Mercasevilla se enfrenta ahora a la reclamación de 25 millones de euros de Sando

En febrero de 2016, l a empresa Sando Desarrollos Inmobiliarios envió un burofax a Mercasevilla reclamándole la resolución del contrato de opción de compra de los suelos del mercado mayorista por haber expirado el plazo de diez años sin poder disponer de los terrenos. Además, Sando reclamaba los 6,1 millones que le pagó por la opción de compra, más los intereses devengados, lo que hace un total de 10,4 millones. Aquella reclamación no llegó a los tribunales porque Sando esperaba la celebración del juicio penal por la operación de venta de esos suelos. La sentencia del Juzgado de lo Penal 13 de Sevilla que este miércoles ha absuelto a los imputados en la operación de venta de suelos de Mercasevilla allana el camino para que Sando exija la devolución. Sando sólo espera a la firmeza de la sentencia para dar otro paso en la reclamación.

Mercasevilla únicamente provisionó en sus cuentas 6,1 millones de euros para el pago de ese derecho de opción de compra por entender que era «muy remota la posibilidad de que finalmente la sociedad tenga que pagar dichas cantidades», ya que daba por hecho que el contrato iba a declararse nulo en la jurisdicción penal, cosa que finalmente no se ha producido.

En realidad, Sando reclama a Mercasevilla casi 25 millones de euros, 10,4 millones por la resolución del contrato de opción de compra de los suelos y otros 14 de una sentencia de la Audiencia que condenó al mercado por incumplir un contrato. Mercasevilla presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por no estar de acuerdo con esa sentencia que le condena a indemnizar a Sando con 8,9 millones más intereses —lo que suma unos 14 millones de euros— por concederle el derecho de superficie sobre unos terrenos que no tenían acometida eléctrica, razón por la que no pudo comercializar las naves comerciales que construyó sobre ellos. El Supremo aún no ha decidido si admite o inadmite ese recurso.

Esas reclamaciones abocaron a Mercasevilla a su concurso de acreedores al entrar en situación de quiebra. Sólo un aumento de capital por parte de los accionistas mayoritraios —el Ayuntamiento (51%) y la empresa estatal Mercasa (48%)— habría sacado a Mercasevilla del concurso, pero ambas sociedades no se ponen de acuerdo al respecto.

En el concurso de acreedores de Mercasevilla , la deuda por la sentencia de la Audiencia se ha declarado «ordinaria», ya que un juzgado autorizó su ejecución provisional. Por otra parte, la deuda por la resolución del contrato de opción de compra se calificó como «contigente», a la espera de que el juzgado de lo Penal decidiera si anulaba o no la operación de venta del suelo. Como ahora ese juzgado ha declarado legal la venta de los suelos, la deuda se calificará como «ordinaria». Esta cuestión no es baladí, ya que la deuda «ordinaria» es la que decide la aprobación o rechazo del convenio de acreeedores y ahora el 90% de la deuda «ordinaria» corresponde a Sando. Por tanto, la empresa de la que es consejero Luis Sánchez Manzano tiene la última palabra sobre el convenio de Mercasevilla y su futuro. Mercasevilla y Sando acordaron que no se presentaría convenio hasta que el Supremo no decida en los próximos meses si admite o no el recurso de casación.