Dos policías y tres técnicos expoliaron la comisaría y se gastaron el dinero en comer

Los dos edificios de la antigua comisaría central de la Policía Local que el Ayuntamiento entregó a la empresa Detea completamente desvalijados fueron expoliados por al menos cinco funcionarios, dos policías locales y tres técnicos de mantenimiento de edificios públicos, que vendieron los materiales sustraídos en una chatarrería y se gastaron el dinero en varias comilonas . Así lo han confesado ellos mismos ante la juez de instrucción número 10 en sus respectivas declaraciones como imputados, a las que ha tenido acceso ABC. Estos dos inmuebles situados en la Isla de la Cartuja fueron desocupados por la Policía Local en mayo de 2012, ya que a partir de esa fecha la sede central se trasladó a La Ranilla. Tras esta mudanza, el Ayuntamiento hizo entrega de los edificios a la constructora Detea , que los había comprado por 25 millones de euros. Sin embargo, cuando la empresa los recepciónó ambos estaban completamente desguazados. Uno de los investigados utilizó durante su declaración, de hecho, una expresión mucho más ilustrativa de la situación: «Se quedaron en el chasis» .

Detea denunció la situación en el juzgado, que inició una investigación que inicialmente se archivó por falta de autor conocido. Sin embargo, la Audiencia Provincial instó a la reapertura del caso solicitando que se tomase declaración a dos policías locales y a tres funcionarios de Edificios Municipales sobre los que consideraba que había indicios suficientes de participación en los hechos. Dichas declaraciones se han producido esta semana y el resultado es sorprendente. Todos han admitido que se llevaron materiales y los revendieron. En primer lugar, el intendente de la Policía Local J.G.G. reconoció a la instructora que el agente de Policía J.P. le pidió «autorización para llevarse unas taquillas , las cuales pensaban dejar allí abandonadas porque eran inservibles». El intendente aseguró que él «ignoraba que se iban a vender» y que su única participación en los hechos fue dar permiso a su subordinado. Éste, a su vez, reconoció haber retirado dichas taquillas y que a través de su cuñado se puso «en contacto con la chatarrería Los Niños» . Cargaron estos muebles con una grúa del chatarrero y obtuvieron «unos 1.700 euros», dinero que «se repartió con su cuñado». Todos niegan haberse llevado nada más, pero el edificio fue entregado por el Ayuntamiento a Detea sin puertas, ventanas ni techos.

Pero no son los únicos funcionarios cuya participación en el desvalijamiento del edificio está ya demostrada. Tres técnicos de mantenimiento han confesado que retiraron, además de aires acondicionados y mamparas, los apliques, los enchufes y hasta el cableado . Todo esto se vendió también a la chatarrería en varios bloques. La mejor venta les reportó mil euros. Y el jefe obrero del Ayuntamiento que llevaba la electricidad, J.R.V., explicó con todo detalle a qué se destinó el dinero: «Desde hacía muchos años, ese material se vendía y se utilizaba para las comidas de los compañeros ». Él era el depositario y organizó varias «comidas de convivencia del grupo de trabajadores» con esas cantidades. Tenían incluso «un bote con el dinero disponible para estos eventos» . Eso sí, «no iban ni siquiera a restaurantes, sino a bares normales y tomaban sus raciones», se excusó. Los otros dos investigados lo confirmaron, pero aclarando que «apenas eran un par de comidas al año». Sin embargo, todos se desentienden del expolio. Según sus declaraciones, «todo el material reutilizable» se llevó a las naves municipales del Polígono Calonge y «sólo se vendió el inservible». Pero los responsables de este departamento han revelado a la juez que no se hizo inventario de aquel desmontaje y no hay expediente que pueda acreditar el destino de los materiales. El caso es que el desvalijamiento provocó que Detea recibiera los edificios en condiciones muy alejadas de las recogidas en el contrato de compra y ahora exige al Ayuntamiento que le pague 17 millones de euros por el daño causado por sus funcionarios.