TRIBUNALES
Piden cárcel a un vecino de Sevilla por alertar al 112 de un incendio falso en el primer estado de alarma
Esta falsa alarma, ocurrida el pasado mes de mayo, dio lugar a la movilización de dotaciones de Policía Nacional, Bomberos y sanitarios; la Audiencia confirma su procesamiento
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha confirmado íntegramente el auto de un Juzgado de Instrucción de la capital que acordó procesar a F.P.V., un vecino de la capital , acusado de un delito de falsa alarma tras llamar al Servicio de Emergencias 112 alertando de un incendio inexistente en un barrio de la periferia de la ciudad, lo que se produjo el pasado mes de mayo, en pleno estado de alarma por el coronavirus , y dio lugar a la movilización de dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía, Servicios de Extinción de Incendios y de Emergencias Sanitarias.
En un auto dictado el día 26 de octubre, el tribunal desestima de este modo el recurso de apelación interpuesto por el investigado contra la decisión adoptada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla , recurso en el que el acusado solicitaba que se dejara sin efecto dicha decisión y se practicaran diligencias relativas a la concreta intervención y el número de indicativos desplazados al lugar por parte de la Policía Nacional , del Área de Prevención de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento y de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Así, la defensa del investigado alegó la falta de suficiente motivación de la resolución impugnada, lo que la Sección Primera rechaza al considerar que el auto recurrido «contiene un relato detallado de los hechos imputados e identificación, por lo que se refiere a este procedimiento, de la persona presuntamente responsable de los mismos, el recurrente, dada su relación al menos con una de las llamadas maliciosas en las que se alertaba que se estaba produciendo un incendio», hechos por los que la Fiscalía pide para el encausado un total de seis meses de cárcel .
En este sentido, el tribunal señala que la imputación se sustenta en las diligencias de investigación efectuadas por la Brigada de Información de la Policía Nacional , junto con las que se aportan grabaciones «que ponen de manifiesto la existencia de indicios» de que el acusado «pudo intervenir en la llamada efectuada al Servicio de Emergencias 112 avisando de un incendio que, por las circunstancias que se indicaban en cuanto su posible incidencia sobre personas, iba a provocar, tal como sucedió, la intervención urgente de los recursos públicos», mencionados anteriormente.
El artículo 561 del Código Penal, referido a la conducta delictiva conocida como delito de falsa alarma, establece la pena que puede imponerse a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de Policía, asistencia o salvamento.
«Es un delito que exige que la intención o propósito pretendido por el autor sea la de causar alarma o la de atentar contra la paz pública , que puede llegar a entenderse que concurre cuando, más allá de sus motivaciones íntimas, que pueden ser lúdicas, de venganzas u otras, el autor realiza la acción conociendo que da lugar a un riesgo no permitido para el bien jurídico protegido, y a pesar de ello la ejecuta, de donde se deduce que el resultado que conoce como altamente probable es aceptado o al menos le resulta indiferente», señala la Audiencia en un auto, facilitado a este periódico por el TSJA.
«Comunicación falsa»
Al hilo de ello, el tribunal argumenta que, «dado el contenido de la información que pudo ser facilitado y la insistencia en la forma de hacerlo, al existir indicios respecto a la autoría de quien pudo intervenir en la comunicación falsa », procede la continuación del procedimiento.
« Existiendo indicios de la intervención de estos recursos públicos », la Sección Primera considera que el número de los movilizados y su concreta intervención, «más que respecto a la entidad penal de las conductas investigadas, que incluso podría llegar a conformar el tipo delictivo aunque lo hubieran sido en un número inferior al que se ha hecho constar dada la disponibilidad limitada de estos recursos sobre todo en circunstancias excepcionales como las asociadas a la declaración de un estado de alarma, sería más relevante en orden a determinar la cantidad que como indemnización pudiera ser exigida al presunto responsable, lo que puede concretarse del resultado de la prueba que se proponga y practique en el plenario».
Este tipo de actuaciones delicitivas se sucedieron durante el pasado estado de alarma en la capital, lo que generó un enorme cabreo entre los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues este tipo de bromas suponen un despilfarro de recursos públicos y que además ponen en riesgo la actuación en emergencias reales que se declaran al mismo tiempo
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