Ante la Audiencia de Sevilla
Los padres de Marta recurren su exclusión como acusación particular en la causa por falso testimonio
El juez instructor emplazó a la familia a personarse como acusación popular, presentando para ello la correspondiente querella y una fianza de 300 euros
La abogada de los padres de Marta del Castillo , la joven sevillana asesinada en enero de 2009 , ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia contra el auto del Juzgado de Instrucción número dos de Sevilla que determina que no procede que éstos se presenten como acusación particular en la causa abierta contra Francisco Javier García, conocido como «El Cuco» , y a la madre de éste, Rosalía G.M., por falso testimonio .
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada de la familia, Inmaculada Torres , ha pedido que se declare la nulidad del referido auto para atribuir así a Antonio del Castillo y Eva Casanueva la condición de acusación particular en esta causa contra ambos procesados por falso testimonio en las declaraciones que realizaron durante el juicio contra Miguel Carcaño y el resto de adultos celebrado en 2011 por el asesinato de Marta.
El juez de Instrucción número dos de Sevilla, Carlos Mahón, indicó que si la familia lo estima, ésta puede personarse en la causa como acusación popular «siempre y cuando interpongan la correspondiente querella y presten fianza en cuantía de 300 euros ».
El recurso de la familia señala que la resolución recurrida causa «una grave vulneración» a la tutela judicial efectiva de los padres de Marta, en cuanto adopta una decisión «amparada en un obstáculo procesal inexistente», que puede acarrear «consecuencias nefastas», no sólo a la familia de la joven asesinada, sino a la propia sociedad y al propio Estado de Derecho.
En esa línea, el escrito añade que esta situación « arrincona a las verdaderas víctimas, ofendidos y perjudicados por el delito objeto del presente procedimiento, privándoles de su derecho a mostrarse parte en la presente causa».
Así, tal y como continúa el recurso, se pretende «solventar o maquillar dicha privación de derecho, atribuyendo a las verdaderas víctimas, ofendidos y perjudicados por el delito una posición de acusador popular que, en absoluto, colma las aspiraciones a obtener una resolución fundada en derecho, sobre todo, teniendo en cuenta que Antonio del Castillo y Eva Casanueva no son terceros ajenos al procedimiento en el que se vertió el falso testimonio, sino parte principal en dicho procedimiento, donde se juzgaba la muerte y desaparición de su hija menor de edad y que dicho falso testimonio les causó un grave perjuicio psicológico y moral».
Los padres son víctimas
Asimismo, la letrada apunta en su recurso que el interés vulnerado por el falso testimonio es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia como valor abstracto y supraindividual, si bien ese interés «no excluye que, junto al mismo, resulte lesionado el interés del particular que ha visto vulnerado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva».
Recalca que « las declaraciones mendaces » de los hoy investigados causaron una «grave lesión» del derecho a la tutela judicial efectiva de los padres de Marta, quienes vieron frustrado su derecho a obtener la tutela requerida y conocer la verdad de los hechos.
Continuando esa línea, el recurso subraya que la legitimación como acusación particular la tienen los padres de Marta «directamente en cuanto víctimas del delito, pues han sufrido directamente la acción delictiva y son los sujetos pasivos del delito en cuanto titulares del bien jurídico protegido».
Con todo, la letrada concluye su recurso señalando que sus representados interpusieron la correspondiente denuncia « en calidad de víctimas , perjudicados y sujetos pasivos» del delito de falso testimonio, cometido por el «Cuco» y su madre, «pues no se puede olvidar que se concertaron para engañar al tribunal en el juicio en el que se juzgaba el asesinato y desaparición de Marta del Castillo y que como consecuencia de la declaración mendaz que estas personas habían organizado y profirieron ante la Sala, vieron frustrado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva y les ha ocasionado un grave daño moral y psicológico».
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