Los padres de la diferenciada exigen a la Junta que no les retire el concierto

La publicación ayer martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la orden de retirada del concierto educativo a los centros de educación diferenciada cayó como un jarro de agua fría entre los padres afectados. Del total de nueve centros que imparten este tipo de modelo educativo, seis se ubican en Sevilla.

Los afectados son los centros Ribamar, Altair, Albaydar, Angela Guerrero, Elcható de Brenes y Nuestra Señora de Lourdes en Carmona . La reducción de conciertos afecta a unidades de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato y a ciclos de Formación Profesional pese a que aún no se ha iniciado el proceso de escolarización de estos últimos. La publicación de la orden se produce antes de que llegue la sentencia del Tribunal Supremo que debe resolver un recurso de la Junta de Andalucía contra una sentencia previa del TSJA que daba la razón a los padres.

Ayer la portavoz de la plataforma «Mis padres deciden», Gemma García, pidió a la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, que mantenga los conciertos «sin obligarles a cambiar de modelo pedagógico» . García acusó a la Junta de querer «coartar la libertad» de elegir la educación para sus hijos y recordó que la LOMCE establece que, «en ningún caso la educación diferenciada podrá implicar un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos».

Por ello insisten en que les ampara la Ley y piden a la Junta «que mantenga la situación como lleva funcionando desde que se inició el régimen de conciertos». Y también que «respete la diferencia existente de modelo pedagógicos y haga un ejercicio de aceptación de la diversidad».

«Exigimos que se respete el derecho que tenemos a que nuestros hijos cursen todas las enseñanzas que deseen en estos centros, hasta finalizar todos sus estudios . No hay ningún motivo económico ni pedagógico para la retirada de los conciertos . El motivo es únicamente ideológico», argumentan.

Por su parte el PP de Sevilla lamentó que «la Junta de Andalucía haya sentenciado ya a la diferenciada sin ni siquiera esperar que el Tribunal supremo hable, una actitud que confirma la persecución y la política de orden y mando de Susana Díaz ante la educación diferenciada basada estrictamente en criterios ideológicos y partidistas».

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, afirmó que el gobierno de Díaz a sigue con su política de acoso y derribo a la educación concertada y en este caso a la educación diferenciada aunque e so conlleve ir en contra de la justicia, de la ley, la Constitución y del propio derecho de los padres a elegir educación para sus hijos». La presidenta del PP, Virginia Pérez, pedirá una reunión con los centros afectados para acordar las iniciativas que presentarán. «Es inadmisible la persecución contra la diferenciada basándose en criterios ideológicos y partidistas» , dijo Pérez.