EL REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL SE JUBILA
«A los políticos no les interesan los jueces independientes»
Antonio Reinoso y Reino dice que la Ciudad de la Justicia es «todo humo»
El representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental y Ceuta, y presidente de la Sala de lo Social del Tribual Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla se jubila en diciembre no sin antes hacer un repaso de las luces y sombras de su oficio.
Desde 1972 que ingresó en la Administración de Justicia han pasado 43 años y ahora se va con la espina de que la situación de la Justicia no ha mejorado, es más, que incluso ha empeorado.
Dice que es lamentable que los políticos intenten influir en el ánimo de los jueces e, incluso, en sus resoluciones, y que no se despolitice el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y se doten de medios humanos y materiales a los órganos judiciales. Como consecuencia el retraso en la resolución de los asuntos es extraordinario e «insoportable».
Le ha quedado por ver que se haya potenciado la independencia del Poder Judicial y que se considere realmente como el tercer poder, no de nombre, sino de hecho.
En su opinión «justicia tardía no es justicia plena y satisfactoria» y explica que la problemática del retraso es compleja, ya que depende en gran medida de la propia legislación, y más concretamente de las leyes procesales, pero también de la falta de jueces, cuyo número es imprescindible aumentar, y de la falta de personal y de medios materiales.
Según señala, «mientras esto no se realice la justicia seguirá siendo lenta, porque los jueces por si mismos no pueden hacer más de lo que hacen, y mucho me temo que la falta de voluntad política para arreglarlo continuará en el futuro. La justicia rápida y un Poder Judicial plenamente independiente, no interesa a la clase política».
En cuanto a la falta de medios humanos y materiales destaca que propicia el retraso y las considerables consecuencias económicas y de todo tipo que ello conlleva y urge la modernización de los órganos judiciales, con la consiguiente inversión presupuestaria, ya que, como ejemplo, señala que en la Jurisdicción Social se están señalando en los juzgados juicios para dentro de dos años o incluso más.
No ha pasado por alto la Ciudad de la Justicia sobre la que «yo no sé si no hay voluntad política o no hay dinero o ambas cosas a la vez, el caso es que, por el momento no tiene solución».
«Cada alcalde trae bajo el brazo su propuesta de ubicación de la Ciudad de la Justicia, y a su vez hace lo mismo cada consejero de Justicia, y casi siempre son antagónicos. En los casi diez años que llevo como representante del Poder Judicial en Sevilla los políticos me han llevado a enseñarme distintos emplazamientos, e igualmente he asistido a reuniones, incluso, con maquetas y diapositivas, que daban como seguro el inmediato comienzo de las obras. Todo humo», afrima.
Tampoco obvia la diarrea legislativa en la que estamos inmersos que dificulta a la hora de impartir justicia. Explica que las leyes y demás normas jurídicas se redactan a veces con excesiva prisa, incluso por razones de oportunidad política, y eso no es bueno.
«Las normas deben ser estudiadas, meditadas y bien redactadas . No es de recibo la cantidad de rectificaciones que se producen y, la confrontación entre normas que regulan la misma materia», agrega.
De todo esto los opositores se llevan la peor parte porque una palabra del legislador echa por tierra bibliotecas enteras. Y salen más perjudicados por «los cambios legislativos y la poca claridad de las disposiciones, con difícil interpretación y dudas sobre las derogaciones o la aplicación transitoria».
Pero a los inversores también les afecta . Tanta inseguridad jurídica «puede espantárlos, sobre todo por la gran cantidad de disposiciones regulatorias, ya que sobre una misma materia se cruzan o apilan normas legales emanadas de distintas administraciones».
Respecto al desgradado que produce en la ciudadanía la inmediata excarcelación de presuntos delincuentes declara que «en la mayoría de las veces el delito no conlleva una pena de suficiente duración como para aplicar la prisión preventiva y mientras el legislador no cambie el precepto, el juez tiene que aplicar la norma en vigor».
