El jurado declara culpable al acusado de asesinar a su suegra en Sevilla aprovechando su vulnerabilidad
El tribunal popular, además, no concede credibilidad al informe del mediático psiquiatra forense José Cabrera Forneiro que presentó la defensa
La fiscal del crimen de la suegra asegura que al acusado le «molestaba» la madre de su pareja
El jurado popular que ha juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Sevilla a Rafael N.A. ha emitido al mediodía de este viernes su veredicto. Por ocho votos a uno considera al acusado culpable de matar a su suegra , aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, que tenía 70 años de edad, padecía esquizofrenia y pesaba 39 kilos . El asesino vivía, junto a su pareja y su hija, en un piso de 40 metros cuadrados en la calle Santiago, al que se trasladó la víctima junto a nieto, procedentes de Rusia . Eso fue el detonante de las continuas discusiones en la pareja. El acusado no quería a su suegra viviendo con ellos.
Sobre las cinco y las seis de la madrugada del 21 de agosto de 2019, Rafael N.A. se levantó y se dirigió hacia el salón del piso, donde dormía en un colchón en el suelo, junto a su nieto, la suegra. Allí, según el jurado, la estranguló usando la técnica conocida como 'Mataleón' , apretándole el cuello con el antebrazo. Murió por insuficiencia cerebro vascular. El oxígeno no le llegaba al cerebro.
Además, el jurado considera probado que el acusado se valió de la vulnerabilidad de la víctima para cometer su ataque. Tenía 70 años, padecía esquizofrenia, tiroides y cataratas. Pesaba 39 kilos. Apenas podía moverse de forma independiente. Estaba dormida y, encima, el yerno le había dado Diazepam . La señora no pudo defenderse. Esto supone, como defendió la fiscal, que actuó con alevosía.
El piso, foco de las discusiones
El acusado varios años del crimen había comenzado una relación con la hija de la víctima, a la que había conocido a través de Internet. La mujer, economista, se trasladó Rusia, su país de origen, hasta Sevilla, donde comenzaron una relación "análoga a la matrimonial", según el según el jurado. Tuvieron una hija en común . En el verano de 2018, la mujer se trajo a su sobrino, que había quedado huérfano, y su madre desde Rusia para que vivieran con ella.
Rafael, como ha quedado demostrado en el juicio, no quería que su suegra y su nieto se quedaran a vivir con ellos . Tanto es así que su primera idea era que ambos se fueran a una casa que él poseía en la localidad onubense de Zufre. Pero el mal estado de salud de la suegra hizo cambiar los planes. Todos terminaron bajo el mismo techo en el piso de la calle Santiago.
Después intentó dar al sobrino en adopción, para lo que estuvo recabando la información necesaria. Incluso, según indicó la Policía en el juicio, quiso meter a la suegra en una residencia de mayores . Si bien, su situación irregular en España impidió llevarlo a cabo.
La relación entre el acusado y su pareja fue a peor por la presencia en el piso de su suegra y el nieto. Es algo que admitieron durante la vista oral el propio Rafael y la hija de la víctima, que sigue conviviendo con él a día de hoy. Incluso, movieron sus papeles para una separación. Pero, según los agentes del Grupo de Homicidios que han depuesto en la Audiencia, la muerte de la abuela fue "un antes y un después". Se acabaron las malas relaciones y la dependencia económica de la mujer con respecto al acusado.
El forense y el abogado
El juicio ha estado marcado por las posiciones diametralmente opuestas que han mantenido los forenses que practicaron la autopsia del cadáver por indicación judicial frente al informe del psiquiatra forense José Cabrera Forneiro , el mediático especialista presentado por el abogado de la defensa, Luis Romero.
El jurado ha expuesto en su veredicto que no concede credibilidad alguna al informe de Cabrera Forneir o , que dijo que la muerte había sido provocada por una hemorragia interna; frente a las conclusiones de los forenses judiciales, que apuntaron que la víctima sufrió una muerte violenta por estrangulamiento.
Las fricciones entre el abogado defensor y el magistrado presidente del tribunal, Carlos Lledó, también han protagonizado las sesiones de los juicios. Lledó este viernes ha mostrado su orgullo de haber celebrado su último juicio, antes de su jubilación, con un tribunal popular.
La Fiscalía solicita veinte años de cárcel por asesinato con alevosía para el acusado, frente a la pena mínima que recoge el Código Penal para estas actuaciones, quince años, que es lo que pide la defensa, que ya anuncia recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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