Los representantes de la plantilla de la Hispalense piden dimisiones tras la condena del catedrático

La sentencia condenatoria al catedrático de la Universidad de Sevilla (US) sigue generando reacciones. La última viene de la propia institución mediante un comunicado conjunto que firman la junta de personal y el comité de empresa, que califica de «muy deficiente» la respuesta que ha tenido la US desde que estalló el escándalo con la denuncia de las tres víctimas y piden la apertura de una investigación interna y varios ceses inmediatos en la facultad donde ejercía hasta hace unos días el condenado.

Sobre la actuación que ha tenido la Universidad en todo el proceso, desde que se denunciaron los hechos a finales de 2010 hasta que se dictó la sentencia hace unos días, los representantes del personal docente e investigador denuncia «que no se tomó ninguna medida hasta que se convocaron dos concentraciones y se hicieron públicos varios comunicados sindiciales exigiendo medias cautelares para evitar que continuaran los abusos».

La junta de personal y el comité de empresa advierten que el catedrático sí pudo ser suspendido , «como se exigió reiteradamente desde las denunciantes y los sindicatos. Además se le concedió un año sabático al abusador y se dividió el departamento de Educación Físical y Deporte, de manera que el abusador siguió manteniendo su posición de poder y campando a sus anchas».

Esta versión difiere de la que dio en rueda de prensa el rector de la US, Miguel Ángel Castro, que defendió esa escisión del departamento como una forma de actuar para alejar a víctimas y agresores. Sobre el procedimiento sancionador , Castro aseguró que al elevarse a la Justicia se suspendió automáticamente el expediente y no se pudo actuar en contra del docente desde la esfera universitaria.

Fuentes jurídicas ya explicaron a ABC que la universidad pudo suspender de manera cautelar al profesor nada más abrir el expediente. Sin embargo, prefirió elevarlo de un día para otro a la Justicia sin adoptar ninguna medida cautelar e inhibiéndose en un sistema judicial que ha tardado seis años en dictar su primera sentencia, que no será la única. La defensa de Santiago Romero ya ha anunciado que no aceptan el fallo del juez de lo Penal y acudirán a la Audiencia Provincial.

Los órganos sindicales de representación de la plantilla exigen que se abra una investigación interna «para averiguar qué falló y se depuren las responsabilidades políticas pertinentes». Aunque de manera inmediata exigen los primeros ceses: el del actual decano de la facultad de Ciencias de la Educación y del director de departamento.«Lamentamos, igualmente, el encubrimiento, el silencio y el apoyo que el abusador ha estado recibiendo durante años de docentes, cuando se era consciente de sus prácticas despóticas y abusivas ». Una cooperación para aislar a las víctimas, que fue destacada por el juez en su sentencia.