Seguridad cercana a los vecinos: Espadas diseña una Policía de barrio
El Gobierno ultima un nuevo organigrama policial en el que cada intendente dirigirá una zona
La histórica promesa de la llamada Policía de Barrio , que tiene su origen en los primeros años de mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín y que fue uno de los grandes proyectos frustrados de Juan Ignacio Zoido, está, por fin, a punto de convertirse en realidad.
Esta iniciativa, que consiste en la creación de unidades que desarrollen su labor en cada distrito con el objetivo de que sus componentes tengan conocimiento permanente de los problemas habituales de cada barrio en lo relativo a la seguridad y al tráfico, está sobre la mesa desde hace más de una década sin que ningún gobierno haya sido capaz de hacerla realidad.
Montar unidades de este tipo requiere un proceso administrativo bastante complejo que comienza por la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo en el Cuerpo . El actual alcalde, Juan Espadas, lo reivindicó de manera reiterativa cuando estaba en la oposición, pero la imposibilidad legal de contratar nuevos efectivos dejó sin margen de maniobra al entonces delegado del ramo, Demetrio Cabello.
Sin embargo, el PP sí puso en marcha una unidad local de antidisturbios que fue muy criticada, ya que la prioridad en su propio programa electoral era la citada Policía de cercanía. Espadas repitió entonces una y otra vez que «la prioridad ha de ser la Policía de barrio antes que la unidad antidisturbios, ya que la primera es la que de verdad está próxima y cercana a los vecinos y comerciantes en los puntos importantes».
Por esta razón, en cuanto tomó posesión como alcalde encargó a su delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que se pusiera a trabajar en esta dirección, una labor que requería en primer lugar el consenso con los sindicatos y, posteriormente, el apoyo mayoritario en el Pleno, ya que para poner en marcha estas nuevas unidades en los distritos hay que reformar primero la citada RPT, que actualmente está plagada de irregularidades .
De hecho, esta es una de las excusas que ha utilizado el gobierno municipal para disolver el grupo de investigaciones internas Gepol. Espadas subraya que se trata de una unidad que no está incluida en la Relación de Puestos de Trabajo, sino que se montó con tres policías reclutados de otros destinos para realizar diligencias concretas.
Pero no es el único grupo que se encuentra en esta situación. Mientras la Gepol, que ha investigado el presunto amaño de las oposiciones de acceso al Cuerpo y la filtración del examen a familiares directos de agentes y responsables sindicales, ha dejado de funcionar oficialmente por esta razón, siguen en marcha otros grupos en idéntica situación, como el Giralda —la Policía del centro histórico—, el Diana —unidad de violencia machista— o la Línea Verde —grupo medioambiental—, sin que las medidas para su disolución hayan sido tan inminentes.
No obstante, el PSOE tiene la intención de regularizar estos destacamentos y atender a la exigencia que le hace el sindicato mayoritario en la Policía, Sppme. Y aprovechando esta situación pondrá en marcha también la antigua aspiración de la Policía de Barrio. Esa nueva RPT ya está diseñada a expensas de algunos flecos. En cuanto se resuelvan será presentada a los representantes de los trabajadores y se llevará al Pleno para su aprobación.
La idea que subyace en este documento es la reforma total del organigrama policial para dividir al Cuerpo por zonas de actuación manteniendo las unidades históricas, como la de Motoristas, y utilizando la actual plantilla, que cuenta con algo más de mil agentes.
La propuesta que maneja el alcalde consiste en desplegar el escalafón policial nombrando jefe de distrito a cada uno de los nueve intendentes que tiene la Policía Local en la actualidad, plazas todas ellas cubiertas por convocatoria pública.
Nervión y San Pablo se considerarán a efectos de seguridad una misma zona, al igual de Triana y Los Remedios . El resto de subdivisiones respetará el mapa oficial de distritos. Estos nueve intendentes dirigirán estos barrios con el cometido de convertirse en responsables de grupos de agentes rasos que desarrollen mayor cercanía con los vecinos, de manera que los problemas que se detecten en cada barrio se resolverán administrativamente allí mismo.
Todo ese entramado estará gobernado en una escala superior por los dos intendentes mayores que existen en la actualidad, que también se encargarán de las labores de coordinación entre las unidades especializadas y los barrios. Y la visión global del Cuerpo la gestionarán los dos superintendentes.
Uno de ellos, Juan José García, está actualmente apartado de sus funciones principales de mando por su procesamiento en la causa de las oposiciones, donde se le acusa de ser uno de los autores de la filtración y se enfrenta a una posible inhabilitación que le podría hacer perder su condición de policía. Pero la plaza no se moverá, de manera que si García la pierde volverá a ser convocada para que la cubra otra persona.
El gobierno espera que este nuevo modelo esté implantado a lo largo del próximo año, pero para ello todavía tiene que pasar varios filtros burocráticos y políticos. El documento, al menos, ya está perfilado. Y si el proyecto cuaja, la Policía de Barrio será una realidad después de al menos tres mandatos pululando de cajón en cajón y, en época de campaña electoral, de boca en boca.
