Tribunales
Piden al juez que la UDEF investigue el destino del millón de euros sustraído por el excontable de Lipasam
Las acusaciones quieren que se rastree los posibles destinatarios de los fondos de Lipasam que pasaron al patrimonio del investigado
La investigación judicial abierta contra el excontable de Lipasam durante décadas, en la que también se encuentra como acusada la mujer de éste, sigue dando pasos. Tras las declaraciones de los investigados y de una primera ronda de testigos, principalmente de altos cargos de la empresa municipal de limpieza, el juez de Instrucción número 14 de Sevilla ordenó el embargo de todos los bienes que conformaban el patrimonio del matrimonio.
Según admitió la propia acusada, el matrimonio posee un piso en Sevilla, otro en Rota, una embarcación y un coche de caballos para la Feria de Abril compartido con unos amigos. Tampoco era demasiado para la mujer, si se tiene en cuenta que su marido cobraba un nómina que rondaba los 3.000 euros.
Además, M.M.G., el excontable, puso a disposición del juzgado más de cien mil euros que tiene en dos cuentas, una parte del total proveniente de una herencia.
Pero las acusaciones personadas en este procedimiento, la propia Lipasam y el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla , quieren seguir indagando en el más de un millón de euros de fondos públicos que se apropió en una década el excontable de la empresa.
Para ello, la representación legal de Vox, que llevan los abogados Alejandro Segovia y María José Peñalosa (del equipo jurídico del partido) ha presentado un escrito ante el juez instructor pidiendo nuevas pruebas para esclarecer algunos detalles de los fondos de Lipasam sustraídos por excontable.
Destinatario de los fondos
Así, en dicho escrito, según han informado a este periódico fuentes del caso, los abogados de Vox exponen que, tras la información de los movimientos de cuenta del investigado, se hace más necesaria la práctica de la prueba en su momento interesada por esta parte.
La misma consiste en una prueba pericial de inteligencia policial. Para ello, pide que se libre oficio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Sevilla a fin de que por agentes especializados se emita informe pericial sobre el destino de los fondos provenientes de cuentas corrientes o depósitos titularidad de Lipasam, ingresados en cualquiera de las cuentas corrientes de las que hayan sido titulares M.M.G. y su esposa, o cualquier persona jurídica, o ente sin personalidad participada o administrada por ambos indistintamente, desde el año 1986 o desde aquél en el que el investigado causara alta en la empresa pública.
El matrimonio, como así ha quedado acreditado en la causa, había creado una sociedad . Según explicó la acusada, fue para un proyecto de restauración que ella iba a poner en marcha.
De otro lado, esta parte acusadora quiere que la Policía identifique a las personas físicas adscritas por cualquier vínculo a Lipasam, a partidos políticos o que hayan ostentado cargo público, de personas jurídicas participadas o administradas por cualquiera de aquéllas, que sean o hayan sido titulares de cuentas corrientes o depósitos bancarios receptores o destinatarios de fondos provenientes de las cuentas corrientes de los dos acusados o de su sociedad en el mismo periodo de tiempo. Es decir, los posibles destinatarios de fondos provenientes de las cuentas de los dos investigados.
Trama organizada
Por último, el abogado de Vox pide al juez que inste a la UDEF a que emita una valoración, tras el estudio de estos datos, sobre la existencia de una trama organizada de apropiación de caudales públicos provenientes de la empresa Lipasam.
Además, en el escrito subraya que ahora cobra «pleno sentido» practicar la prueba solicitada en su momento por el abogado de Lipasam para identificar los destinatarios de fondos, no habituales o poco corriente por su cuantía, provenientes de la cuenta del investigado.
Pero esto no es lo único requerido por Vox, que atendiendo a los informes de la Cámara de Cuentas sobre Lipasam, en los que se detecta una mala gestión documental, va a pedir al juzgado que inste a esta institución para que envíe dichos informes.
Por último, va a insistir en la declaración como testigo del alcalde, Juan Espadas , en calidad de presidente del consejo de administración de Lipasam. Esta testifical ya fue admitida por el juez, que incluso puso fecha, pero finalmente fue suspendida a la espera de lo que declarara la gerente de la empresa, Virginia Pividal, quien restó protagonismo a este órgano en el día a día de Lipasam. A
Aunque ya fuera de la vía judicial, Vox ha pedido también una auditoría externa sobre la gestión de Lipasam durante los años de vinculación con la misma del excontable.
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