La Marisma respira con la autorización para volver a pescar el cangrejo rojo

El sector del cangrejo rojo respira aliviado ante la autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para volver a pescar esta especie en el Bajo Guadalquivir a pesar de la prohibición del Tribunal Supremo . Este veto será eludido con un plan de control poblacional de este animal (considerado «invasor» pero de cuya captura depende buena parte de la economía de la zona) propuesto por la Administración regional. La firma de ese plan para limitar el crecimiento de la especie da luz verde a la campaña de pesca este año.

Ante esta novedad, ayer se produjeron múltiples reacciones congratulándose de la medida. El alcalde de Isla Mayor , el socialista Juan Molero , mostró su confianza en que la Orden autonómica que regula la extracción del cangrejo rojo solvente el conflicto desencadenado por la sentencia del Supremo, que da la razón a Ecologistas en Acción y anula las excepciones que permitían la pesca y comercialización de este crustáceo, pese a su inclusión en el Catálogo de Especias Exóticas Invasoras.

Mientras la Junta informó de que esta Orden regula un sistema de control de la población mediante su «traslado en vivo únicamente hasta los establecimientos autorizados », como «sistema de eliminación» en el que los ejemplares pasan a «material alimentario», el alcalde expuso que este mecanismo habilita la pesca como «método manual para controlar la población». «Con esto, lo que se hace es cumplir a rajatabla la sentencia», señaló insistiendo en que la nueva regulación avala la continuidad de la captura, actividad clave en Isla Mayor y su comarca, como método «manual de control » de la especie frente a otras vías como «la biológica».

«En principio, nos aseguran que esto sí aleja el riesgo», dijo. «El 70% de la población de Isla Mayor depende de la pesca del cangrejo rojo, por eso la sentencia era todo un desastre económico para toda la comarca. Esta medida permite que en diez días comience la campaña sin problemas y se salve la temporada», indicó Molero.

Desde  la Unión de Ganaderos y Agricultores Andaluces (UPA-A) se manifestó también la «alegría y satisfacción» por la autorización. En una nota, UPA precisó que el plan contempla un control poblacional y «salva» un sector que «es vital» para la economía de municipios como Isla Mayor y Los Palacios y Villafranca. «Se trata de un sector vital para la economía de la zona, porque genera un empleo de 200.000 jornales , de los que el 60% es femenino». Esta organización agregó que el sector genera un volumen de negocio de más de 20 millones de euros ; que procesa tres millones de kilos de cangrejos de las marismas, cantidad de la que el 90% está destinada a exportación; y coloca a Sevilla como «la principal provincial de la península productora de cangrejos de río».

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos , expresó su satisfacción con el ejecutivo andaluz «por la celeridad al elaborar y dar luz verde al plan de control del cangrejo rojo, que permitirá la correcta y equilibrada comercialización de esta especie de crustáceo, cuya captura constituye una actividad clave para la economía de Isla Mayor y su comarca». «Es de agradecer —dijo— el sentido común y la amplitud de miras de la Junta al poner en marcha soluciones, que se traducen en políticas sensibles con las necesidades y el desarrollo de los municipios andaluces. El Gobierno andaluz ha tenido en cuenta los intereses económicos y sociales de un territorio, la Marisma, al respetar la postura unánime de la Diputación y los ayuntamientos de la zona de defensa del sector cangrejero, que, hay que recordar, factura 20 millones de euros anuales y genera unos 200.000 jornales en la comarca gracias a la exportación».

También el PP sevillano mostraba ayer su satisfacción por el hecho de que la Junta «cumpla finalmente su obligación de garantizar la captura del cangrejo rojo», de forma que «hoy el sector puede respirar tranquilo». El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno , aseguró que «desde el día en el que se publicó la sentencia de Tribunal Supremo prohibiendo la captura de esta especie, tanto el Gobierno de la Nación como el PP sevillano se pusieron a trabajar, puesto que se ponían en riesgo el futuro y la economía de miles de familias».