Universidad

Peligran los contratos de más de mil investigadores sevillanos

La reforma laboral de Pedro Sánchez que elimina los contratos por obra puede dejar en el aire importantes investigaciones de las universidades

Una profesora dando clases Raúl Doblado

Mercedes Benítez

La reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez puede hacer peligrar cientos de investigaciones que se llevan a cabo en las universidades sevillanas. Lo ha advertido ya la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, que emitió un comunicado advirtiendo de los impactos negativos que la reforma laboral podría ocasionar en el ámbito de la Investigación por el hecho de que vayan a desaparecer los contratos de obras y servicios. En Sevilla sólo en la Universidad de Sevilla son más de mil los afectados por la reforma laboral según el rectorado. Y a ellos hay que sumar los de la Pablo de Olavide.

Según los rectores, toda la comunidad universitaria está de acuerdo en dignificar la carrera investigadora , tal y como ya quedó reflejado en la estrategia Universidad 2030 presentada a los Ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación en octubre de 2020.

Sin embargo, la aplicación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo tendría «efectos no deseados» para las universidades debido a la desaparición –con carácter general– del contrato de obra o servicio determinado operada por la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, al no incluir una alternativa de contratación que dé respuesta a las necesidades el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Eso supone que en Sevilla, por ejemplo cientos de investigadores de la Universidad de Sevilla verán peligrar sus contratos y, con ello, las investigaciones que desarrollan. El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha reconocido en declaraciones a Radio Sevilla que hacen unos 500 contratos de este tipo cada año y ha advertido que son el 5 por ciento aproximadamente de entre las universidades españolas. Ello da una idea de que las cifras dadas por la CRUE (que hablan de que peligran los contratos de 25.000 investigadores en toda España) podría suponer poner en peligro muchos más. Unos mil, según fuentes oficiales de la US.

De forma muy directa

En este sentido Castro admitió que la reforma afecta «de forma muy directa» a los investigadores sevillanos ya que la mayoría de los contratos asociados a esos proyectos tienen una duración limitada, lo que supondrá que esas personas nos podrán ser nuevamente contratadas cuando estos finalicen y que a partir del próximo uno de abril no se podrán renovar esos contratos con la nueva normativa elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez . Castro insistió que habrá que resolver el problema y recordó la situación de «precariedad del personal investigador» a la espera de que el Gobierno responda a la petición que hizo la Conferencia de Rectores al ministro de universidades para que se solucione el tema y «se permita a las universidades españolas seguir compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de los sistemas universitarios europeos».

Otras fuentes de la Hispalense han reconocido la gran preocupación que existe en la comunidad universitaria porque se pueden ver afectada s importantes investigaciones de distintas disciplinas ya que además se trata de proyectos que están sujetos a una financiación cerrada y si no hay dinero se puede producir «un parón» en la contratación como consecuencia de ello afectando a «investigaciones cruciales».

Situación de incertidumbre

Entre las más afectadas por ese parón de contratos puede estar la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, la ETSI, en la que se llevan a cabo numerosos proyectos de investigación. « Estamos en una situación de incertidumbre total y a la espera de si podremos seguir o no« , admite una de las afectadas, una gestora financiera de un proyecto de investigación de la ETSI que lleva más de diez años en esa situación y encadenando contratos de obras y servicios. Como ella hay cientos de contratados, cuya continuidad pende de un hilo y que llevan demasiado tiempo sufriendo una situación de inestabilidad laboral.

En la Pablo de Olavide, donde aún están calculando el número de investigadores que se verá afectad por la nueva normativa, también están a la espera de saber qué puede ocurrir con este personal. Estefanía Rodríguez, vicerrectora de Profesorado, asegura que la nueva norma «deja a los investigadores a los pies de los caballos» y espera que en el período de tramitación en el que se encuentra la norma se pueda introducir algún tipo de modificación o mantener la fórmula contractual para que haya un contrato para los investigadores que se acomode a la duración del proyecto.

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