El PP pide imputar al diputado socialista Sánchez Teruel en el caso Marismas
La Guardia Civil atribuye al secretario del PSOE de Almería cinco delitos por sus actuaciones como director general de Regadíos de la Junta en el proyecto de modernización de la marisma sevillana
El juez de instrucción número 16 ha retomado las diligencias del llamado «caso Marismas» , en el que se investiga el posible amaño del concurso que organizó la Junta de Andalucía para la modernización de las infraestructuras de la Comunidad de Regantes del Guadalquivir y el desvío de fondos comunitarios inflando facturas, y ha citado a declarar a varios de los implicados, pero ha dejado sin efecto la citación al actual secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel , porque al ser diputado andaluz está aforado. La Guardia Civil le atribuye delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude y exacciones, coacciones y, sobre todo, pertenencia a grupo criminal por su participación en este caso como director general de Regadíos de la Junta de Andalucía.
Según la Oficina Antifraude de la Unión Europea se desviaron fondos comunitarios por valor de más de cuarenta millones de euros en un proceso que se inició con el supuesto amaño del concurso de adjudicación del proyecto y continuó con la falsificación de las certificaciones para justificar ante Bruselas unos gastos que en realidad no se habían producido. De hecho, los informes periciales de la empresa Ayesa y de la propia Guardia Civil acreditan que después de dilapidar todo el dinero que costaba la obra, 63 millones de euros , ésta sólo está ejecutada al 70 por ciento.
Ante esta situación, el PP presentó ayer un escrito al juzgado solicitando que « se proceda a la citación de José Luis Sánchez Teruel a fin de que sea instruido de los derechos que le asisten, dada su condición de investigado en la presente causa. Se trata de un formalismo para reclamar el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , que es el competente, y que no se ralentice la investigación.
Como adelantó ABC, la Guardia Civil sostiene que la Junta de Andalucía presionó para amañar el concurso que adjudicó el proyecto a la empresa Befesa y luego realizó presiones para que las certificaciones se inflaran con el objeto de que no se perdieran los fondos europeos. El primer gerente de la UTE que realizó las obras declaró a los agentes que se pagaron casi nueve millones de euros en una primera certificación sin que se hubiera puesto un solo ladrillo . «Se realizó una operación para enmascarar tres millones de euros en una certificación, metiendo 1,5 como acopio de materiales y el resto como avales», todo ello por orden de Sánchez Teruel, según este testigo.
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