona (hombre de la máxima confianza de Torrijos) , de los cuales 70.000 euros se entregaron en una caja de zapatos ». El juez explica que este receptor no tenía capacidad administrativa para adjudicar los contratos en el Ayuntamiento, por lo que considera obvia la intervención de José Manuel García y Rodrigo Torrijos.
La primera pieza de esta macrocausa ya ha sido condenatoria y la parte que afecta al Ayuntamiento de Sevilla está a la espera de juicio.
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