Compra de votos

El PP presenta hoy la querella por la compra de votos del PSOE en Huévar

La alcaldesa llevará a la Fiscalía la documentación encontrada en el Ayuntamiento junto a una trituradora estropeada de tanto uso

La alcaldesa de Huévar, Eugenia Moreno, con la trituradora M.B.

Mercedes Benítez

El Partido Popular presentará este viernes en la Audiencia de Sevilla su denuncia sobre la supuesta compra de votos en Huévar. L a alcaldesa de Huévar, la popular María Eugenia Moreno , acudirá hoy a los tribunale s a hacer entrega de la documentación que encontró cuando llegó al Ayuntamiento el pasado mes de junio sobre el intento por parte del PSOE de perpetuarse en el poder mediante la compra de votos a vecinos del pueblo.

La alcaldesa e ncontró en un rincón de su despacho una trituradora que estaba estropeada de tanto uso como le habían dado y numerosos papeles . Entre la documentación habría papeles sobre el «Plan 1.000« con el que el PSOE pretendía llegar a los votos necesarios para revalidad la mayoría absoluta en las elecciones municipales. Junto a la alcaldesa acudirá al juzgado a presentar la denuncia la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.

El PP encontró en el Ayuntamiento del Aljarafe sevillano decenas de cajas con documentación municipal preparadas para ser sacadas del Ayuntamiento además de otros con obsequios para militantes del PSOE. Entre esas cajas también se encontraron datos de que en el año 2002 el Ayuntamiento pagaba carteles para mítines del PSOE.

Los populares dan el paso de entregar la denuncia después de que la Fiscalía de Sevilla anunciara a ABC que abrirá una investigación sobre la presunta compra de votos por parte del PSOE en Huévar del Aljarafe en cuanto reciba una denuncia formal.

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, aseguró que incoará diligencias sobre ese caso en el momento que reciba una denuncia con «hechos concretos» sobre el escándalo.

Los hechos podrían encajar en un delito electoral, tipificado en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que prevé penas de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses para «quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención».

Igualmente se tipifica como delito electoral aquellas conductas de quienes «con violencia o intimidación presionen sobre los electores para que no usen de su derecho, lo ejerciten contra su voluntad o descubran el secreto de voto».

La alcaldesa ha encargado recientemente un auditoría para conocer los datos concretos de la deuda municipal ya que estima que la deuda contraída por las anteriores corporaciones supera los 30 millones de euros.

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