CÁRCELES DE SEVILLA
La mejora de la atención sanitaria a presos, en el limbo de las competencias
Pro Derechos Humanos celebra la reclamación de la Junta al Gobierno para queel SAS se haga cargo
El Parlamento andaluz reclamó formalmente hace ya varias semanas al Consejo de Gobierno autonómico que demande al Estado la transferencia de las competencias sanitarias en prisiones , una gestión demorada desde hace ya 13 años y que, si no existiera la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ( Aphda ), bien podría llevarse otra larga década durmiendo el sueño de los justos. Porque la salud de los presos no ocupa ni preocupa a casi nadie más allá de los reos y sus familias, que son los que mejor conocen y padecen las insuficiencias del sistema.
Sin embargo, prodigan algunos mitos sobre los supuestos derechos sanitarios de la población reclusa que llaman a engaño. Cuentan con médicos propios, pero para empezar son sólo de Atención Primaria y las consultas dentro de prisión están condenadas crónicamente a unos niveles de saturación absolutos . Hay que tener en cuenta que los presos padecen muchas más enfermedades graves que la media nacional. Según datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias , mientras que en España hay un 0,6 por ciento de infectados por el VIH , los enfermos de sida que viven entre rejas alcanzan el 5,8%.
Los reclusos padecen más enfermedades graves que la media: uno de cada cuatro presos tiene hepatitis C
Igualmente, uno de cada cuatro presos está contagiado de hepatitis C , mientras que en la población nacional el porcentaje apenas alcanza el 1,7%, según los datos del Ministerio de Salud . El Plan Nacional de Prevención contra el mal hepático advierte expresamente de que las cárceles deberían ser objetivo prioritario. Aunque los protocolos en el nivel 1 y 2 estipulan que los reclusos enfermos tienen que estar ya siendo tratados, la realidad es que no se les comienza a aplicar el tratamiento hasta el nivel 3.
Y eso después de la batalla administrativa y judicial para que éstos pudieran acceder a los nuevos medicamentos contra la hepatitis C. Su elevado precio provocó una dura pugna entre comunidades autónomas e Instituciones Penitenciarias sobre quién tenía que asumir los costes derivados, pugna que el Estado empezó a perder en Andalucía precisamente con el caso de un reo sevillano, el primero que logró que los tribunales de Justicia le dieran la razón a la hora de ser tratado por el SAS como cualquier otro enfermo hepático y con cargo al Ministerio del Interior .
Hay más datos suficientemente ilustrativos de la realidad médica diaria en las prisiones. Tuberculosos apenas hay un 0,013% en España, pero en las cárceles los infectados ascienden al 2,6%. Se calcula también que tres de cada cuatro presos (el 76% para ser exactos) ingresan en prisión siendo consumidores habituales de droga . Además, uno de cada cuatro encarcelados padece algún tipo de enfermedad mental .
Enfermos mentales
«Hay inimputables que, por sentencia judicial firme, tienen que estar durante años vigilados en centros médicos especializados dado que no pueden ser presos, porque no son capaces ni de asimilar que han cometido delito alguno. Sin embargo, muchos de ellos están en realidad en las enfermerías de las cárceles, porque en los psiquiátricos de Sevilla y Alicante no caben», revela Marian Pérez Bernal , de la Aphda, quien también resalta lo indefensos que están en general los que cumplen condena entre rejas: «Tanto ellos como sus familias suelen ser muy pobres y poseen un bajo nivel formativo , lo que les imposibilita recurrir a lo que tienen derecho constitucionalmente reconocido».
Los encarcelados pierden a menudo citas médicas y hasta operaciones por falta de traslado a los hospitales
Otro problemón es que, de facto, el ingreso en la cárcel comporta habitualmente la pérdida de los tratamientos en marcha , incluidos los quirúrgicos. «El encarcelado depende de que lo lleven y, si no hay conducción el día y a la hora de entrar a quirófano, se pierde la cita», explica la portavoz de Pro Derechos Humanos. Todo se agrava además con los traslados a otras cárceles, que ponen el contador a cero con consecuencias extremas , como el caso de Honorio Gómez , un antiguo preso ya en libertad (tras una larga y penosa condena que él mismo ha narrado a través de internet) al que hubo que amputarle el dedo de una mano por no recibir tratamiento continuado contra la enfermedad de Dupuytren , un mal degenerativo que afecta a los tendones.
«Es que los suben a los furgones sin saber si van al juzgado o a una prueba médica», lamenta Marian Pérez, que denuncia también la nula intimidad de las reclusas cuando, por ejemplo, visitan al ginecólogo. A los presos ni siquiera se les está reconociendo el derecho a ver su expediente clínico, a acceder a los resultados de las pruebas médicas que le realizan. «En general hay muy poca consideración hacia la vida en las cárceles porque, aunque los médicos que allí trabajan son gente abnegada que están haciendo una labor extraordinaria, el día a día resulta tremendamente duro. Son lugares cerrados donde nadie quiere entrar ni ver qué ocurre; para nada se parecen al lugar idílico que pintan los que nunca han pisado una prisión», afirma la representante de la Aphda, quien subraya que «nadie debería olvidar nunca que estamos hablando de pacientes con derecho a recibir una asistencia sanitaria en igualdad de condiciones al resto de la población».
Hasta 2.200 encarcelados en Sevilla
El Defensor del Pueblo Andaluz , Jesús Maeztu , detalló recientemente en un informe la asistencia sanitaria especializada que se brinda a los 2.200 presos que cumplen condena en la provincia de Sevilla. En la cárcel de Morón de la Frontera , Sevilla II , entran un psiquiatra contratado y un médico de infeccioso una vez por semana, mientras que a Sevilla I , a la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira y al Psiquiátrico Penitenciario no está acudiendo ningún especialista a pasar consulta. La única vía para poder ser atendido pasa por que la Policía Nacional acerque al reo a un hospital.
