La «mafia» del taxi del aeropuerto de Sevilla, más cerca del banquillo por «organización criminal»
La magistrada cierra la instrucción procesando a 27 conductores y a la propia Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi; reprocha al Ayuntamiento no haber actuado frente a estas actuaciones coercitivas y violentas
La juez de Instrucción número 8 de Sevilla ha cerrado la instrucción de la denominada macrocausa de la «mafia del taxi» por las agresiones y coacciones de los miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi en las instalaciones del aeropuerto de San Pablo de la capital a otros servicios de transportes como los vehículos de transporte concertado (VTC) o el autobús público. Ha procesado a 27 taxistas y a la propia asociación por «organización criminal, coacciones y daños» . Pero la magistrada dirige también un reproche para el Ayuntamiento de Sevilla , al que achaca no haber actuado para frenar esa situación de monopolio.
Esta causa se originó cuando la Brigada de Información de la Policía Nacional asumió en 2017 la investigación en torno a estas agresiones y coacciones que estaban sufriendo los VTC en la parada del aeropuerto y de Santa Justa. Pero el enfoque de la investigación se amplió al monopolio que había instaurado esta asociación en San Pablo, donde impedían trabajar a personal ajeno a su colectivo.
Entre los 27 procesados, la mayoría de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi , se encuentran el que fuera su líder durante años, Enrique Filgueras, y el actual presidente, Antonio Velarde.
Pero además de desgranar las coercitivas actuaciones de los investigados para ejercer presión con respecto a la competencia, la juez dedica una parte de su auto, al que ha tenido acceso este periódico, para analizar la actuación del Ayuntamiento de Sevilla , especialmente durante la etapa de Juan Espadas.
Público y notorio
La instructora expone que desde las instituciones municipales, tal como declara el concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera , que estuvo investigado en esta causa, «se niega un tipo de acuerdo o permisividad relativo al uso exclusivo de esa parada, si bien también se niega conocer un hecho que es público y notorio en la ciudad y en el gremio de los taxis, como es que la parada del aeropuerto sólo es cubierta por quienes son miembros de la asociación, sin que conste que el Ayuntamiento haya adoptado medidas algunas para intentar vigilar esta situación o velar porque no se continuara produciendo».
No obstante, la juez reconoce que es cierto que «si bien se creó una brigada de Policía Local que entre otras funciones tenía la vigilancia y control de está parada, los propios agentes que la integran llegan a declarar que eran insuficientes , que carecían totalmente de recursos, que no podían estar permanentemente vigilando y que en todo caso cuando recibían un aviso de un incidente en el aeropuerto tenían dificultades para poder reconstruir los hechos y únicamente podían denunciar en los casos en que así se constataba«.
Tras todas las diligencias practicadas durante los años de instrucción, la juez concluye que Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, inicialmente constituida desde el punto de vista formal y tal como reflejan sus estatutos como una asociación sin ánimo de lucro y tendente a salvaguardar los derechos e intereses de sus afiliados como titulares licencias de taxi, se convierte y opera como «una verdadera organización criminal», siendo un grupo «perfectamente estructurado y jerarquizado» a cuyo frente se encuentra el expresidente Enrique Filgueras y tras éste los demás miembros de la directiva, quienes vienen recibiendo «instrucciones e indicaciones directas de éste, con un catálogo interno de infracciones y sanciones de estricto cumplimiento, con un marcado carácter de sometimiento a las instrucciones y criterios del líder que incluso se pone de manifiesto en los términos en que deben dirigirse al mismo cuando pretenden recurrir o hacer alegaciones a una de esas sanciones internas«.
Todo ello, según la juez, «con el objetivo esencial de obtener un beneficio económico, tanto por el establecimiento de una retribución mensual fija al presidente y la percepción de algunas retribuciones por los miembros de la junta de directiva, como esencialmente por atribuirse por la fuerza y con medios coactivos y vandálicos, el uso exclusivo de la parada de la terminal del aeropuerto , impidiendo así que el resto de los taxistas con licencia municipal en esta ciudad en una gran mayoría, no puedan acudir a dicha parada«, conducta tipificada en el modo que se concluye.
En cuanto a las actuaciones violentas y actos vandálicos realizados con tal fin, de lo actuado, de las grabaciones aportadas y diligencias de investigación practicadas, se desprenden que participan activamente en las mismas 27 taxistas, entre ellos el expresidente y el actual presidente.
Esta «organización criminal» se dirigía desde las instalaciones que tenían dentro del aeropuerto cedidas por AENA. En ella, Filgueras disponía de una oficina . También tenían un bar y pantallas con las cámaras que tenían instaladas en la zona de parada de San Pablo. En el registro policial de junio de 2017, se interviene documentación y material informático que una vez analizado resultan ser entre otras una libreta de anotaciones en las que se hacen costar fechas de reuniones y asambleas, anotando los asistentes, temas a tratar, exposición de asuntos y resoluciones.
En dichas anotaciones se reflejan sanciones impuestas por el comité de sanciones a los taxistas por dejar el túnel de llegadas vacío, por ejemplo. Una de las situaciones recogidas en el catálogo de infracciones y sanciones.
Los agentes hallaron un documento con los principios básicos de comportamiento general , en el que se consignan una serie de comportamientos a observar por los integrantes de la asociación.
La máxima pena que tipificaba la asociación era la expulsión por no asistir a una concentración o por haber faltado a una movilización teniendo los afectados que presentar justificantes médicos o de cualquier tipo que le permitan exonerarse de dichas sanciones.
