El sindicato exige que las fianzas de los policías procesados las pague el Ayuntamiento de Sevilla

La posición del sindicato de Policía Local de Sevilla , Sppme, en el caso del amaño de las oposiciones de acceso al Cuerpo celebradas en 2012, por el que hay 45 funcionarios procesados y a la espera de que se señale el juicio contra ellos, ya no admite interpretaciones. La organización sindical defiende sin ambages a los implicados. De hecho, el pasado 19 de octubre presentó formalmente, ante la Mesa General de Empleados Públicos del Ayuntamiento, una petición clara: que la administración local abone las fianzas que el juez de instrucción ha impuesto a los procesados en esta causa, que suman 6,2 millones de euros , ya que lo consideran responsable directo de lo ocurrido. Concretamente, el escrito presentado por el Sppme ante la citada Mesa General solicita «que se aporten las pólizas de responsabilidad civil y general del Ayuntamiento, como aval para los policías a los que se les han impuesto fianzas muy elevadas en el caso de las oposiciones, ya que el Ayuntamiento tiene responsabilidad directa en ello».

Además, el sindicato aprovecha para criticar el tratamiento mediático de este escándalo: «Este caso se está juzgando en los medios de comunicación y el Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto». Es decir, no sólo pide que los sevillanos se hagan cargo de las fianzas impuestas a los procesados por haberse beneficiado, supuestamente, de la filtración del examen y a los altos cargos a los que se atribuye el amaño, sino que también exige que el Ayuntamiento tome medidas para impedir las informaciones que se están publicando en los medios acerca de esta polémica.

El Ayuntamiento, sin embargo, ni siquiera ha tramitado la petición , ya que considera que está fuera de lugar y no se plantea atenderla. Fuentes del gobierno consultadas por este periódico aseguran que no habrá respaldo para esta solicitud por varias razones. En primer lugar, porque el gobierno ha recurrido el auto del juez en el que declara responsable subsidiario al Ayuntamiento. Y en segundo lugar, porque para los policías que superaron las oposiciones se puede aplicar el mismo criterio por el que no se les ha abierto expediente : la irregularidad que se investiga se cometió antes de tener la condición de funcionarios municipales. Este es el planteamiento que defiende el secretario del Ayuntamiento en un informe en el que rechaza la posibilidad de apertura de expedientes sancionadores.

El mismo razonamiento sirve para el pago de las fianzas. Otra cuestión es la situación en la que se encuentran el superintendente Juan José García y otros intendentes procesados como supuestos autores de la filtración. Ellos sí podrían acogerse a esta medida en tanto que se les investiga por sus actuaciones como responsables públicos. La fianza que les impone el juez a cada uno de ellos —son cuatro en total— es de 258.872 euros , por lo que si el erario tuviera que hacerse cargo de sus cautelares tendría que abonar en el juzgado 1.035.488 euros . Sin embargo, el gobierno municipal ni se ha dado por aludido y no ha tramitado esta petición a pesar de que se produjo hace ya tres meses.