Un juez paraliza cautelarmente la licencia de obra de las Atarazanas

El Juzgado de los Contencioso Administrativo 9 de Sevil la ha suspendido cautelarmente la licencia de obra en las Reales Atarazanas, concedida por la Gerencia de Urbanismo en enero de 2006, por considerar que podrían afectar de forma irreversible al edificio. La resolución judicial, contra la que cabe recurso de apelación, responde a la solicitud de suspensión formulada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Andaluz (Adepa) contra el proyecto del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra.

Adepa espera que los tribunales finalmente reconozcan que las obras no sólo habrían producido daños irreversibles, sino que el proyecto de Vázquez Consuegra «no respeta la normativa vigente, ni el pasado, ni las posibilidades del edificio». Joaquín Egea, portavoz de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Andaluz , adelanta ya que «si la sentencia final nos fuera favorable, presentaríamos denuncia penal contra los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta de Andalucía, especialmente los miembros de la Comisión de Patrimonio, que, a pesar de su manifiesta ilegalidad, aprobaron este proyecto, como muchos otros parecidos en Sevilla».

El auto paraliza cautelarmente las obras al considerar que podrían afectar «de forma irreversible al edificio». En este sentido, señala que «hay que valorar los posibles daños que pueden originarse en el edificio al efectuar la perforación de los micropilotes». El magistrado abunda sobre ello al decir que «la ejecución de los micropilotes afectaría a los restos arqueológicos, y si bien podría ser reversible al desmontarlo no hay lugar a dudas que dejaría señal en el edificio y podría destruir restos arqueológicos».

«Las pilastras, al quedar abrazadas y perforadas, siendo estas el elemento constructivo característico y de mayor antigüedad del edificio, deben ser objeto de protección en esta medida cautelar, puesto que el recurso perdería la finalidad al pretender la protección y conservación del edificio que no se podría asegurar», según el juez, para quien la protección del Patrimonio Histórico Artístico es más importante que «el tenue interés de ejecutar» de las administraciones. «En cuanto a los posibles perjuicios económicos que soportaría la titular de la licencia, hay que observar que La Caixa no se persona en el procedimiento, por lo que no se pueden ponderar, ni, en su caso, considerar a efectos de una hipotética caución», añade el auto.

A juicio de Adepa, existe una falta de diálogo de las partes implicadas. Así, cree que se podría haber evitado esta situación si Vázquez Consuegra, la dirección de La Caixa o el delegado de Urbanismo. Paran Egea, portavoz de Adepa, la suspensión cautelar de la licencia de obras es «una noticia de enorme trascendencia para Sevilla, ya que están en peligro los valores arquitectónicos de un edificio fundamental para la ciudad por su historia, ya que data del siglo XIII; por sus valores espaciales y por sus posibilidades de futuro».

A este respecto, Egea subraya que «la introducción de encepados, escaleras mecánicas y elementos ajenos a una construcción de esa época, sin el oportuno y profundo estudio arqueológico, de comenzar ya, hubieran hecho innecesario cualquier juicio, ya que una vez actuado sobre los pilares y destruido el salón de actos de Barrionuevo, el daño hubiera sido irreversible».