Los secretarios judiciales de Sevilla secundan la huelga nacional ante la situación «límite» del cuerpo
Los letrados de la Administración de Justicia, como actualmente se denominan, reivindican el prometido ajuste salarial después de asumir más funciones y la convocatoria de oposiciones atrasadas para aumentar la plantilla
Este miércoles estaban llamados a la huelga convocada a nivel nacional los 140 letrados de la Administración de Justicia , antiguos secretarios judiciales, de Sevilla y capital y sus pueblos ante la situación «límite» que vive este cuerpo de funcionarios.
Esta jornada de reivindicación estaba convocada por la Unión Progresistas de Letrados de la Administración de Justicia , cuyo delegado territorial es Carmelo Martín, del Juzgado de Instrucción número once de Sevilla. Piden derecho a una negociación colectiva propia como derecho fundamental; la adecuación salarial a las competencias y funciones que han ido asumiendo con las últimas modificaciones legislativas como las del Registro Civil ; el abono inmediato de los retrasos reconocidos y que, únicamente, se acepta como pago parcial de la adecuación salarial a que obliga la Ley; restablecimiento del Real Decreto 101/19 regulador del régimen de sustituciones voluntarias del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia; y la inmediata regulación y fijación del complemento salarial a abonar a los nuevos encargados del Registro Civil.
Por último, solicitan un impulso a la convocatoria regular de oposiciones al Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia. En Sevilla, según Carmen Martín, harían falta un 30 por ciento de la plantilla actual.
La jornada de huelga se ha hecho visible con una concentración en las puertas del Palacio de Justicia de Sevilla, sede de la Audiencia, donde se han reunido una treintena de profesionales. Según Carmelo Martín, la convocatoria de paro la han secundado un 50 por ciento de la plantilla activa, mientras la coordinadora de los letrados en Sevilla habla de un 30 por ciento.
Se han suspendido juicios civiles, penales y sociales, además de juicios por delitos leves. Además, se han suspendido declaraciones en macrocausas como los ERE.
Este cuerpo de fedatarios públicos judiciales , cuya labor es imprescindible para el desarrollo de los procedimientos, reclaman al Ministerio de Justicia que se siente a negociar con ellos y asuma los compromisos asumidos hace ya nueve años, como la adecuación salarial. Un letrado de la Administración de Justicia de un pueblo, con siete años de experiencia, sin contar guardias ni trienio, cobra 1.700 euros al mes.
«No se puede practicar ninguna actuación judicial sin el letrado» , señala Carmelo Martín. A esta función habría que sumar las que por ejemplo realizan en los juzgados de Primera Instancia o Social, como la admisión de demandas, subastas de inmuebles, organización del trabajo, embargos, etc., como indica Rosario Lobillo, letrada de la Administración de Justicia en el Primera Instancia número 27 de Sevilla.
En el caso de los pueblos, los antiguos secretarios judiciales, al ser jurisdicciones mixtas, hacen las labores de los juzgados civiles, penales, registro civil o violencia de género. «Nos han atribuidos más funciones y responsabilidades con la promesa de un ajuste de salario que, nueve años después, no se ha hecho efectivo. Estamos indignados «, según Carmelo Martín.
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