Sevilla recibe la primera treintena de inmigrantes ilegales que el Gobierno central ha sacado de Canarias

El Gobierno central del socialista Pedro Sánchez ha comenzado a distribuir por ciudades españolas de la Península a decenas de los inmigrantes ilegales que se agolpan estos días en Gran Canaria tras el aluvión de pateras de estos meses y la creación de enormes «campamentos» improvisados en lamentables condiciones. Esta masificación de personas procedentes de África en varios puntos del archipiélago canario, especialmente en el muelle de Arguineguín, ha generado un creciente problema que el Ejecutivo no ha sabido hasta ahora cómo afrontar, mientras los responsables de la Administración insular han insistido en que se traslade a estos migrantes a la España continental. Así ha comenzado a hacerlo el Ministerio del Interior a pesar de que su titular, Fernando Grande-Marlaska , lo descartó el viernes al ser preguntado por esta crisis. Sus anuncios quedaron en nada y ha sido Andalucía el primero de los destinos de estos grupos de irregulares. Y entre ellos, su capital, Sevilla, que ha abierto la puerta a esta operación del Gobierno de redistribución de estas personas.

Según han confirmado a ABC fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se encuentran en Sevilla desde este pasado fin de semana una treintena de inmigrantes africanos , que ya ha pasado por las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, en Blas Infante . Un avión los trajo a la capital andaluza el viernes y ahora se está revisando por parte de los responsables policiales su situación. Todos ellos ya están inmersos en el llamado «circuito de acogida», que depende del departamento de Seguridad Social y que, en términos prácticos, significa que se les da alojamiento para que permanezcan en España. A estos inmigrantes irregulares no se les puede devolver a sus lugares de origen por la pandemia de coronavirus Covid-19 y las limitaciones a la movilidad y a la entrada y salida de personas de los países, además de las particularidades normativas internacionales en muchos de los casos.

Se ha apuntado que se trata de «movimientos puntuales» y que se van a realizar dando prioridad a los migrantes en base a dos criterios fundamentales: uno, la protección internacional, esto es, que se trate de personas cuya vida correría peligro si volviesen a su país de origen, algo que ampara el Derecho Internacional, como se recuerda desde el Gobierno. Y dos, que formen parte de colectivos especialmente vulnerables, como minorías religiosas, mujeres o niños. Con esos dos criterios, según la Subdelegación, el Ministerio del Interior está trabajando en «la redistribución» de estos inmigrantes que se han ido agolpando en puertos canarios. Una vez llegados a Sevilla, todos han pasado por dependencias policiales, donde se intentan concretar todo lo posible sus datos personales y de procedencia, y pasan al sistema de protección dispuesto en estos casos, con los centros para migrantes o alojamientos específicos con los que trabajan los servicios sociales.

Cabe destacar que el grupo que ha llegado a la capital andaluza conforma el primero de los casos de redistribución de los inmigrantes hacinados en condiciones pésimas en las islas, a donde llegaron en pateras desde la costa marroquí. Sevilla ha sido el primero de los destinos peninsulares que han servido de apoyo al plan del Gobierno central, precisamente una ciudad donde la gestión pública de estos asuntos está en manos del partido en el que se apoya el Ejecutivo central, el PSOE. De hecho, el subdelegado del Gobierno es Carlos Toscano, un reconocido sanchista hermano del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, referente de los partidarios de Sánchez en Andalucía. Y el propio alcalde, el también socialista Juan Espadas, ha ido también moldeando sus posiciones políticas en los dos últimos años y pasa por ser ya otro apoyo esencial del presidente del Gobierno en estas latitudes.

Hasta ahora, son al menos 16.000 los inmigrantes arribados a las costas del archipiélago canario desde que comenzó el año, una cifra sólo superada por la crisis de los cayucos del año 2006. Ante esa situación, el departamento de Grande-Marlaska ha optado por ir trasladando a la Península Ibérica a grupos de estos inmigrantes (de treinta en treinta, aproximadamente) para aliviar la situación de las islas, aunque todo se viene haciendo con muy escasa información pública y siempre asegurando que se trata de «casos puntuales» y no de un plan global. El ministro, no obstante, recalcó el viernes que los migrantes no se trasladarían desde Canarias . «Las políticas migratorias son del conjunto de la Unión Europea y no sólo de España. Hay que luchar contra la inmigración ilegal y evitar que se establezcan vías de entrada irregular en Europa», subrayó Marlaska. La realidad es otra varios días después.