Territorio exclusivo
La propia naturaleza de las sanciones impuestas pone de manifiesto el dominio y uso exclusivo que de la parada del aeropuerto realiza la asociación hasta el extremo de que todas las sanciones van referidas a prohibición de cargar en la parada del aeropuerto, no del ejercicio general de la actividad ni de ningún otro extremo.
En la causa han depuesto testigos protegidos, que han coincidido en señalar que « es imposible que un taxista que no pertenezca a la asociación pretenda acudir a dicha parada , negándosele por supuesto la entrada al local del aeropuerto pero igualmente negándosele la parada en la carpa del mismo«.
Para la juez, no tiene ninguna otra explicación lógica incluso el hecho de que de las más de 2.000 licencias vigentes en esta ciudad , la parada del aeropuerto sólo sea utilizado por el porcentaje que implica los afiliados a la asociación, cuyo número precisamente sería limitado y su admisión condicionada por cuanto debe permitir continuar en un uso de la parada por un número de licencias tal que permita obtener o tener garantizado un beneficio económico en perjuicio del resto .
Múltiples testigos pone de manifiesto que «lo más que pueda hacer un taxista concertado es acudir a la parada de salidas nunca a la de llegadas , habiendo sufrido ataques, insultos e incluso daños en los vehículos«.
Los privilegios del líder
La instrucción, según la magistrada, ha puesto en evidencia la preferencia y los privilegios del que fuera presidente, Enrique Filgueras, y directiva de la asociación, que tienen establecido un sistema por el cual incluso tienen que cederle el turno cuando acceden a la parada , bajo la premisa o excusa de que no han podido estar en espera porque han estado realizando funciones en beneficio de la asociación.
En el registro policial se halló decenas de boletines de denuncia de la Policía Local , teniendo diversas anotaciones manuscritas con observaciones sobre los agentes denunciantes o la norma infringida. 63 de esos boletines en concreto eran del año 2003, siendo 62 de ellos del día 30 de septiembre por el motivo de prestar servicio el día que no les correspondía o prestar servicios en el aeropuerto. No se ha podido acreditar que estos boletines llegaran a ser tramitados de modo efectivo por el Ayuntamiento de Sevilla y a llevarse a efecto las sanciones impuestas. Los retrasos del Instituto del Taxi tiene sus consecuencias.
Las fotos de Cabrera
Pero también se encontraron fotos de coches de Policía Local o de los agentes que realizaban el mayor número de actuaciones en las instalaciones del aeropuerto. A este respecto consta que existía una «relación cercana, estrecha o de amistad entre los miembros de la asociación y en concreto su presidente con cargos del Ayuntamiento de Sevilla, constando expresamente un reportaje fotográfico hallado en el que con motivo del enlace civil del señor Filgueras y en los actos de celebración del mismo aparecen el concejal de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, y el director general del CECOP, no sólo en fotografías aisladas sino incluso en fotografías del grupo y familiares«.
Para la juez, hay «indicios suficientes para estimar acreditado que la actividad de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, dirigida por Enrique Filgueras, estaba encaminada a un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla , teniendo atribuido el uso exclusivo de la parada existente en la terminal de llegadas, así como de la carpa que se ubica en el exterior de esas instalaciones que tenían concedidas por el aeropuerto de Sevilla, que en ningún modo formaban parte de dicho contrato y a las que se impedía con medios coactivos el acceso de profesionales del taxi y que no formarán parte de la asociación«.
Ese monopolio llevó a los investigados a poner en marcha actuaciones coercitivas y peligrosas contra vehículos particulares estacionados, vehículos taxis concertados y vehículos VTC, así como incluso los autobuses de la empresa Tussam.
«La guerra abierta contra VTC»
Pero el conflicto más duro lo han mantenido con los VTC, contra quienes los investigados, según la juez, han protagonizado actos vandálicos y violentos. Tenían a los vehículos VTC identificados mediante fotografías. «Tienen o al menos en sus inicios emprendieron una clara guerra abierta contra dichos servicios, por entender que estarían limitando su capacidad de negocio y que le estarían lo que entienden robando a los clientes», asegura la juez en su auto.
«Existía una concreta animadversión hacia estos servicios pretendiendo impedir que pudieran acudir al aeropuerto a recoger pasajeros, obligándoles finalmente a estacionar sus vehículos en una zona del parking habilitada al efecto, pero igualmente intentando amedrentar a los conductores y causar daño en sus vehículos para intentar que no se prestasen tales servicios«.
Por más que la representación y defensa de la asociación en el curso del procedimiento insista en que no se trata más que de lo que califica de « construcción novelesca de la Brigada de Información« que elabora los atestados, se suceden indicios más que suficientes para la conclusión que se ha descrito y la calificación de la actuación de los miembros de la asociación con dicha finalidad,
En este sentido, destaca los actos vandálicos que se produce en en las instalaciones del aeropuerto el 23 de febrero de 2018 en el hall de llegadas, en el aseo de caballeros del vestíbulo, justo cuando la asociación había recibido la comunicación de AENA del vencimiento de la prórroga del local del aeropuerto y la comunicación de extinción y requerimiento para que abandonen el mismo, siendo así que los las personas identificadas en las cámaras de seguridad en las inmediaciones de dichos aseos dañados resultan ser integrantes de la asociación.
Paralelamente a esto existen denuncias y declaraciones prestadas por otros conductores de servicios de alquiler de vehículos con conductor de empresas de esta ciudad, que se han visto perseguidos, amedrentados, dañados en sus vehículos y que a veces han terminado por desistir de la prestación del servicio al no querer enfrentarse a tales incidentes o no afrontar las pérdidas económicas derivadas de tales daños e incluso el desprestigio para su propia clientela.
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