El juez mandará a juicio el caso DeSevilla, del que exculpa a Torrijos: su gerente, el único procesado

El desvío de un millón de euros desde el Ayuntamiento de Sevilla a países con gobiernos comunistas durante el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín y Antonio Rodrigo Torrijos llegará a juicio. Así lo ha solicitado el fiscal del llamado «caso DeSevilla» , fundación que se encargaba de gestionar ayudas de cooperación que supuestamente nunca se ejecutaron. Según fuentes judiciales consultadas por ABC, el juez que ha instruido la causa, Juan Gutiérrez Casilla, ha concluido sus diligencias y emitirá el auto de procedimiento abreviado que solicita el Ministerio Público, aunque el sumario ha tenido varios giros en los últimos meses y, finalmente, todas las miras se centrarán en el que fue gerente de esta fundación, Miguel López Adán . El principal imputado, Antonio Rodrigo Torrijos, ha sido excluido de la investigación después de que el fiscal atendiera el razonamiento de su defensa, que considera que en el caso de haber irregularidades en su actuación como primer teniente de alcalde que otorgó estas subvenciones, sólo serían de carácter contencioso administrativas , por lo que el exportavoz de IU en el Ayuntamiento no tendrá que responder penalmente por ellas. En la misma situación se encontraría el que fuera delegado municipal de Economía, Carlos Vázquez .

La Fundación DeSevilla, que es la denunciante, no recurrió esta decisión. De hecho, según las mismas fuentes, desde que se produjo el cambio de gobierno en el Ayuntamiento apenas se han solicitado nuevas pruebas y se ha optado por mantener una actitud pasiva ante el juzgado, a pesar de que tanto los atestados de la Guardia Civil como el informe pericial encargado por el magistrado a la empresa KPMG señalan de manera muy directa a Torrijos como responsable de la adjudicación de las subvenciones y de la posterior falta de justificación de las mismas. Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Juan Espadas tras su investidura fue prescindir de los servicios de la abogada que había formulado la denuncia durante el mandato de Juan Ignacio Zoido . Desde entonces, la acción municipal para esclarecer dónde fueron a parar los 990.000 euros que según la Guardia Civil y los peritos no se justificaron y quiénes son los responsables de esta situación ha decrecido de manera muy evidente, según subrayan a este periódico las citadas fuentes.

En todo caso, habrá juicio, ya que durante los más de dos años que ha durado la instrucción no se ha logrado averiguar el destino del dinero . Se trata de 990.000 euros correspondientes a distintas subvenciones otorgadas por la Delegación de Relaciones Institucionales de aquella época, dirigida por Torrijos, a la Fundación DeSevilla, un organismo externo gestionado por miembros de IU, como Miguel López Adán y Carlos Vázquez. Estas ayudas de cooperación al desarrollo internacional iban destinadas a proyectos como la construcción de un incinerador en un cementerio de La Habana , la compra de equipos informáticos para Cuba, la rehabilitación de una casa en el casco histórico de la capital castrista o la compra de diversos materiales para el Injuve de Nicaragua.

Según las investigaciones policiales llevadas a cabo, muchos de estos proyectos no se hicieron o ya habían sido ejecutados por otros, a pesar de lo cual se presentaron facturas de justificación, como en el caso del incinerador. Sin embargo, cuando saltó el escándalo, el gerente pidió retirar estas facturas del expediente , por lo que no se pudo justificar nada. Pero no se devolvió el dinero. El fiscal llegó a asegurar en uno de sus escritos que ese millón de euros podría haber sido destinado a «fines particulares y/o partidistas» , ya que, entre otras cosas, los peritos habían asegurado que el 70 por ciento de las subvenciones se había usado para pagar al personal de la Fundación y que estos trabajadores, a su vez, ingresaban una parte de sus sueldos al partido. Literalmente, los peritos aseguran que «más del 70 por ciento de los gastos justificados de los expedientes corresponden a gastos de personal , seguido de los gastos de viajes». Además, «estas personas se encuentran actualmente vinculadas con Izquierda Unida ». En consecuencia, continúan los expertos de KPMG, «el papel y la implicación de Antonio Rodrigo Torrijos en la concesión y aprobación de subvenciones a la fundación resulta clave y guarda relación directa y final con la situación económica y financiera» que presentaba este organismo.

Este informe fue impugnado por Torrijos en marzo de 2015 alegando defectos de forma en la designación de los peritos y su «ausencia de objetividad e imparcialidad» en tanto que el gobierno del PP tenía varios contratos suscritos con la misma empresa a la que pertenecían. En su recurso, la defensa del exportavoz de IU añadía que «los emisores del informe lo han realizado sobre lo que les ha parecido, sin ceñirse a un objeto de análisis económico y contable, sino que emiten opiniones, juicios de valor , valoraciones subjetivas, conjeturas sobre las más diversas cuestiones, todas ellas ajenas a lo que debe ser un informe pericial de contenido económico en el ámbito de un proceso penal». A juicio de los imputados, este caso se sustentaba en una «investigación universal de cuantos hechos, suposiciones, rumores y desafueros informativos de algún medio escrito de comunicación puedan desprestigiar el honor de representantes políticos de partidos que no sean los que sustentan determinadas instituciones públicas». Y reiteraban que, como mínimo en el caso de Torrijos, las irregularidades que se hubieran podido detectar sólo tenían repercusión administrativa. Finalmente, sus teorías han prosperado y Rodrigo Torrijos, que se sentará en el banquillo por el caso de la venta de los suelos de Mercasevilla , no tendrá que responder ante la Justicia por este tema. El proceso continuará para Miguel López Adán y el denunciante seguirá siendo el Ayuntamiento, ahora gobernado por el PSOE gracias al apoyo de Participa Sevilla e IU, que también le respalda en los presupuestos.