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El PP urge a que el Ayuntamiento de Sevilla reforme el ICAS tras la condena por cesión ilegal de trabajadores
El TSJA obliga a readmitir a una auxiliar como indefinida y habrá que modificar el presupuesto para pagarle los retrasos. El gobierno local recuerda que el fallo alude a «decisiones previas a 2016»
El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla urge a reformar el ICAS después de haber sido condenado por cesión ilegal de trabajadores y obligado a readmitir a una auxiliar administrativa como trabajadora indefinida. Así, el portavoz municipal popular, Beltrán Pérez , ha explicado que «la trabajadora estaba contratada por un empresario interpuesto para la gestión de la venta de entradas de espectáculos o actividades organizadas por el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, el ICAS, y fue despedida estando embarazada con fecha de 15 de julio de 2016».
Tras sucesivos recursos de la trabajadora, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 16 de septiembre de 2020 declara que, en el despido nulo de la trabajadora llevado a cabo por la empresa interpuesta, concurrió cesión ilegal de trabajadores y dado que la trabajadora había optado por la readmisión, se condena al ICAS a readmitir a la auxiliar administrativa . Como consecuencia, el consejo de administración del ICAS, que tendrá lugar el 24 de mayo, aprobará, para su posterior elevación al pleno municipal, una modificación del presupuesto de 2021 por importe de 72.766 euros para poder pagar los salarios dejados de percibir por esta auxiliar administrativa desde el día siguiente a la fecha de su despido hasta su readmisión el 15 de febrero de 2021.
Pérez ha recordado que «ya con fecha de 28 de enero de 2021, la Intervención General del Ayuntamiento de Sevilla había advertido al ICAS de la necesidad de modificar los estatutos del Ente, de crear la plaza en la plantilla del ICAS y del puesto de trabajo en cuestión en la Relación de Puestos de Trabajo del mismo organismo, por los procedimientos legalmente establecidos, unos procedimientos que no se llevaron a cabo». De hecho, como señala la propia Intervención General, «la necesaria ejecución de la sentencia obliga a la administración del ICAS a la incorporación de la trabajadora sin haber realizado los trámites necesarios y se ha producido en el presente supuesto una demora en la ejecución de la sentencia, que exige ahora medidas urgentes y extraordinarias para el acatamiento de la misma».
«Caos» en el ICAS
«Se trata de un caso más que demuestra que el ICAS es un caos. Esta condena es un ejemplo más de la necesidad de reestructuración total del Instituto de la Cultura del Ayuntamiento de Sevilla y de la incapacidad de su responsable, Antonio Muñoz, de acometer su reforma, que viene prometiendo desde hace más de cuatro años», ha destacado Pérez. Recientemente, desde el Grupo Popular se denunció el anuncio del nuevo director del teatro Lope de Vega, dos meses antes de que concluyera el proceso de selección. Además, la designación fue aprobada con un informe en contra de la Intervención General, porque no había figura creada para el director del teatro Lope de Vega. Es decir, la figura se creó a posteriori a la elección porque no había puesto directivo para el director. De hecho, la junta de gobierno local del 22 de diciembre de 2020 tuvo que aprobar una nueva estructura directiva del ICAS, que incluía la dirección del Lope de Vega y eliminaba la figura del director de la Bienal de Flamenco. Después, con fecha de 18 de enero de 2021 se suscribe el contrato de alta dirección entre el delegado de Cultura, Antonio Muñoz , y el nuevo director del teatro.
«A este desastre de gestión política del ICAS se suman los continuos reconocimientos extrajudiciales de créditos, por valor de cientos de miles de euros que vienen caracterizando la gestión socialista de la Cultura, que marcó ya el mandato de Juan Espadas de 2015-2019, y que se está haciendo patente también en el presente mandato 2019-2023», ha señalado Pérez. Cabe recordar, en este sentido, cómo incluso se tuvieron que utilizar los plenos extraordinarios celebrados durante el periodo de confinamiento de 2020 «para pagar enormes cantidades de deudas pendientes desde hacía años por parte del ICAS con todo tipo de empresas culturales de la ciudad». Al pleno de este viernes, concretamente, se llevan también seis expedientes de reconocimientos de créditos por prestación de servicios por un importe total de 45.352 euros. «Todo ello da idea de la ineficaz gestión política de este organismo», se subraya desde el PP.
Decisiones «previas a 2016»
Desde el gobierno local socialista, por su parte, se ha recordado al PP que la sentencia conocida ahora sobre el ICAS «hace referencia a hechos y decisiones adoptadas antes de 2016, es decir, incluido el mandato del Partido Popular entre 2011 y 2015». Desde el gabinete de Espadas se ha explicado que se trata de una sentencia vinculada a la situación que tenía esta trabajadora hasta 2016 y que en ese momento «se regularizó el servicio». Pero ella denunció por la relación laboral que tenía con el ICAS entre 1986 y 2016. En ese momento se arregló y se licitó y adjudicó el servicio, resolviéndose la situación. El juzgado entiende que fue irregular la coyuntura laboral de la afectada, pero hasta 2016, no después .
El propio concejal Muñoz ha destacado que «el gobierno municipal, en el mandato anterior, fue el primero en sacar a licitación pública el contrato de taquillas del ICAS que se adjudica en 2016, ya que antes se habían producido sucesivas prórrogas del contrato inicial, formalizado en 1986», que es el que da origen a la sentencia. «Cabe preguntarse qué hizo el Gobierno del PP, al que pertenecía Beltrán Pérez, para dar solución a una situación que ahora la sentencia tilda de irregular», ha añadido Muñoz, quien ha asegurado que el Ayuntamiento acatará la sentencia asumiendo que la responsabilidad es de la gestión de años anteriores a la llegada de Espadas . En este sentido, Muñoz ha señalado que fue el 9 de agosto de 2016 cuando se adjudicó a una nueva empresa el contrato de taquillas, un contrato que sale a licitación de manera periódica por parte del ICAS.
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