La Junta de Andalucía cierra una residencia en Sevilla que servía comida caducada y ataba a los ancianos
Este centro privado, situado en la avenida Manuel Siurot, venía acumulando irregularidades desde 2018, pero en los últimos meses se habían agravado
La Junta ordena el cierre de dos de las tres residencias investigadas por malos tratos a los ancianos
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha ordenado el cierre de una residencia de ancianos en Sevilla por malas prácticas, como ha adelantado Canal Sur Radio. La orden llegó a finales de enero tras una inspección a las instalaciones en las que se han detectado las irregularidades. El centro es Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, situado en la avenida Manuel Siurot , donde se atendía a 19 personas y entre esas malas prácticas está el atar a los residentes con sábanas sin ninguna prescripción médica, como pudieron comprobar los inspectores, además de servir alimentos escasos y algunos caducados.
Noticias relacionadas
El geriátrico, que es privado y no tiene ningún tipo de convenio con la Junta, ya venía acumulando infracciones desde 2018 , según informan a ABC fuentes de la Fiscalía. Sin embargo, fue a principios de este año cuando se detectaron irregularidades más graves que tenían que ver con la atención a los residentes. Fueron los servicios de la Inspección del Gobierno andaluz los que las pusieron en evidencia, llegando sus efectivos a ser testigos de las mismas durante las visitas que han realizado, que se han intensificado de forma generalizada desde la pandemia .
La Inspección fue testigo directo
Los propios inspectores comprobaron que algunos ancianos estaban atados con sábanas , «un procedimiento totalmente irregular», como indican las fuentes consultadas. Otros sufrieron pequeños accidentes sin que ningún personal sanitario los atendiera después y pudieron ver que presentaban síntomas de patologías que no estaban siendo tratadas, pues no había constancia de visitas a los servicios sanitarios ni seguimiento médico. También se encontraron alimentos caducados y almacenados sin control.
Algunas personas presentaban síntomas de patologías que no estaban siendo tratadas, pues no había registro de visitas médicas
Cuando se requirió la documentación de las personas que vivían en este centro no aparecían los contratos de admisión, que son los documentos que firman cuando se ingresa en este tipo de instituciones. Tampoco los trabajadores estaban en una situación regular, pues algunos carecían de contrato.
La Fiscalía abrió diligencias cuando recibió la comunicación de los servicios de la Consejería de Igualdad y ha llamado a declarar al responsable de las instalaciones que acudió recientemente con su abogado a las dependencias judiciales. Mientras tanto, los residentes han vuelto con sus familias y sólo uno ha pasado a ser atendido a un centro público en el que ha sido reubicado, como confirma la Consejería de Igualdad, que abrió el expediente el 28 de enero y tras comprobar las sucesivas irregularidades ordenó el cierre el 24 de marzo.
