Educación

Más de 600 niños, aún sin colegio en Sevilla por los recortes a la diferenciada

Los padres afectados siguen pendientes de una inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre el concierto en Altair

El colegio Altair de Sevilla se vería afectado por los recortes de la Junta a la educación diferenciada ABC

MERCEDES BENÍTEZ

La sevillana Lourdes Maldonado es madre de cuatro hijos. Los tres mayores, todos ellos varones, estudian en Altair los cursos 3º y 1º de ESO y 5º de Primaria. Y el tercero, también un niño, entrará el curso próximo en 1º de Educación Infantil. Ella y su marido figuran entre los 600 afectados por los recortes de la Junta de Andalucía que anunció hace sólo unas semanas su intención de retirar el concierto a los colegios que imparten educación diferenciada en los niveles de acceso.

El recorte está previsto para el próximo curso 2017-2017, cuya fase de escolarización comenzó el pasado uno de marzo. Ya ha concluido la fase de entrega de las solicitudes en los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Y falta la de la Formación Profesional que comienza normalmente en el mes de junio. Este año centros que imparte este tipo de enseñanza como Altair han tenido más solicitudes que nunca. Gemma García, portavoz de la plataforma «Mis Padres Deciden», calcula que son más de 600 los afectados por este recorte. Entre los de todos los niveles que se quedan sin concierto.

Maldonado es una de esas madres que echó la solicitud para su hijo menor y ahora está pendiente de ver qué ocurre. Ella no ha solicitado ningún otro centro (como se han visto obligados a hacer otros padres por si acaso) porque está totalmente convencido de que la sentencia del Tribunal Supremo que esperan de forma inminente les va a dar la razón. «Estamos esperando a que se dicten medidas cautelares a favor de la escolarización», dice Lourdes a la que, con tres hermanos dentro del colegio, le sobran puntos obviamente.

En cualquier caso, ella no se plantea la posibilidad de que su hijo no pueda ir al mismo colegio donde estudió su padre y sus hermanos ni sabe qué hará si finalmente se queda sin concierto. «El colegio no va a desaparecer», reitera insistiendo en que si la subvención es retirada de forma definitiva no se plantea cómo hará para pagar la cuota. Porque tampoco sabe a cuánto ascendería.

Pero Lourdes tiene claro que es un colegio que siempre tendrá en cuenta que sus alumnos son de una zona con pocos recursos y que imponer a los padres una cuota «va contra el ideario del colegio». Por ello considera que, si llegara el caso, buscaría financiación y la ayuda de otras instituciones antes de pedir dinero a los que menos recursos tienen.

E insiste en que Altair no está en la zona en la que está por casualidad. Se trata de un centro que ha querido llevar la formación y la educación a las personas más desfavorecidas y que está muy lejano de ese concepto de elitismo con que algunos quieren asociarlo . «No estamos nerviosos; estamos esperando la sentencia pero estamos prácticamente seguros de que mi hijo estudiará en ese colegio», dice.

Otros padres no están tan tranquilos, según reconoce Gemma García . La portavoz de «Mis padres deciden»explica que están muy preocupados porque no saben donde tendrán que matricular a sus hijos. Algunos no han tenido más remedio que poner una segunda opción en su solicitud en espera de que puedan entrar en el colegio que desean para sus hijos aunque sea con medidas cautelares. En el caso de Altair, García reconoce que están a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo que puede ser inminente. Probablemente cuestión de días.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya les dio la razón en julio de 2015 dictando una sentencia que anulaba la orden de la Consejería de Educación que suprimía los conciertos. Sin embargo la Junta de Andalucía decidió recurrir y ahora el Supremo se pronunciará en breve.

A la espera de que eso ocurra García recuerda que se está negando a los padres el derecho a decidir la educación que quieren para sus hijos e insiste en que es un ataque «a las familias con más necesidad». Además Gemma García insiste en que si la educación diferenciada atentara contra derechos fundamentales estaría eliminada tanto en la pública como en la privada y recuerda que es una forma de educación que existe en numerosos países europeos.

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