La Junta permite poner en alquiler las VPO que eran para ventas

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunció ayer que la Junta de Andalucía ha dado ya el visto bueno para convertir las viviendas públicas que hasta ahora estaban en venta en inmuebles en alquiler para poder disponer de más vivienda social de manera accesible para los ciudadanos.

Espadas explicó que es necesario habilitar el parque público de viviendas para poder tener más posibilidades de ofertar pisos sociales a quienes no tienen recursos. «Cuando llegamos a la Alcaldía, nos encontramos viviendas destinadas a la venta y que no se vendían ni sorteaban de acuerdo al procedimiento legal. No entendemos por qué estaba paralizado», recalcó.

Además, anunció que la próxima semana se va sentar con todas las entidades financieras que tengan un stock de vivienda y que quieran llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla para que una parte de esos inmuebles pasen a incrementar la oferta pública social durante unos años, «para dar respuesta a quienes en situación de crisis o falta de recursos puedan tener así una solución».

«Las entidades son una oportunidad para incrementar esto , si están de acuerdo», subrayó, añadiendo que el Ayuntamiento se haría cargo de buscar un alquiler para esas viviendas con el respaldo de los servicios sociales comunitarios.

Este anuncio se produjo, por cierto, sólo unas horas antes del pleno extraordinario dedicado a la vivienda que se ha convocado para hoy como consecuencia del acuerdo entre el PSOE, IU y Participa Sevilla para investir a Espadas. En esta cita se debatirán seis medidas para incrementar el parque público y para remodelar la gestión de estos inmuebles. «Es una política importante para la ciudad ante la que durante los cuatro años de oposición hemos hecho batalla para que Emvisesa hiciera una política social de vivienda de verdad», indicó Espadas, que denunció que estos cuatro años con el PP han sido «muy negros» para Emvisesa, ya que «llevaban a una clara disolución por la falta absoluta de voluntad política hacer lo que había que hacer». «Era una empresa clínicamente muerta » que se ha intentado «reconstruir de sus cenizas atendiendo primero lo más urgente, a aquellas personas amenazadas por desahucio y que necesitan ser asesoradas».

Por último, el alcalde aclaró que «hemos podido actuar de manera preventiva para evitar situaciones de desahucio inminente, llegando incluso antes de que se produjera el desalojo. Desde que gobernamos no se ha producido ninguna situación en la ciudad de desahucio, habilitando soluciones temporales».

Varias de las medidas que se votarán hoy van en esa dirección. No obstante, el interventor ha emitido un informe en el que subraya que estas propuestas «carecen de los correspondientes informes jurídicos y de intervención» y que, independientemente de que sean aprobadas, no se podrán aplicar hasta que su departamento analice si se ajustan o no a la ley vigente . Esta medida ya la adoptó de manera verbal el alto funcionario municipal en el pleno de ordenanzas fiscales. Y ahora lo ha vuelto a hacer, pero en esta ocasión de manera oficial, para aclarar que si alguno de los acuerdos adoptados no cumple la normativa en vigor, será rechazado posteriormente aunque cuente con la mayoría de los votos, algo que evitará muchos problemas al gobierno municipal, sobre todo en las propuestas que plantean los dos partidos con los que acordó la investidura del alcalde y que son de competencia estatal o autonómica.