Justicia
Una sala penal del TSJA en Sevilla no tendría coste añadido pese a lo que dice la Junta de Andalucía
Desde el CGPJ aseguran que el gasto es el mismo que si esa sección se queda en Granada
Desplazar una sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a Sevilla, como aprobó el Alto Tribunal andaluz, no supondrá un coste añadido tal y como argumenta la Junta de Andalucía, que rechaza el desplazamiento. Pese a que el consejero de Justicia, Emilio De Llera, había insistido en el coste de ese desplazamiento, desde el Consejo General del Poder Judicial recalcan que la ubicación de esa sala en Sevilla tendrá el mismo coste que supondrían esos magistrados en Granada como quiere el presidente del TSJA, Lorenzo del Río.
Fuentes del CGPJ aseguraron ayer que el coste es el mismo pues ya existe la previsión de crear esas seis plazas de magistrados nuevas de las que tres serían para la sala desplazada de Sevilla y otras seis para Málaga. De hecho, el «Informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se hace efectiva la implantación de la segunda instancia penal» que aprobó el pasado mes de marzo el Consejo General del Poder Judicial, habla de la creación de esas plazas.
Por ello, desde el máximo órgano de poder de los jueces aseguraban que al Gobierno central (el que asume el coste de los jueces previamente aprobados por el CGPJ) tendrá que asumir el coste de esos seis jueces nuevos y los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales) que hagan falta independientemente de que éstos trabajen en Granada, en Sevilla o en Málaga. «No implica ningún exceso de gasto», recalcaban desde el CGPJ. Y en cuanto a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en materia de medios judiciales, el coste de los funcionarios que haya que asignar será mismo que si se ubican en Granada.
Pero, por encima de la cuestión económica, lo que ha llevado al TSJA a aprobar la creación de esas salas es la necesidad de acercar la Justicia al ciudadano. De hecho, en el acuerdo que se aprobó en la sala de gobierno del Alto Tribunal andaluz (al que se opuso su presidente Lorenzo del Río) así se indicaba. En ese acuerdo hablaba de «la necesidad de mantener la Administración de Justicia en un plano de cercanía geográfica al ciudadano y a los profesionales vinculados a ella; en la legítima expectativa profesional de aquellos magistrados destinados en lugares distantes a la sede de Granada que, por el contrario, están cercanos a las sedes de Málaga o de Sevilla».
En esto coinciden la mayoría de las fuentes consultadas que argumentan que para los recursos que presenten desde Cádiz o Huelva (además de los de Sevilla) no es lo mismo acudir a la capital hispalense que tener que desplazarse hasta Granada . «Son casi 500 kilómetros ir y venir a Granada», decía ayer un magistrado sevillano.
En esta misma línea se mostró ayer el abogado del Estado, Pedro Luis Serrera Contreras, quien desde una tribuna en ABC defendía la necesidad de que la sala de lo penal del TSJA se ubique en Sevilla pensando «en el interés del ciudadano». Serrera Contreras aseguraba que ese desplazamiento «no significa en modo alguno desconocer los méritos históricos que se dan en la Real Cancillería de Granada».
En este sentido, el abogado del Estado relataba que el interés debe ser «el de acercar la Justicia al justiciable» y que ello se lograría con esa desconcentración que considera correcta. «Lo contrario significaría una masificación de asuntos en una sola localidad y sobre todo alejar la sede de la justicia de los que han de beneficiarse o someterse a ella».
Y sostenía el abogado del Estado que, en una comunidad tan extensa como Andalucía , «que haya que irse a Granada para asuntos de Ayamonte o Isla Cristina cuando de estas localidades Sevilla está infinitamente más cerca... no cuadraría con ese principio tan fundamental de acercamiento de la Justicia al justiciable».
El desplazamiento de esta sala provocó que el Parlamento de Andalucía aprobara el pasado jueves una declaración institucional en defensa de la capitalidad judicial de Granada. Fue una iniciativa que se aprobó por unanimidad y que, por tanto, contó con el apoyo de todos los grupos. Ayer ABC intentó recabar opiniones de los principales partidos, PP y PSOE. No fue posible. Prefirieron remitirse a la citada declaración institucional. Y, desde el grupo socialista recordaban también que hubo la misma unanimidad cuando hace un año el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción a propuesta de los socialistas para poner en marcha esa sección penal en Sevilla que defiende incluso el alcalde JuanEspadas.
Esto pondría de manifiesto una contradicción ya que desde ambos grupos, al igual que desde Ciudadanos o Podemos, votaron en el Ayuntamiento de Sevilla a favor de esa sala , y luego, en la cámara autonómica, se mostraron a favor de la capitalidad de Granada.
En cualquier caso, otras fuentes manifiestan que esa sala no implica la pérdida de esa capitalidad. El Estatuto de Autonomía en su artículo 4 establece que la sede del TSJA es la ciudad de Granada «sin perjuicio de que algunas salas puedan ubicarse en otras ciudades de la comunidad autónoma».
Además el CGPJen su informe sobre la segunda instancia recalcaba la necesidad de crear esas dos salas de apelación y que se desplazasen permanentemente a Sevilla y Málaga. Porque, según el CGPJ, «permitiría establecer la correspondiente simetría con la situación de las salas de loContencioso Administrativo y de lo Social y atender a las peculiaridades derivadas de la extensión del territorio». Es decir, se recordaba que en Sevilla funcionan hace años salas de esos otros órdenes sin que ello pusiera en cuestión la capitalidad judicial de Granada.
Al fin y al cabo, la sala penal serviría para que los ciudadanos puedan acudir a la llamada segunda instancia, que otorga posibilidad de recurrir las sentencias de las audiencias provinciales ante el TSJA en lugar de acudir directamente al Supremo.
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