Una juez investigan al alcalde de Bormujos por anular un concurso que ganó un empresario del PP

Convocó un concurso público para el mantenimiento, señalización y regulación del tráfico en el pueblo, los técnicos dieron la mayor puntuación a la empresa Aplika y el alcalde socialista decidió, una vez adjudicado el contrato, renunciar a él porque el empresario ganador es militante del PP . Esta es la denuncia por la que el regidor de Bormujos, el socialista Francisco Miguel Molina , tendrá que declarar como investigado ante la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, el próximo 6 de febrero.

Según el auto dictado por la magistrada, al que ha tenido acceso este periódico, primero tomará declaración como testigos a los técnicos municipales que participaron en la adjudicación del concurso y, finalmente, recabará el testimonio del alcalde por un posible delito de prevaricación administrativa , ya que podría haber tomado una decisión arbitraria e injusta sólo porque el beneficiado por la adjudicación pertenece a otro partido político. La denuncia formulada por el abogado José Manuel Martín Leal es muy directa en ese sentido y considera falsa la justificación dada por el Ayuntamiento para anular el contrato de 59.000 euros , en la que alude a un informe de la Delegación de Obras y Servicios Públicos en el que se asegura que los trabajos sacados a concurso ya se habían realizado por parte de los servicios municipales y gracias a «nuevas contrataciones de la bolsa social de empleo».

El denunciante, Francisco Javier Vázquez , sostiene que este pretexto es «grosero» porque el concurso se licitó en junio de 2016, en agosto se abrieron los sobres y en octubre se realizó el informe de valoración, por lo que «no es razonable ni tiene sentido que el alcalde inicie en junio un expediente de contratación, se tramite hasta octubre y, una vez se tiene conocimiento de cuál es la empresa con mayor puntuación , se guardan los sobres y se paraliza el procedimiento para venir a decir que desde junio no es necesario el servicio».

Por todos estos motivos, la parte denunciante asegura que «el contenido del informe del técnico de la Delegación de Obras en que se ampara la resolución falta a la verdad por cuanto la razón de fondo, omitida en dicho acto administrativo, es que por parte del alcalde de Bormujos (PSOE) no se quiere adjudicar el contrato a la empresa que obtuvo la mayor puntuación (Aplika), sin temor a equivocarnos, por ser de todos sabido en la localidad de Bormujos que mi mandante, administrador de Aplika, es afiliado y activista conocido del partido político PP , contrario al que ha aupado al señor Molina a la Alcaldía de Bormujos, de ahí que el concejal de Seguridad guardara los sobres».

La juez ha requerido a la Policía Local de Bormujos todos los partes de incidencias enviados a la Delegación de Obras del Ayuntamiento sobre «deficiencias detectadas y observadas para su reparación en las vías de tráfico urbano» entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de diciembre de ese mismo año, ya que la instructora quiere averiguar si es cierto que el propio Ayuntamiento subsanó esas deficiencias. Igualmente, ha pedido a la Delegación de Personal que le remita los contratos de trabajo que, según recoge el informe técnico, se hicieron para cubrir dicho servicio.