«Mi madre espera postrada en una cama una ayuda desde 2009»

Sólo la mitad de los acogidos a la Ley de Dependencia recibe prestación económica en Sevilla, una provincia en la que el número de beneficiarios a alguna de las ayudas alcanza los 32.000, unos 10.000 más que en 2010.

Detrás de los números hay historias como la de Manuela, una mujer de 77 años y una enfermedad en los huesos que la ha ido minando hasta dificultarle primero la movilidad y luego cualquier tipo de actividad. Vive con su hija, Carmen, que trabaja por las mañanas y no vuelve a casa hasta ya entrada la tarde. Dispone del servicio de teleasistencia y además pagan a una mujer que la atiende cuando ni Carmen ni su otro hijo pueden estar con ella.

Allá por 2009, cuando su madre aún podía desplazarse, aunque lentamente, por su casa, Carmen solicitó a la Junta de Andalucía una ayuda para atenderla conforme al programa de dependencia. Entonces, fueron a su casa asistentes sociales que hicieron el pertinente informe. En abril de 2010 comunicaron a Carmen que su madre tenía un nivel de dependencia grado 2 nivel 1 y que le habían concedido la prestación económica y hasta le pidieron el número de cuenta.

Poco después recibió una carta en la que le recordaron que, mientras se hace efectiva la ayuda económica, podía pedir una revisión del estado de su madre y eso hizo. En octubre de 2011, sin haber recibido ayuda alguna, la revisión otorga a Manuela, que en este tiempo ha visto agravarse su enfermedad y sufrido un ictus , con lo que está postrada en cama, el grado 3, gran dependencia, nivel 1.

Desde entonces hasta este año, silencio. Allá por el mes de junio, le convocan a una reunión con la asistente social del Ayuntamiento en la que le ofrecen trasladar a su madre a una residencia. Carmen, no se lo puede creer. La oferta de la Junta es que abandone a su madre que, por otra parte, se niega a dejar la casa de su hija. Rechaza esa opción y entonces le ofrecen una asistente que iría a su casa 35 horas a la semana, algo inviable, ya que, como ella trabaja, eso les obligaría a tener a alguien para abrirle la puerta .

Lo peor es que cuando también rechaza esa posibilidad le piden que firme un desestimiento , es decir que renuncie a lo que le ofrecen, porque tienen que cerrar el caso, a lo que se niega

Justo tras poner ABC este caso en conocimiento de la Junta, otra asistente social acudió a ver a Manuela. Salud asegura que le van a dar la prestación económica. Carmen no ha recibido una carta que lo confirme pero le han pedido de nuevo que envie documentación. Mientras, clama contra la defensa de que no hay dinero: «Hay para lo que quieren» y apunta cómo se permite que jubilados con patrimonio pero con escasa pensión por haber cotizado lo mínimo disfrutan de la «tarjeta oro» y la usen para recibir comida casi gratis de centros de día que en principio debía dirigirse a quienes están en riesgo de exclusión social.