Los trabajadores de Turismo de Sevilla denuncian una privatización encubierta con la creación de Contursa

Los trabajadores del Consorcio de Turismo de Sevilla han presentado este viernes una denuncia en el Ayuntamiento dirigida al propio alcalde, el socialista Juan Espadas , para protestar y alegar contra la decisión del gobierno local de disolver esta entidad para integrarla en la sociedad mercantil municipal Contursa, algo que, según destaca la representación de los empleados, «va a conllevar que la mayoría de empleados del Consorcio pasarán a prestar servicios para esta sociedad, lo que supone de facto una privatización de la actividad , así como una huida del derecho administrativo». En el escrito registrado en el consistorio este viernes, al que ABC ha tenido acceso, se subraya, de hecho, que el proceso de disolución y de fusión para crear el nuevo ente no se ajusta a la legalidad, a tenor de informes jurídicos que obran en poder de los trabajadores.

«Desde 2017 venimos siendo escasamente informados de dicho proceso de disolución -se indica en la denuncia-, pero hasta fecha reciente lo habíamos sido en el sentido de que la actividad del Consorcio iba a ser transmitida en su totalidad (y consiguientemente también la plantilla de trabajadores) a la recién creada Agencia de Turismo de Sevilla, Agencia Pública Administrativa Local, respetándose nuestros derechos laborales al integrarnos en un Ente Público sometido a Derecho Administrativo y consustancial con el servicio público que veníamos desarrollando. De hecho, existen informes jurídicos que avalaban dicha transformación en Agencia Pública. Sin embargo, en fecha reciente venimos siendo informados, aunque confusamente y sin datos concretos , que el Ayuntamiento ha decidido modificar su decisión inicial en el sentido de integrar la actividad del Consorcio en la sociedad municipal Contursa, que desarrolla una actividad mercantil muy distinta a la que venía desarrollando el Consorcio, y lo que supone de facto una privatización de la actividad del Consorcio así como una huida del derecho administrativo».

Los trabajadores de la nueva Contursa destacan que no se les ha trasladado «informe jurídico y económico alguno que avale dicha decisión y sin embargo sí obran en nuestro poder informes jurídicos que defienden y amparan la creación de la agencia». Contursa, que explota el Palacio de Congresos (Fibes) es una sociedad que se rige por el derecho privado , de ahí la inquietud y la protesta de los trabajadores que proceden del consorcio, de índole pública. «La fusión supondría una merma de las condiciones laborales en tanto que se produciría una modificación radical del estatus jurídico, dado que en la actualidad somos empleados públicos», subrayan en el escrito registrado en el Consistorio.

El escrito registrado en el Ayuntamiento recuerda que «la decisión de acordar la disolución del Consorcio traía causa en la inadecuación de dicho ente como modelo de gestión idóneo para la consecución de sus fines, en tanto que desde hacía algunos años el único organismo que realizaba aportaciones a dicho Consorcio era el Ayuntamiento, cuando sin embargo en la toma de decisiones participaban distintos entes consorciados que no realizaban aportación alguna». En efecto, esta disolución fue ordenada por el secretario municipal en 2015 porque los otros miembros del Consorcio -Junta de Andalucía, Diputación y Confederación de Empresarios de Sevilla, CES- no habían hecho aportaciones desde hacía años, por lo que el modelo no era sostenible.

Los empleados municipales muestran su «gran preocupación por la estabilidad en los puestos de trabajo, así como por las condiciones en las que se produciría dicha integración en Contursa», por lo que se ha solicitado al Ayuntamiento «que cumpla con las obligaciones que se derivan del artículo 44.8 del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo del Consorcio Turismo de Sevilla sobre información, consulta y negociación con los trabajadores, obligaciones que hasta la fecha no se han cumplido». Insisten en su escrito, en este sentido, en que «la decisión de integrar al personal choca frontalmente con los informes jurídicos » que poseen. Del mismo modo, solicitan que «se abra un periodo de negociación en el que la representación de los trabajadores sea parte activa, conforme a lo establecido en el convenio colectivo», y que «cualquier decisión que se adopte por la corporación se considere nula y contraria a derecho si no se respeta el derecha de los empleados a ser parte de la negociación».