TRIBUNALES
Retrasan al jueves el inicio del juicio por estafa contra José Salas
La Fiscalía pide para él 13 años de cárcel por delitos societario, insolvencia punible y estafa
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El juicio por estafa y delito societario al dueño de la empresa Consta, José Salas Burzón, -para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel- se ha retrasado de hoy al jueves de esta semana por el fallecimiento del padre del fiscal, según fuentes jurídicas consultadas por ABC. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla fijó el juicio contra el dueño de Contsa y contra su exmujer, María del Carmen Bautist a, -que se enfrenta a una pena de seis años de prisión-, para los días 16, 17, 23, 24 y 30 de noviembre, y 1, 14, 15, 21 y 22 de diciembre. Las sesiones de hoy y mañana se retrasarán al próximo jueves y viernes,, 19 y 20 de noviembre. La magistrada ponente en el juicio será la juez Mercedes Alaya.
La Fscalía pide 13 años de cárcel por delitos societario, de insolvencia punible y de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil en relación a la quiebra de su empresa, que fue declarada en concurso con 1.658 acreedores y un déficit patrimonial de 87 millones de euros.
La Fiscalía de Sevilla pide para el acusado tres años de cárcel y una multa de 7.200 euros por un delito societario; siete años de prisión y multa de 9.000 euros por el delito de estafa en concurso con falsedad en documento mercantil, y otros tres años y multa de 14.400 euros por el delito de insolvencia punible.
De su lado, solicita para su exesposa cuatro años de prisión y una multa de 9.000 euros como cooperadora necesaria del delito de estafa, y dos años de cárcel y multa de 14.400 euros como autora de un delito de insolvencia punible.
En octubre de 2014, la juez de lo Penal número 10 de Sevilla ya condenó a José Salas a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda, mientras que absolvió a su exmujer.
La petición de la Fiscalía
En su escrito de acusación, el Ministerio Público pone de manifiesto que el acusado, que estuvo casi dos años en prisión por estos hechos, «movido por el deseo de captar inversores y para aparentar una solvencia de la que carecía frente a terceros, principalmente frente a inversores, acometió un fuerte aumento de capital social, siempre ficticio y que no respondía a la realidad».
Así, señala que, «ante la inminente insolvencia de seguir pagando los intereses de los inversores en la sociedad, comenzó a ofrecer» a éstos «la conversión de sus créditos o parte de los mismos en acciones sin voto» de la sociedad, «logrando convertir en accionistas a 433 acreedores». Así, ofrecía créditos de vencimiento anual retribuidos a tipos que oscilan entre el 5 y el 45 por ciento.
«De esta guisa, la sociedad gestionada de forma personal por el acusado continuaba su devenir en una suerte de huida hacia delante, donde los intereses procedentes de anteriores se solventaban con nuevos créditos en inversiones», de manera que los intereses devengados por la sociedad ascendían, «al menos», a 20 millones de euros anuales.
Al hilo, asevera que, ya a finales de 2007, «la insolvencia de la sociedad era evidente, teniendo un pasivo de 86 millones», a pesar de lo cual el imputado "continuó captando clientes bajo la supuesta existencia de una empresa saneada·, todo ello hasta que dos acreedores solicitaron al Juzgado de lo Mercantil número 1 el concurso de acreedores de la sociedad.
Concurso de acreedores
«Conocedor de esa solicitud», José Salas «presentó solicitud de concurso voluntario, alegando dificultades de tesorería de forma puntual, debido principalmente a la coyuntura económica e inmobiliaria del país». Según el fiscal, en esta solicitud «y entre otras mendacidades», el dueño de Contsa incluyó sólo a 609 acreedores por un pasivo total de 49 millones de euros.
No obstante, sostiene el fiscal, «la realidad era que la sociedad contaba con unos 1.600 acreedores, de los que más de 1.000 no figuraban en la contabilidad de la empresa ni en la relación presentada ante el Juzgado Mercantil en el proceso concursal», señalando que, «tras la totalidad de acreedores tras las diversas reclamaciones concursales», los acreedores ascienden a 1.658.
En los 40 folios que componen su escrito de acusación, el fiscal agrega que estos acreedores «tan sólo constaban en una lista paralela o B que manejaba el acusado».
De su lado, el dueño de Contsa ha negado haber cometido una estafa piramidal y ha solicitado su libre absolución, todo ello en un escrito de defensa en el que solicita que en el acto del juicio declaren como testigostodas y cada una de las acusaciones, que se elevan a 175.
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