Los juzgados sevillanos acumulan más de cien mil sentencias sin ejecutar

Los retrasos en hacer efectivas las sentencias que dictan los jueces es uno de los aspectos que revelan la verdadera dimensión del atasco judicial que apenas ha notado los efectos de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos para la instrucción de los casos a seis meses enlas causas simples y a año y medio en las que se declaren complejas. Son asuntos que ya deberían estar resueltos, porque hay una decisión acordada sobre ellos. Sin embargo, siguen en el laberinto judicial sin cruzar la puerta de salida porque falta que se lleve a cabo lo dictaminado por los jueces.

Al finalizar el segundo trimestre de este año, los 145 órganos judiciales sevillanos acumulaban 107.655 sentencias pendientes de ejecución a pesar de que se habían dictado en ese periodo una cantidad de fallos sensiblemente inferior: 46.377, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esas cifras, apenas se ha reducido la bolsa de sentencias que quedaron por finiquitar al concluir 2015. En la provincia se cerró ese ejercicio con 108.440 sin ejecutar.

El problema está en la acumulación de asuntos que se arrastra año tras año. Una circunstancia que es especialmente grave en juzgados de pueblo , en plazas donde cambian los jueces regularmente, ralentizando aún más la tramitación de asuntos.

En los juzgados de Utrera, la bolsa de asuntos pendientes ha seguido creciendo hasta el mes de junio, a diferencia de otros partidos judiciales donde se está dando carpetazo a más expedientes de los que han llegado en ese periodo de tiempo, reduciendo así el nivel del atasco. Entre abril y junio los funcionarios registraron 392 sentencias, se resolvieron 276 pero quedaron pendientes al cerrar el último mes 7.827, entre ellas la de este trabajador que quedó tetrapléjico en un accidente de tráfico en 2004.

José Manuel Sánchez era carretillero hasta que en octubre de 2013 tuvo un accidente de moto en la avenida Menéndez y Pelayo, en la capital. Chocó contra un turismo cuyo conductor realizó una maniobra antirreglamentaria al salir de un garaje. Necesitó más de un año para recuperarse aunque la articulación de uno de los tobillos ha quedado gravemente dañada; tanto que la Administración le ha reconocido una incapacidad absoluta. La denuncia para reclamar la indemnización a la compañía de seguros recayó en el juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla. Desde el accidente hasta que se dictó el auto de título ejecutivo, en el que se fijan las responsabilidades civiles, transcurrieron casi dos años y medio .

Dicho auto no ponía punto y final al procedimiento, tan sólo el juez marcaba el techo máximo de la reclamación que podía hacer al seguro la víctima en virtud de sus lesiones. Así, se fijó ese tope en 150.000 euros. Su letrado recuerda que tuvieron que pactar con la compañía y renunciar a esa cuantía que había marcado el juez, «porque en caso contrario habríamos tenido que acudir a un nuevo procedimiento y se hubiera alargado más el asunto». Casi tres años después del siniestro, José Manuel recibió 120.000 euros del seguro . Durante ese tiempo se tramitó con mayor celeridad su incapacidad temporal que el cobro de la indemnización.

Los juzgados de lo Social son los grandes perjudicados junto a la jurisdicción de lo Mercantil de los efectos de la crisis. La destrucción de empresas y empleo motivó un aluvión de asuntos en estos órganos judiciales, agravando el problema ya existente. En Sevilla se están señalando juicios con dos y tres años de antelación . Es el caso de una cocinera que prefiere guardar su anonimato. En 2015 se encontraba de baja médica cuando se enteró que había sido despedida por un mensaje al móvil de la Seguridad Social, que le informaba de su nueva situación. Su jefe había desaparecido pero antes le había dado de baja. Su demanda por despido improcedente se tramita en el juzgado de lo Social 7 de Sevilla, que tardó nueve meses en admitir su demanda. Su caso es uno de los 125.000 que se acumulan en columnas de papel.