La planta de reciclaje de Estepa infló los precios con varias contratas

Alberto García Reyes

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19/07/2020
Actualizado 20/07/2020 a las 08:35h.

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El fraude que investiga el juez de instrucción número 2 de Estepa, José Velasco, en la planta de reciclaje Matagrande del Consorcio de la Sierra Sur tiene varias ramificaciones, ya que el magistrado está siguiendo el rastro del dinero y ya no sólo centra sus pesquisas en la empresa pantalla Magno Ambiental del Levante, que era propiedad del secretario del Consorcio y del jefe de la planta, sino en otras sociedades. El juez ha dado orden a la Udef de que revise todas las operaciones económicas llevadas a cabo por los principales investigados, José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez , junto a sus respectivas esposas. Pero la declaración del actual jefe de la central de reciclaje a la Policía ha abierto otra línea de investigación relacionada directamente con las supuestas irregularidades medioambientales que se cometieron para librarse de los residuos sin reciclarlos previamente. Como ya explicó este periódico, la basura llegaba en los camiones procedente de los 17 pueblos que componen el Consorcio más Écija y, en teoría, pasaba por una cinta para que los operarios de la planta separasen el vidrio, el plástico, el papel... En muchas ocasiones no había personal en la cadena, por lo que los restos iban directamente a una balsa sobre la que posteriormente se depositaba arena.

Este trabajo se le encargaba siempre a la misma empresa, afincada en La Roda de Andalucía. Lo explica en su declaración ante los agentes como testigo el actual jefe: «Ciertas localidades como El Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara, Algámitas, Villanueva de San Juan y Pruna, por motivos de logística de desplazamiento, centralizan los residuos orgánicos en una planta de compactación ubicada en El Saucejo, cuya concesión pertenece a la empresa Maygar, para una vez compatados esta misma empresa transportarla a la planta de residuos Matagrande », explica el empleado. Según su relato, «esta misma operativa la realizan los pueblos ubicados cerca de la localidad de Écija, así como la propia Écija, los cuales no pertenecen al Consorcio, cuya planta de compactación también es gestionada por la empresa Maygar». Es decir, el negocio de los residuos en esta zona lo lidera esta sociedad, que además « posee unas naves dentro de la propia planta Matagrande cedida por el Consorcio , ya que esta empresa tiene cedida la concesión del vertedero ubicado dentro de la misma planta de residuos, donde se llevan a cabo la compactación de todos los residuos orgánicos allí depositados», explica el mismo testigo, que reitera que «toda la maquinaria instalada en la planta de residuos donde se realizan los procesos de reciclaje pertenecen a la empresa Maygar, la cual cree recordar que lleva desde la apertura de la planta como concesionaria de la actividad».

Sin embargo, entre la documentación que obra en poder del juzgado hay documentos muy llamativos relacionados con esta empresa que demostrarían que su tarifa era tres veces superior a las de otras del sector , a pesar de lo cual el Consorcio trabajaba con ella en exclusiva, según declaraciones de uno de sus trabajadores. Los investigadores han aportado una factura de Maygar correspondiente a la retirada del contenedor del Punto Verde situado en Pruna para su descarga en la planta de reciclaje de Estepa. Este trabajo tenía un coste para el Consorcio de 1.325 euros cada vez que se llevaba a cabo. Junto a esta factura han aportado otra de la empresa Jiménez Pariente, con sede en Pruna, por la misma labor, la recogida de la cuba del Punto Limpio, pero en este caso el coste es de 363 euros. Tres veces menos.

A pesar de esta diferencia de precio, el gerente de la planta y el secretario optaron por contratar a la empresa más cara y fijarla como concesionaria del enterramiento de la basura. Esta decisión es una de las que está escrutando el juzgado. Pero no es la única. El juez también ha decidido abrir una pieza separada , que por el momento está bajo secreto de sumario, que afecta a otras empresas con las que el Consorcio tenía contratos. Según ha podido saber este periódico, uno de los detenidos en la segunda operación policial es un responsable de la sucursal del banco de Estepa en la que los dos principales investigados, José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez, centralizaban todas las operaciones económicas de las que se habrían beneficiado.

También están implicados en esta operación los dos dueños de una empresa de fertilizantes de la localidad cordobesa de Luque , así como el administrador de la empresa que se encargaba de las excavaciones en la planta de reciclaje y varios miembros de su familia. Los detalles de esta segunda fase de la investigación están aún en secreto, pero el juez ha fijado las declaraciones a partir del próximo 24 de agosto y ha citado también al alcalde de Casariche , el socialista Basilio Carrión, cuya declaración se suspendió por la crisis del coronavirus. También declararán en esta fase Mañas, Ibáñez, sus esposas y la hija del primero, todos ellos tanto por la pieza principal como por la separada.

La Policía Nacional ya avanzó en un comunicado que la operación llevada a cabo el pasado 15 de junio se centró en desarticular «un grupo criminal dedicado a la obtención de fondos públicos de manera ilícita», presuntamente liderado por el secretario del Consorcio de la Sierra Sur e interventor del Ayuntamiento de Algámitas, José Antonio Mañas.

La operación policial se denominó «Broza» y se saldó con nueve detenciones en distintos puntos de la comarca . Además, los agentes intervinieron numerosa documentación, automóviles y más de 90.000 euros en efectivo. Según los investigadores, José Antonio Mañas y su socio Manuel Ibáñez, ambos altos cargos del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur, ingeniaron « un entramado empresarial , en el que sin ningún tipo de licitación pública», realizaron «autocontrataciones» con fondos públicos a diversas empresas fantasma cuyos administradores eran familiares suyos.

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