El recorte de veladores de Sevilla, a los tribunales

Los hosteleros de Sevilla llevarán a los tribunales el inminente recorte de veladores si el Ayuntamiento de Sevilla no acepta sus alegaciones y sigue adelante con sus planes que prevé para las avenidas de la Constitución, la calle San Fernando y La Campana. Después de que el pasado viernes el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia, Pablo Arenas, entregara en la Gerencia de Urbanismo el documento de sus alegaciones en el que se oponen frontalmente a un recorte que consideran injustificado y carente de una base legal, los abogados de los empresarios del sector ya se preparan para dar el siguiente paso:un recurso en los tribunales.

Vanessa Villegas, del bufete Sanguino Abogados que se ha encargado de redactar el pliego de alegaciones, anunció ayer que, a la espera de que Urbanismo se pronuncie sobre su reciente escrito, si no se tienen en cuenta sus reivindicaciones, acudirán al juzgado. Es decir, si el Ayuntamiento aprueba definitivamente el plan (algo que debería ocurrir de forma inminente si la idea es que la reducción de veladores comience a primero del año 2017) presentarán un recurso en los juzgados. Será, según la letrada Vanessa Villegas un recurso contencioso administrativo contra el acto de la resolución del Ayuntamiento que apruebe el citado plan de reordenación que incluya el recorte de los veladores.

Aunque normalmente los órganos contencioso administrativos se demoran mucho en la resolución de este tipo de conflictos y más aún si en lugar de en un juzgado el escrito va a parar finalmente a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el recurso llevaría aparejado una petición de paralización de la norma. Esto es, los letrados de Sanguino Abogados solicitarán también que, como medida cautelar, se paralice la orden de reordenación hasta que se resuelva el recurso por parte de los tribunales.

Ese recurso se basará básicamente en las mismas tesis que les han llevado a pronunciarse en contra de los planes municipales y que plasmaron en sus alegaciones: que el recorte no estaba ni justificado ni motivado y que contradice sus propias normas urbanísticas. E incluso lo comparan con un proceso de reordenación similar que se ha llevado a cabo en Alicante ya que, según los abogados, mientras que en Sevilla desde el propio Ayuntamiento se justificaba el plan en «criterios de oportunidad y conveniencia » en la otra ciudad se basaron en que la ordenación venía recogida en sus propias ordenanzas que incluía un plan de reforma de veladores.

Sin embargo en Sevilla, según insiste Villegas, cuando el Ayuntamiento considera que una zona está físicamente saturada, lo primero que tiene que hacer es acotar esa zona, algo que no ha hecho. Luego dar a los hosteleros la posibilidad de alegar y, finalmente, modificar el catálogo de espacios urbanos protegidos (incluido en el PGOU). Ese mismo catálogo consideraba «admisible» el uso de los veladores tanto en la avenida de la Constitución como en La Campana y «preferente» en la calle San Fernando. Por tanto, esa reducción, iría en contra de sus propias ordenanzas, a juicio de los abogados de los hosteleros.

Con todo, los argumentos de ese posible recurso se basarán en primer lugar en que las razones que han llevado al Ayuntamiento a emprender la reducción de terrazas no están justificadas legalmente porque no se modificó el catálogo ni la normativa del año 2013 que sigue en vigor y que, cada vez que se ha otorgado una nueva licencia de veladores, han sido los propios técnicos de Urbanismo los que han comprobado que se estaba respetando la legalidad.

Y, en segundo lugar, que el procedimiento no era el que marcaba la ley porque no se han acotado zonas como físicamente saturadas además de insistir en recordar que el Defensor del Pueblo advirtió al Ayuntamiento de que debía de hacer cumplir sus propias ordenanzas. Y a ello unirán también el quebranto económico que supondrá para los empresarios el recorte de esos veladores para los que llevaron a cabo una inversión y las posibles consecuencias para la economía de la provincia. Ellos calculan que esa reducción puede suponer la pérdida de 6.000 puestos de trabajo.

A la espera de que el Ayuntamiento de Sevilla cambie su postura , los abogados de los hosteleros se preparan para ir más allá y dejar en manos de los tribunales la decisión final.