Tribunales
La juez pregunta al fiscal si ve indicios de delito en el incidente de Cabrera en el bar
El Juzgado de Instrucción que investiga la denuncia de Vox al teniente de alcalde socialista pide al Ministerio Público que se pronuncie, después de que la defensa ya expusiera sus alegaciones
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla , que investiga la denuncia de Vox contra Juan Carlos Cabrera , teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, por el incidente protagonizado por el dirigente municipal el 6 de enero en el restaurante El Principico de Los Remedios, ha preguntado a la Fiscalía si ve indicios de delitos en los hechos denunciados .
En una providencia, con fecha de 10 de febrero y a la que ha tenido acceso este periódico, la juez remite lo que obra en la causa hasta el momento al Ministerio Público para que señale si aprecia existencia o no de indicios de delitos en los hechos denunciados por Vox, o si en su caso se adhiere a la petición subsidiaria que ha realizado la defensa de Cabrera de que, antes de que se le cite para declarar, se recabe informe de la Policía Local sobre su intervención el día 6 de enero en dicho establecimiento después de la llamada de una familiar del concejal por un incidente con los dueños del bar .
La juez, tras solicitar de forma inusual las alegaciones a la denuncia por parte del denunciante, ahora quiere conocer la posición del Ministerio Público con respecto a los hechos denunciados por Vox, que relaciona a Cabrera con la presunta comisión de hasta cinco delitos.
Esto llega después de que este periódico adelantara la semana pasada la versión de los hechos, la última ofrecida, del propio Cabrera al PP a través de un escrito y en la que admite por primera vez que aquel día habló por teléfono con el jefe superior de la Policía Local de Sevilla , José Medina Arteaga, tras la discusión con los encargados del bar por la negativa del establecimiento a colocarles una mesa para diez personas.
Alegaciones de la defensa
El 6 de enero era uno de los días en los que la normativa sobre las medidas para contener el Covid-19 permitía diez personas comiendo en la misma mesa, pero en El Principico ofrecieron a Cabrera y su familia dos mesas separadas y el asunto derivó en encendida disputa verbal y con el político y los suyos marchándose del local. Minutos después, agentes de la Policía Local se personaron en el restaurante y estuvieron realizando una inspección durante horas. Cabrera reconocía así que charló por teléfono con Medina del incidente en cuestión.
En las alegaciones presentadas por el abogado del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García-Quílez, en las que se arremete contra la posición adoptada por Vox queriendo dirimir un asunto político en los juzgados y todo para pedir la «cabeza» de Cabrera , el letrado intenta desmontar los cinco delitos que le imputa Vox a su cliente en una «fantasiosa denuncia repleta de falsedades, invenciones y exageraciones ».
A juicio del letrado, no existe un delito de coacciones agravado por un hipotético abuso de autoridad; tampoco existe un delito de odio porque el propio dueño del bar ha desmentido que Cabrera se dirigiera a él de forma xenófoba. El delito de injurias , por idéntico motivo, tampoco se da. Rechaza el abogado de Cabrera que se produjera un delito de desorden público , pues ni se amparó en su actuación en un grupo de personas (entre ellas sus padres octogenarios) ni ejecutó actos de violencia.
Sobre el quinto delito, prevaricación administrativa dolosa, García-Quílez explica que «aun negando lo que ya hemos negado, que es que Cabrera ordenase intervención policial de tipo alguno», decir que se ha cometido una prevaricación administrativa es decir, que el concejal «ha dictado una resolución injusta, con plena conciencia y deliberadamente, a sabiendas de que la ilegalidad es evidente, patente, flagrante y clamorosa, como exige la jurisprudencia para considerar este tipo, es sencillamente un atropello a los más elementales y básicos conceptos jurídicos».
El escrito de alegaciones concluye solicitando a la juez el archivo y sobreseimiento de la causa . Y si subsidiariamente, solicita que en caso de no decretar el archivo se dirija a la Policía Local para recabar toda la información necesaria para esclarecer los hechos y así evitar que Cabrera «tenga que acudir al juzgado a prestar declaración». Lo siguiente será que la Fiscalía se pronuncie.
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