Educación
Más de 25.000 alumnos estudian en los 146 colegios privados que hay en Sevilla
El sector, en vilo por el anuncio del Gobierno de imponerle un 21 por ciento de IVA
El anuncio del Gobierno central de imponer un IVA del 21 por ciento al sector educativo privado cayó como un jarro de agua fría a un sector que en Sevilla supone un servicio para miles de familias y además un importante motor económico que mueve mucho dinero. Luego la posterior rectificación e insinuación de que no se aplicaría a la concertada ha creado más confusión. Porque no se sabe si el impuesto se aplicará finalmente a la privada, a la que, en ese caso, le supondría un aldabonazo.
Según la Consejería de Educación en Sevilla hay 25.883 escolares de todas las etapas que estudian en centros privados . Eso su pone un 29 por ciento de los alumnos sevillanos.
Y hay 146 centros que ofrecen educación privada, lo que también su pone un importante porcentaje ya que son el 25 por ciento de los centros educativos. O lo que es lo mismo, que uno de cada cuatro colegios en Sevilla son privados. Por ello el sector se ha sentido profundamente atacado tras conocer los planes del gobierno . Es además un sector que generó en España el pasado año casi 70.000 empleos directos y 440.000 indirectos y que supone unos 3.500 millones de euros al año de ahorro al Estado, según fuentes de los propios centros privados.
Desde la patronal, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada CECE-Andalucía, su secretario general en Sevilla, Rafael Caamaño, cuantifica en unos 130 millones de euros el dinero que mueve anualmente este sector que había visto el anuncio como un ataque frontal. En este sentido, Caamaño afirmaba que se trata de «un ataque a la libertad de elección de las familias» y que era una cuestión ideológica más que recaudatoria.
La mayoría de los centros creen que el impuesto provocará el cierre de muchos colegios
De hecho, según Caamaño, se esta atacando a los servicios esenciales, como la educación o la sanidad. «En toda Europa la sanidad y privada y la educación privada está exenta de esos impuestos», dice el responsable de la patronal insistiendo en que se trata de «servicios esenciales que no se deben gravar». A su juicio, es «insólito» lo que está haciendo el PSOE, algo que a su juicio «no deberían permitir los partidos moderados». Se trata de una cuestión que, además tendría repercusiones económicas . Porque, según Caamaño, esta subida va a suponer que muchas familias «no puedan soportar el coste» y abandonen lo colegios privados y que muchos se vean abocados al cierre.
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Y a ello se une que si esos niños salen de la privada tendrán que ser atendidos en la pública, lo que incrementará los gastos de la educación pública. «No creo que al Estado le compense» , afirma el responsable de Cece que aún confía en que «den marcha atrás». En cualquier caso para Caamaño la forma de actuar del Gobierno es sorprendente. «Lanza una alarma luego dice que se lo va a pensar», explica cuestionando lo ocurrido.
Desde el colegio internacional San Francisco de Paula, su director Luis Rey, también lo ve mal porque a su juicio «el Estado ya cobra la educación a través de los impuestos», además de que hay familias que eligen una opción distinta, la privada y el impuesto sería «un doble imposición» . A su juicio, provocará que cierren colegios y tendrá repercusión económica ya que «va a provocar un incremento de costos al Estado» por la transferencia de alumnos a la pública.
Según el director de este centro, que tiene un plantilla de 250 trabajadores, la subida del impuesto tendría un importante impacto en la factura de los padres. A ello se suma que, según Luis Rey la pérdida más importante sería «la capacidad de innovación que tenemos lo centros privados por nuestra autonomía» .Algo que, a su juicio, se perdería si estos centros tuvieran que desaparecer por los impuestos.
Encarecimiento
Otra opinión la da Beatriz Tarifa, directora del Colegio CEU San Pablo de Sevilla, que considera que ese impuesto supondrá «un obstáculo para la libertad de enseñanza que tienen los padres de elegir qué educación quieren para sus hijos». Además, Tarifa considera que aplicar este incremento en el momento actual, con la crisis derivada de la pandemia, «es totalmente contraproducente ya que va a suponer a las familias un encarecimiento de este servicio y es previsible una pérdida de puesto de trabajo».
Desde el colegio CEU, que cuenta con más de 1.000 alumnos desde 1º de Infantil a 4º de ESO, consideran que la iniciativa pública y privada «no son modelos excluyentes». «La excesiva ideologización del debate educativo, afecta de manera negativa a la calidad del servicio final que ofrecemos» , afirma Tarifa insistiendo en que sus grandes retos son la adaptación curricular, innovación pedagógica y digital o lucha contra el fracaso.
Desde el colegio Highlands, su subdirectora Blanca García de Alvear, casi no se lo cree ya que ese impuesto será «insostenible» para la mayoría de las familias. Además ve «de cajón» que si no pueden pagar la educación privada se van a marchar a la pública y, por tanto, se trata de una medida que va a perjudicar «a una cantidad de gene impresionante». Además para García de Alvear es una «barbaridad» que atenta contra el derecho de la familia a la libre elección de centro. Y sobre todo, perjudicará a las familias numerosas que eligen esta formación.
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