CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Porras Nadales: «Fue un error que Andalucía copiara el estatuto de autonomía catalán»
«Hay que eliminar los privilegios fiscales de País Vasco y Navarra porque violan los principios de igualdad y solidaridad»
El escritor y profesor Antonio Porras Nadales nació en 1952 en el Protectorado español de Marruecos, donde su padre era funcionario. Allí vivió hasta los 12 años, cuando se trasladó a la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache, cursando estudios en el instituto San Isidoro. Su carrera profesional ha transcurrido siempre en la Universidad de Sevilla, donde ganó la cátedra de Derecho Constitucional en 1990. A diferencia de su homólogo Javier Pérez Royo, no ha tenido inquietudes políticas, entre otras cosas porque considera que «los profesores de Derecho Constitucional deberíamos ser un poco como los jueces y tener prohibido militar en ningún partido».
El Tribunal Constitucional ha anulado la resolución de independencia del Parlamento catalán . ¿Y ahora qué?
—Probablemente los catalanes sigan con su diálogo de sordos y perdidos en su propio laberinto. Habrá que ver cómo salen del lío en el que ellos mismos se han metido y tendrán que hacerlo aunque sea pegándose bofetadas para despertar de la pesadilla en la que han entrado. En el marco constitucional no es posible la independencia de Cataluña de ninguna manera.
—Rajoy ha dicho que la Ley es la Ley y se cumple ¿Qué debe hacer el Gobierno central en estos momentos?
—Lo que ha dicho Rajoy es un postulado elemental de un estado de Derecho, algo que nadie puede discutir porque sería entrar en un estado de salvajismo y salir del orden civilizado. El Gobierno tiene algunos instrumentos constitucionales, que se supone que los usará con razonable prudencia, como está haciendo hasta ahora.
—Mas y Junts Pel Sí anuncian que no respetarán la sentencia del TC. ¿Es el momento de aplicar el artículo 155 de la Constitución?
—Ese artículo forma parte de la Constitución y no supone mandar a los tanques de la división acorazada Brunete.
Su aplicación permitiría establecer una autoridad del estado español en Cataluña para decidir determinadas cuestiones, aunque en este momento tenemos un Gobierno en funciones que no debe tomar decisiones especialmente graves. Estamos en una coyuntura delicada.
—¿Ese artículo supondría suspender la autonomía catalana?
—No, porque en Cataluña la sanidad, las carreteras y otros servicios están funcionando correctamente.
—¿Podría el Gobierno central cerrar el Parlamento catalán?
—Podría plantearse en una hipótesis extrema o simplemente anular determinadas decisiones del Parlamento.
—El PP ha reformado la Ley del TC para poder suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplan sus sentencias. ¿Era necesario?
—A lo mejor era conveniente a la vista de que algunas decisiones del TC estaban interpretándose en clave declarativa. Pero el problema no es del TC sino de quien no cumple las sentencias.
—El TC puede suspender al infractor en el ejercicio de su cargo si no cumple esta sentencia, por lo que podría remover a Mas como presidente ¿Sería una decisión explosiva?
—No. Una persona se cambia por otra y las instituciones siguen funcionando.
—Veinte días han bastado para que el TC liquidara la iniciativa independentista, cuando tiene pendiente desde hace años recursos sobre la Ley del aborto o la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.
—El TC suele dejar enfriar los asuntos graves o de relevancia para evitar la contaminación del medio, pero esa estrategia no es quizá la más idónea para el buen funcionamiento del ordenamiento, ya que se quedan cosas desfasadas. La justicia española funciona bien pero con lentitud. Debe ser un pecado nacional.
—¿La solución es la autodeterminación mediante un referéndum, como sucedió en Quebec o Escocia?
—No porque si sale que «no», volverían a convocar otro referéndum a los dos años y así sucesivamente hasta que salga «sí». Aquí el único que referéndum que cabe es el de todos los españoles. Si se quiere hacer un referéndum al estilo canadiense se deben hacer con las garantías que tiene establecidas el sistema constitucional canadiense, de mayorías cualificadas, de preguntas claras... no de convocatorias mas o menos tramposas y confusas, como se ha hecho hasta ahora.
