Sevilla
Patrimonio vendió la casa del Patio de Banderas a un inquilino que no pagaba la renta
Un juzgado de Sevilla ordenó el desahucio del actual propietario antes de formalizar la compra en 2016
La sorpresiva venta de la casa número 11 del Patio de Banderas perpetrada sin subasta ni exposición pública hace cuatro años todavía sigue envuelta en polémica. La última, que el comprador no abonaba la renta de alquiler, motivo por el que se podría haber resuelto el contrato y liberar el inmueble sobre el que el Ayuntamiento tiene un enorme interés, dada la evidencia de que bajo sus cimientos está el origen del Alcázar de Sevilla .
La propiedad perteneció a la Dirección General de Patrimonio hasta abril de 2016, cuando el Ministerio de Hacienda concluyó el proceso de enajenación, alegando que la vivienda «no se considera necesaria para el uso general ni para el servicio público». Y vaya si es necesaria, no sólo por el interés científico, pues la venta impide seguir con las excavaciones arqueológicas que dirige en esa zona el profesor Miguel Ángel Tabales , sino por el estratégico, ya que se pretendía ampliar esa parte del conjunto monumental, que recibe más de dos millones de visitas al año.
La titularidad del número 11 del Patio de Banderas pasó a manos de John Andrew Mackay Adam , el mismo inquilino que había ocupado la casa desde 1962 mediante un contrato de renta antigua. Y no sólo había dejado de abonar el alquiler durante casi un año , sino que recibió un requerimiento de desahucio para abandonar la finca, como ha conocido la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) durante el procedimiento que ha iniciado para declarar nula la venta. La documentación que ha podido reunir acredita que el arrendador no hizo nada por resolver tal situación, que coincidió con la sucesiva publicación de informaciones que daban cuenta del interés del Ayuntamiento por hacerse con esta vivienda ante el hallazgo de restos arqueológicos de gran valor.
Una orden de desahucio
El juzgado de primera instancia número 22 de Sevilla reconoció una deuda de 8.375,21 euros por la que ordenó la resolución del contrato y el desalojo del inquilino en noviembre de 2015. Pero apenas un mes después sin que se llegara a ejecutar tal sentencia, el Ministerio de Hacienda, a través de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (Segipsa) le envía una nueva oferta de arrendamiento por cinco años e incluso la posibilidad de adquirir el inmueble por un precio de 682.800 euros sin reclamar impago anterior alguno.
En este punto Adepa se pregunta por el interés que existía en renovarle el contrato a un inquilino moroso y por qué se interpone una demanda para lograr el desalojo sin reclamar judicialmente cantidad alguna al deudor. Pero no es la única incógnita. Lo que más le preocupa a esta asociación es cómo se plantea la enajenación del bien, que se resuelve en apenas unos meses sin subasta ni publicación en boletín oficial alguno .
John M. Adam no esperó ni diez días para dar respuesta al ofrecimiento, optando por la compra directa, una decisión que el Ministerio ve respaldada en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas , que incluye excepciones para no recurrir a una subasta pública, como es el procedimiento habitual. Sin embargo, no llega a explicar en ningún punto qué circunstancia excepcional concurre en este caso cuando ya no existía ni siquiera un contrato de alquiler en vigor , sólo que el morador habitual había permanecido en la propiedad «como ocupante».
La adquisición se llevó a cabo según marca la norma: mediante el abono de una fianza del 5 por ciento del valor total y el posterior pago de las cantidades. Así consta en la escritura, a la que ha tenido acceso el colectivo conservacionista, pero eso no es lo que indica la nota simple que Adepa solicitó en 2018 al Registro de la Propiedad cuando se conoció públicamente que el inmueble estaba en manos privadas. El documento reconoce que la adquisición se hizo por una dación en pago sin detallar el concepto del mismo .
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas , solicitó por escrito a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , que iniciara una investigación para esclarecer cómo se produjo la venta. La intención es ver qué posibilidades hay de recuperar tan destacado inmueble, sin embargo, un año después no ha habido respuesta, como confirmaron ayer fuentes municipales. Igualmente se ha consignado un presupuesto para la compra de las viviendas 7 y 8, que son en las que se ha localizado el palacio del Al Mutamid , uno de los hallazgos más importantes.
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