La Junta, obligada por el TS a ampliar matrícula para la diferenciada
La consejera contraataca acusando de «adoctrinamiento» a estos centros mientras el PP la llama sectaria: «O se piensa como usted o no hay ayudas»
La Junt a se ha visto obligada a rectificar en su batalla contra la educación diferenciada. Pero sólo lo ha hecho obligada por los jueces del Tribunal Supremo . Ya ha abierto un plazo extra de matriculación para los centros de educación diferenciada afectados por la sentencia del Tribunal Supremo. De hecho, según explicó ayer la consejera de Educación, Adelaida de la Calle , en el Parlamento de Andalucía, ese plazo habilitado para acatar la citada sentencia, se extenderá hasta el día 30 de junio pese a que el período de matriculación de Educación Infantil, Primaria y Secundaria finalizaba ayer . Los centros afectados por los fallos del Tribunal Supremo y que, por tanto, tendrán más plazo para que los padres matriculen a sus hijos, son Altair, Ribamar, Albaydar, Angela Guerrero y Elcható de Brenes y Nuestra Señora de Lourdes en Carmona, además de otros tres de la provincia de Córdoba .
Todos ellos recibieron el respaldo del TS para que la Junta mantenga el concierto que les retiró ya que el Alto Tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo andaluz contra una sentencia previa del TSJA en el mismo sentido. Sin embargo, pese a que se ve obligada a acatar la orden de los tribunales, Adelaida de la Calle no cejó ayer en sus ataques contra ese modelo educativo al que lanzó graves acusaciones.
La consejera insistió en que no le gusta la educación diferenciada. «Esconde adoctrinamiento y un espíritu sexista» , dijo en respuesta a una pregunta que le formulaba la diputada del PP, Patricia del Pozo.
La titular de Educación recordó los votos particulares que han incluido las sentencias opinando que el TS debería haber esperado a la sentencia que aún tiene que dictar el Tribunal Constitucional y recalcó que siguen pensando que los recursos públicos «no deben asumir un modelo de educación que promueve la desigualdad».
«Se trata de un modelo de educación que promueve la desigualdad», repitió la titular de Educación.
La diputada del PP que formuló la pregunta, Patricia del Pozo, le ha recordado que existen cuarenta sentencias que avalan este modelo educativo y ha insistido en que se trata de una batalla ideológica contra los padres. «En esa batalla compiten su ideología frente a la Ley, las decisiones de los tribunales y la libertad de los padres», le dijo la parlamentaria.
Contra el «sectarismo»
«No podemos aceptar el sectarismo que supone denegar el concierto a colegios que actúan en el marco de las leyes y mucho menos cuando les lleva a incumplir una Ley orgánica. Detectan la diversidad, o se piensa como ustedes o se quedan sin ayudas», explicó Patricia del Pozo recordando que muchos de estos centros de educación diferenciada se ubican en zonas desfavorecidas como el centro Altair.
Por su parte, la parlamentaria del PSOE, Adela Segura , que ha realizado otra pregunta sobre el tema, ha insistido en que no está de acuerdo en que se mantengan con fondos públicos estos centros y que «detrás de este modelo hay un principio de exclusión y un retroceso incompatible con la diversidad de la sociedad».
Pero ayer el debate sobre la diferenciada fue escuchado en vivo por los padres afectados que estuvieron en el salón de plenos asistiendo al debate tras reunirse con varios parlamentarios del PP. Según Gemma García , portavoz de Mis Padres Deciden , la consejera ha sido «sectaria» olvidando la libertad y el derecho de los padres y «utilizado términos peyorativos» para atacarles. «Ataca sin escuchar y sin conocer a estos centros», explicó.
En este sentido, García hizo hincapié en que la consejera demuestra que el adoctrinamiento es el que quiere hacer la Junta con los padres y los niños en Andalucía».
«No podemos entender como la consejera y la Junta sigue gastando dinero público en recurso tras recurso», dijo en referencia a los escritos que tienen pendientes de que resuelva el Tribunal Constitucional. Además la portavoz de Mis Padres Deciden también contestó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que había criticado la educación diferenciada. Según dijo García, la Junta de Andalucía se olvida de que la educación sea pública o concertada «se paga y financia con nuestros impuestos también».
Además, García insistió en que el Tribunal Supremo ha dictaminado que la educación diferenciada no es discriminatoria y que tiene derecho a financiación según una ley orgánica que es de obligado cumplimiento para todos incluso para la Consejería de Educación. La batalla entre la Junta y los padres parece no tener fin aunque, de momento, podrán matricular a sus hijos en estos colegios.
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