—¿Qué solución ve para Cataluña, que está fracturada social y políticamente?
—Esa fractura la ha provocado una parte de la sociedad y política catalana, que no es la mayoría. Que todo un sistema de un estado deba girar en torno a una minoría es una inversión de la lógica democrática. Las minorías no pueden condicionar al conjunto. A mí me parece que detrás de toda historia catalana hay un intento de presión de una zona rica por consolidar privilegios, sobre todo fiscales al estilo vasco y navarro, pero se está enmascarando con temas de identificación, catalanismo y otra cosas. Al final de lo que se trata es de trincar más, que es lo que ellos desean, pero a costa de los pobres. La igualdad y la solidaridad en un estado como el español no se debe romper no sólo porque sea un estado de derecho, sino porque a veces se olvida que el estado español se define en la Constitución como estado social y democrático de derecho. Social quiere decir que igualdad y solidaridad son valores superiores que no pueden ser violados por determinadas minorías privilegiadas.
—¿Se puede resolver este problema sin tocar la Constitución?
—Debería porque no deberían introducirse privilegios en las constituciones. Lo que habría que hacer es quitar los privilegios forales vasco y navarro.
—¿Debe modificarse puntualmente la Constitución para otras cuestiones?
—El 90% de las cuestiones para las que se pide reformar la Constitución se pueden hacer reformando las leyes. Los fundamentos de la Constitución sí son válidos, aunque de vez en cuando las constituciones tienen que resetearse, modernizarse, actualizarse... sobre todo teniendo en cuenta que hemos pasado etapas largas y duras de mucho corrupción política y sería necesario que ciertos órganos independientes y de control se reforzaran. Los órganos que están compuestos por cuotas políticas no están cumpliendo con su función.
—Ciudadanos plantea la supresión del TC por su politización.
—La petición de C’s me parece un poco excesiva, aunque es cierto que el prestigio científico académico del TC que tenía en los años 80 y 90 no es el mismo que tiene ahora, lo cual es lamentable y desgraciado, aunque a lo mejor se lo ha ganado a pulso.
—Pedro Sánchez plantea modificar el artículo 135 que limita el déficit para garantizar una estabilidad financiera, algo que fue una iniciativa de Rodríguez Zapatero.
—Se ha creado un poco de mala conciencia interna con ese artículo. A los expertos, sin embargo, no les parece extraño porque somos parte de Europa y con él respondemos en clave financiera ante Europa.
—¿Hay que suprimir el Senado?
—El Senado no es más que una cámara de reflexión, para dar una segunda vuelta a las leyes, lo cual no es malo pero ¿su coste lo justifica?
—¿De qué sirvió aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía en Andalucía en 2007 si no se cumple?
—El proceso autonómico español se desorientó porque siguió la estela catalana, montada sobre un proyecto de egoísmo colectivo de la minoría catalanista. Cometimos el error de imitarlo. Es como si un amigo tuyo se tira por el precipicio y todos empezamos a tirarnos. Era correcto renovar un poco los estatutos pero ha sido un auténtico error diseñar estatutos a imagen y semejanza del catalán, que plantea una pseudo constitución encubierta. En cuanto a la renta básica se definieron un conjunto de derechos sociales, como un maná del cielo, sin caer en la cuenta de que los soportes de garantía ni siquiera estaban en manos de la propia comunidad autónoma. Parece que hemos entrado en una especie de sueño colectivo equivocado, imitándonos unas comunidades a otras.
—¿Deberían volver al Estado algunas competencias?
—Creo que sí, como justicia... porque hay datos negativos de su funcionamiento. Debería analizarse el funcionamiento de determinadas políticas en cada autonomía para decidir qué debe pasar al Estado, aunque plantear eso ahora es una utopía porque pensamos que lo autonómico es positivo por el simple hecho de ser autonómico, aunque algunos que investigamos esto nos damos cuenta que no es así.
