Más de un millar de armas se acumulan en un depósito de la Guardia Civil a la espera de una decisión judicial
Algunas llevan más de 30 años en el almacén de la Intervención del acuartelamiento de Montequinto, en Sevilla
La Guardia Civil tiene encomendada la intervención, control y retirada del armamento que circula por el país. A sus depósitos no sólo llegan las armas de particulares, funcionarios policiales, profesionales de la seguridad y autoridades que deciden desprenderse de ellas y se ofertan en subastas públicas como la que se va a celebrar próximamente en la Comandancia de Sevilla . La Benemérita también custodia aquellas piezas que son requisadas a los detenidos y que quedan bajo su custodia hasta que la autoridad judicial determine el destino final.
Sin embargo, la respuesta de los jueces no está siendo diligente a la hora de decidir si un arma aprehendida se devuelve a su propietario, se saca a subasta o se procede a su destrucción porque se trata de una pieza manipulada y cuyo uso está prohibido. Sólo el juez que dirige las diligencias en las que se requisó el armamento puede decidir qué hacer con él. Mientras llega esa respuesta, no puede moverse del depósito.
En estos momentos, según datos del interventor de la Benemérita, hay 1.147 armas a disposición judicial en el almacén central de la Comandancia de Sevilla , en el acuartelamiento de Montequinto. No es el único depósito que tiene el Instituto Armado en la provincia. En total hay siete intervenciones repartidas por la demarcación sevillana, donde también hay armas inmovilizadas a la espera de que se determine si procede su destrucción o pueden salir a subasta.
Hay piezas que sólo pueden acabar en la chatarra, como las escopetas de caños recortados, pero no se resuelve su destino
ABC ha entrado en el depósito de la Intervención de Armas de la Guardia Civil y ha podido ver cómo el armamento se acumula en estanterías organizadas por el tipo de armas: cortas y largas. Cada una lleva una etiqueta con el número de las diligencias judiciales, una referencia y el año de la incautación. Algunas de esas armas, según confirma el interventor, llevan más de 30 años bajo la custodia de la Guardia Civil. Con ese tiempo transcurrido, es más que probable que la responsabilidad penal del anterior propietario se haya extinguido. Sin embargo, la Guardia Civil no puede proceder a la devolución o la destrucción hasta que no haya una resolución judicial.
A pesar de esa falta de agilidad en la respuesta de los jueces, desde el Instituto Armado envían oficios periódicamente a los distintos juzgados para que informen si procede o no a la destrucción.
En una de las estanterías están las armas que irremediablemente van a a acabar en la chatarra. Son aquellas que han sido manipuladas y su uso está prohibido. La mayoría son escopetas de cañones recortados intervenidas, en muchos casos, a atracadores. No hay duda de cuál debe ser su destino. Sin embargo, siguen ocupando un espacio que requiere de medidas de seguridad.
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