Ciudad de la Justicia
La opinión de jueces, fiscales y abogados sobre la Ciudad de la Justicia de Sevilla: O todos o ninguno
La mayoría condiciona el proyecto de Palmas Altas a un plan de accesibilidad y a que no se dispersen los órganos judiciales
Tras la reunión de Junta de Andalucía, Alcaldía y TSJA con jueces, fiscales y operadores jurídicos para informarles sobre el proyecto para hacer la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, ayer todos los representantes del sector coincidieron en que si finalmente el proyecto se va a Palmas Altas, deberían ser todos a una.
La mayoría son escépticos y siguen condicionando la propuesta a la accesibilidad y a evitar la dispersión. Damián Álvarez, presidente de la Audiencia de Sevilla, dejó claro que la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas está condicionada a la resolución de los problemas de movilidad y la no dispersión de órganos .
Desde la Fiscalía de Sevilla, el fiscal coordinador de Delitos Económicos, Arcadio Martínez , que acudió a la reunión en nombre del fiscal jefe, ayer en Madrid, admitió la necesidad que tiene Sevilla de una Ciudad de la Justicia. Sin embargo, al igual que la mayoría de sus compañeros considera que el traslado a Palmas Altas está condicionado a un plan de accesos y recordó que si hay que trasladarse, «lo ideal es que nos fuéramos todos», en referencia a que se evite la disgregación de órganos judiciales.
El decano de los jueces, Francisco Guerrero, dará su opinión cuando conozca los proyectos para el acceso y uso de transporte así como de adaptación de los edificios y el número de metros disponibles para aumentar la planta judicial. Según dijo, a falta de que los jueces se reunan para dar una opinión, su modelo se acerca más al de Córdoba con todos lós órganos juntos.
Desde el Colegio de Abogados de Sevilla, su decano Óscar Cisneros opinaba de forma similar. Según dijo, la Ciudad de la Justicia «debe ser única (no repartida en aria sedes) , moderna y accesible.
Una red cómoda
La decana de los procuradores, Isabel Escartín, insistió en que la apuesta de colectivo que representa sigue siendo el entorno del Prado de San Sebastián buscando mejoras y espacios y aprovechando «las magníficas redes de comunicación ya existentes» . Si no es así y hay que buscar un traslado, Escartín admite que serían necesarios dos requisitos previos: una red de comunicación cómoda, accesible y económica y que no hubiera disgregación de órganos.
En esa línea, hizo hincapié en la dificultad de mantener una disgregación de órganos tan significativa . Por ello insistió en «mantener concentrados los órganos judiciales y los servicios centrales dado que una disgregación tal y como está prevista «no es admisible ni viable». En cualquier caso la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en materia de infraestructuras judiciales, tiene la última palabra.
Noticias relacionadas
