TRIBUNALES
El juez de los vertidos de Emasesa pide el organigrama de la Consejería de Medio Ambiente durante diez años
El magistrado José Ignacio Vilaplana archiva la causa respecto al diputado socialista y exdelegado provincial José Losada y otros investigados de esta delegación
El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga posibles delitos contra el medio ambiente por vertidos contaminantes en tres estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR) de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas ( Emasesa ), ha ordenado a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que informe de su «organigrama desde julio de 2010 hasta septiembre de 2020, con indicación de los cargos directivos de Consejería, Viceconsejería, direcciones generales, Secretaría General y Secretaría General Técnica», con la «identificación de las personas que han sido titulares de cada uno de dichos cargos».
En este asunto, el magistrado José Ignacio Vilaplana, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, indaga si la empresa municipal, como responsable de tres depuradoras ubicadas en Sevilla y su entorno, no llevó a cabo el correcto tratamiento de aguas que obliga por ley. En concreto son las estaciones El Copero, Tablada y San Jerónimo.
Esta deficiencia habría producido vertidos contaminantes en el río Guadalquivir y en su afluente Guadaíra. En esta causa, inicialmente estaban investigados la cúpula de Emasesa y a altos cargos de la Junta, junto a sus respectivos predecesores, por posible delito medioambiental.
Los ocho investigados son Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa ; su antecesor, Jesús Manuel Maza; el exdirectivo de la compañía Antonio Díaz; el exdelegado de Medio Ambiente de la Junta, el socialista José Losada; su predecesora Dolores Bravo; y los cargos intermedios en la misma delegación: Charo Montes, Salvador Camacho e Iván Núñez.
La construcción de las nuevas estaciones
En un auto emitido el pasado 25 de marzo, el juez, accediendo a la petición de la Fiscalía, decide el sobreseimiento provisional de la causa respecto al diputado nacional del PSOE y exdelegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente José Losada, así como respecto al resto de investigados en el procedimiento asociados a la citada delegación.
La Fiscalía trasladaba en un reciente escrito elevado al Juzgado que «desde 2010 existía una obligación por parte de la Junta de Andalucía de construir las (nuevas) EDAR respecto de las que se venía cobrando un canon para obras y se habían recibido fondos Feder», además de que «Emasesa, al menos desde 2013, venía instando la ejecución de las obras».
El convenio entre la Consejería de Medio Ambiente y Emasesa «para la ejecución de las obras» de renovación y mejora de las EDAR sevillanas «no ha sido firmado hasta septiembre de 2020, es decir diez años después de su declaración como de interés autonómico», según exponía la Fiscalía en su escrito, por lo que «disponiendo de fondos recibidos y recaudados para ese fin, siendo de su competencia y teniendo capacidad económica para afrontarlo, en caso de que se haya puesto en grave peligro la calidad de las aguas , cosa por determinar aún, existe presuntamente responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente ».
Con relación a los altos cargos y funcionarios de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente investigados en la causa, --José Losada y Dolores Bravo como ex delegados provinciales o territoriales, así como el secretario de dicho departamento provincial de la Junta de Andalucía y dos jefes de la sección de Informes y Sanciones de tal departamento--, la Fiscalía veía «dejación de funciones» porque « no hay expedientes sancionadores abiertos frente a los reiterados incumplimientos por parte de Emasesa , pero en cuanto a las medidas cautelares a ejercer, difícilmente podía acordarse ninguna que permitiera el cese de los vertidos contaminantes por cuanto no podía paralizarse el curso de las aguas residuales urbanas».
La responsabilidad en la Consejería
Además, la Fiscalía veía «discutible que pueda hablarse de prevaricación omisiva en la no incoación de expedientes sancionadores» por parte de los citados investigados, porque «la capacidad de reversión» de la situación «estaba esencialmente en la propia Consejería de Medio Ambiente» , por lo que reclamaba sobreseer las actuaciones respecto a las personas ya citadas, solicitando además «que se recabe quiénes han ejercido entre 2010 y 2019 el cargo de consejero de Medio Ambiente», pues la actual consejera, la popular Carmen Crespo, «ocupó el cargo en 2019 y en 2020 ha firmado el convenio para las obras» de las EDAR de Emasesa y por eso «no existen contra ella indicios de responsabilidad penal».
Una vez analizada la petición de la Fiscalía, el juez José Ignacio Vilaplana, en su último auto, coincide en que « las posibilidades de actuación de los responsables de la Delegación Provincial habrían de resultar muy limitadas , pues la adopción de medidas preventivas o sancionadoras por su parte difícilmente podrían permitir alcanzar la finalidad pretendida de evitar o revertir la situación ilícita concurrente, dado que la solución eficaz a los vertidos habría de pasar por unas obras de adaptación en las EDAR ; actuaciones que serían responsabilidad directa y exclusiva de los servicios centrales de la Consejería de Medio Ambiente y de Emasesa , resultando contrario a toda lógica que la Administración sancione por una infracción, a consecuencia de un ilícito administrativo, cuando es la misma Administración la que, en última instancia tenía el dominio y la disposición de evitar el propio hecho antijurídico constatado».
Por eso, el juez ordena el sobreseimiento de las actuaciones respecto a los encartados, así como respecto a Drace Infraestructuras como contratista del mantenimiento de la EDAR de El Copero; Francisco Javier P.L. como jefe de dicha planta; las empresas de la UTE gestora de la EDAR de Tablada; el director de la misma, Rafael María L.S.; las empresas de la UTE encargada de la EDAR de San Jerónimo y Manuel F.H. como jefe de la citada instalación, pues «aún cuando ejercían de forma directa la gestión de las depuradoras, no estaban facultados para implantar medidas de mejora en la depuración, como serían los procesos químicos de rebaja del fósforo, sin la previa autorización de Emasesa».
Estas diligencias tienen su origen en una denuncia de Ecologistas en Acción que llevó ante la Fiscalía. El Ministerio Público vio indicios de delito y la presentó en los juzgados. Dicha denuncia tiene como base el informe elaborado por el Seprona que apuntaba a irregularidades en las depuradoras (Edar) del Copero, Tablada y San Jerónimo. Los agentes informaron a la Fiscalía que habían detectado durante su inspección «vertidos de alta potencialidad contaminante, en particular de fósforo y nitrógeno». Estos elementos tienen un efecto fatal en el agua porque agotan el oxígeno, «impidiendo la vida de los seres vivos», generan mal olor, disminuye la calidad y potabilidad del agua, y modifica el ecosistema «pudiendo perjudicar la salud humana».
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