CREA UN GRUPO DE TRABAJO
La Junta pedirá cambiar la ley para que se pueda pescar el cangrejo rojo
Al daño directo a las familias que viven de esta actividad, se suman los posibles riesgos para el arroz
La Junta pedirá al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que modifique «con urgencia» la normativa que prohibe la pesca y venta del cangrejo rojo y permita con ello que las industrias locales y los pescadores puedan continuar con su actividad.
La alarma creada en el entorno de Isla Mayor por este cambio de la Ley tras la sentencia del Supremo que obliga a calificar al cangrejo rojo como especie invasora, lo que implica que no se puede comercializar, hizo que ayer la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, mantuvieran una reunión con representantes de su Ayuntamiento y las cinco empresas comercializadoras de cangrejo rojo allí radicadas.
Fiscal anunciaron que la Junta pedirá al Ministerio «los cambios necesarios para que las industrias locales y los pescadores dedicados a este sector puedan continuar con su actividad». La idea de la Junta es que se modifique la normativa para permitir la pesca y comercialización del cangrejo rojo transformado, no vivo, «evitando así la posibilidad de que esta especie se reproduzca en otros espacios naturales».
El cambio de la normativa se produce cuando la Junta había ultimado un decreto que regulaba la actividad de la pesca del cangrejo, Tanto Ortiz como Fiscal han recalcado que, «desde el primer momento, el Gobierno andaluz ha apoyado a este sector. Este respaldo se materializa en el grupo de trabajo creado por la Junta sobre el cangrejo rojo para estudiar las consecuencias de la sentencia del Supremo y analizar las posibles alternativas.
La paralización de la comercialización del cangrejo rojo afecta a mas de 300 familias dedicadas a este sector y puede tener consecuencias para los productores de arroz , ya que los arrozales de la zona podrían verse afectados por la población de este crustáceo si no se permite su pesca.
También el Pleno de la Diputación aprobó ayer, por unanimidad, reclamar al Gobierno central que recurra la sentencia del Supremo. El acuerdo recuerda que el sector cangrejero de la zona genera hasta 200.000 jornales al año y factura unos 20 millones de euros anuales, el 85 por ciento de ellos procedentes de la exportación. Además pide que se cree una «comisión mixta» para la búsqueda de «una solución que permita la subsistencia de las actividades relacionadas con el cangrejo rojo y la protección del medio ambiente con medidas de gestión y control de expansión de la especie».
Desde Asaja, Emilio Vieira, advirtió del «problemón» y la «tremenda ruina» que se presenta para unas 400 familias en la zona de Isla Mayor con la prohibición de la pesca y comercialización del cangrejo rojo, y de la que «sólo hay un único y directo responsable: Ecologistas en Acción» .
Vieira apuntó que el cangrejo rojo está «plenamente integrado en la cadena trófica de la marisma» y que para acabar con él es necesario un elemento químico que «mata todo lo que haya en el agua», lo que supone «una tragedia ambiental descomunal», pero, por otro lado, si no se puede comercializar, no se pescará y la especie «se descontrolará» . Además, apuntó que ahora se presentará «un problema de furtivismo» y una venta ilegal de cangrejo «sin controles sanitarios».
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