La Justicia devuelve la medalla de Sevilla que le fue retirada a Utrera Molina
La juez del Contencioso nº 7 sostiene que la Diputación no siguió el trámite legal ni pidió dictamen al Consejo de Estado
El juzgado Contencioso-Administrativo nº 7 de Sevilla ha anulado la decisión acordada en 2016 por la Diputación de Sevilla de retirar la medalla de oro de la provincia de Sevilla concedida a José Utrera Molina en 1969. Este martes precisamente se cumplen cuatro años de aquella decisión acordada por el pleno de la institución provincial con el voto favorable de todos los grupos a excepción del PP, que se abstuvo.
Ahora la Justicia devuelve ese reconocimiento al que fuera gobernador civil y ministro franquista porque considera, tal y como alega la familia de Utrera Molina , fallecido en 2017, que la Diputación no ha seguido el trámite legal para la retirada de esta distinción, que entre otros requisitos exige el dictamen del Consejo de Estado o de un órgano consultivo similar. Además, la parte recurrente sostenía en su demanda que en ningún momento se hacía alusión en el expediente de que hubiera «sucedido alguna circunstancia que desacreditara el honor concedido ».
Por su parte, el letrado de la Diputación defendió la legalidad de la medida porque se hizo en virtud de la ley de Memoria Histórica . «Resulta evidente que su concesión en 1969, estuvo motivada por el cargo que ostentaba como gobernador civil y por su participación activa en el régimen franquista», señaló en su escrito de respuesta a la demanda planteada por la familia de Utrera Molina. Además defendió que la retirada del reconocimiento era una medida sin contenido jurídico sino político porque «responde, en la actualidad, al sentir de la voluntad popular representada en el pleno de la Diputación Provincial».
La magistrada Nuria Marín , sin embargo, no entra a valorar el reconocimiento en sí y si el exministro era valedor de tal distinción. Se limita a anular la decisión de la Diputación por no haber seguido el trámite correspondiente que recoge el Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación y en una sentencia de cinco folios declara la nulidad de la resolución acordada por la institución provincial. Además le impone a la Administración el pago de las costas cuantificadas en 600 euros.
El juzgado se ha tenido que pronunciar después de que el TSJA reconociera en junio pasado el derecho de los herederos de Utrera Molina a seguir pleiteando contra la retirada de la medalla. El Alto Tribunal Andaluz le ordenó al juzgado nº 7 de lo Contencioso que debía resolver sobre el fondo de la cuestión. En 2017 y tras el fallecimiento del exgobernador civil, que fue quien inició el proceso, este mismo juzgado no admitió el recurso de los familiares contra la retirada de la medalla justificando esa decisión en que «la revocación o retirada de honores y distinciones carece de eficacia jurídica vinculante, ni para el destinatario de la misma ni tampoco para terceros», señalando que en este caso se trata de «derechos que quedan extinguidos tras el fallecimiento de la persona a la que dicha distinción fue concedida».
Tras comunicarle la retirada de la medalla, el exgobernador civil acusó a la institución provincial de discriminación ideológica por su condición de falangista
Esta decisión judicial sí deja abierta la puerta a que la institución provincial reinicie el expediente para retirar el reconocimiento a Utrera Molina siguiendo el procedimiento correcto tal y como le exige la Justicia.
Hace cuatro años, cuando la Diputación aprobaba la retirada de la medalla de oro, el exministro franquista envió un comunicado de prensa en el que acusaba a la institución de incurrir en una discriminación por cuestión ideológica por su condición de falangista. «El acuerdo de revocación se fundamenta única y exclusivamente en motivos ideológicos y mi lealtad al que fue jefe del estado español Francisco Franco, circunstancias éstas que concurrían en mi persona al tiempo de recibir tal distinción y permanecen incólumes».
Además calificaba de mentiras la acusación de haber participado en algún tipo de represión contra opositores al régimen. «En el expediente no constaba la existencia de testimonio alguno de personas o familiares de personas supuestamente represaliadas durante mi mandato como gobernador, ni de prueba alguna referida a tales extremos (...) No existe ni puede existir prueba alguna de tan graves e injustas acusaciones». Meses después de aquel comunicado, Utrera Molina, quien fuera también secretario general del Movimiento, fallecía en Málaga.
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