Un juez investiga una trama de contratos falsos a miembros del PSOE
La portavoz de Tomares ha sido imputada por cobrar sin ir a trabajar, pero un informe enviado al juzgado denuncia más posibles casos
Se utilizaban organismos públicos gobernados por el PSOE para contratar a militantes que no prestaban sus servicios en ellos, sino directamente para el partido. Esa es la hipótesis que tiene sobre su mesa el juez de instrucción número 5 de Sevilla tras una denuncia en la que se señala que la actual portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Tomares, Cristina Pérez Gálvez , cobró de Emasesa sin haber acudido a trabajar allí y mientras, además, estaba contratada en la sociedad Naturalia XXI, también dependiente del Ayuntamiento sevillano.
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A partir de ahí, se ha abierto una investigación en la que han aflorado otros casos de posible malversación a través de esta misma fórmula, ya que el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, departamento al que estaba adscrita la labor de la socialista tomareña, emitió un informe en el que señala en su negociado a otras dos personas más en idénticas circunstancias , documento que ya obra también en poder del juzgado.
Pérez ya ha sido imputada por el instructor Fernando Martínez Pérez, que la ha citado a declarar el próximo día 17 de este mes para responder por supuestos delitos de malversación, falsedad en documento mercantil y cohecho. Según los hechos denunciados, la que fue delegada de Medio Ambiente de Tomares hasta 2007 fue contratada por Emasesa el 8 de enero de 2008, fecha en la que dirigía la empresa de aguas Manuel Marchena , el hombre de máxima confianza de Alfredo Sánchez Monteseirín .
Aquel contrato de «arrendamiento de servicios» le reportaba a Gálvez una retribución mensual de 2.308 euros más el IVA, ya que prestaba su labor en calidad de autónoma. El acuerdo se firmó por un año más tres prorrogables, circunstancia que se cumplió, por lo que la socialista firmó en diciembre de 2010 la última ampliación a razón de 2.394 euros al mes.
El jefe de servicio del que dependían estas personas asegura que Pérez estaba «Ausente sin fecha conocida por candidatura a la Alcaldía de Tomares»
Coincidiendo con este trabajo, Pérez también fue contratada por la Fundación Naturalia , un organismo creado por Monteseirín a través de un convenio con el entonces viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Espadas , actualmente el alcalde de Sevilla. Sin embargo, el jefe de servicio de Estudios y Planificación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Javier González , emitió el 19 de julio de 2011 un informe interno en el que informaba a sus superiores de que había varias personas en su departamento que estaban cobrando pese a que no trabajaban.
Esta alerta se produjo nada más tomar posesión como nuevo alcalde Juan Ignacio Zoido. Hasta entonces, no consta en el expediente ninguna otra advertencia. Concretamente, el funcionario desvela que tres personas «adscritas en virtud de convenio de la Delegación de Medio Ambiente con Emasesa como personal de la Agenda Local 21 no comparecen a su puesto de trabajo , sin haber presentado ante el Servicio de Estudios y Planificación de Medio Ambiente motivo alguno de baja por enfermedad, permiso reglamentario retribuido, vacaciones o cualquier otra causa».
El período señalado por el jefe de servicio se refiere a los dos meses anteriores a la emisión de su informe , que fue elevado al nuevo director de Medio Ambiente del gobierno del PP, Joaquín Peña, que en agosto de 2011 resolvió los contratos.
La portavoz socialista aseguró a este periódico que no tiene constancia de su imputación: «Lo miraré, a lo mejor la notificación ha llegado a algún sitio»
Las tres personas señaladas son la citada Cristina Pérez, la coordinadora del citado organismo local Agenda 21 y otra de sus componentes, todas vinculadas al PSOE. Es más, en el informe del funcionario se aclara literalmente que Pérez se encuentra « ausente sin fecha conocida por candidatura a la Alcaldía de Tomares». Este periódico contactó ayer con Pérez para contrastar todos los detalles del caso y ella aseguró que no está al tanto de la situación: «La verdad es que no tengo ni idea ahora mismo».
Está citada para el próximo martes, pero la portavoz socialista mantiene que «lo tendría que mirar porque no tengo constancia de eso, no me ha llegado la citación, lo miraré, a lo mejor la notificación ha llegado a algún sitio». No obstante, Pérez explicó que « trabajé para la Delegación de Medio Ambiente , en la Agenda Local 21, pero la verdad es que hace mucho tiempo y tendría que mirar a ver de qué fecha son los contratos ». En todo caso, la imputada recalcó que «nosotras -en referencia a las otras dos señaladas en el informe del funcionario- no dependíamos de ese señor».
Ese documento fue, en todo caso, el que originó la denuncia, ya que el PP puso el caso en manos de la Justicia por si se hubiera producido algún hecho ilegal . Porque la sospecha de las contrataciones ficticias para dar sueldo público a personas que desempeñan su labor en el partido sobrevoló en el Ayuntamiento de Sevilla durante todos aquellos años de coalición entre el PSOE e IU.
Otros muchos casos
Otro de los organismos municipales en los que se ha denunciado esta práctica es la Fundación DeSevilla, un caso que investiga el juez de instrucción número 16. Allí fue contratado el militante de Bellavista Marco Antonio Piñero , aunque los informes internos indicaron que nunca había trabajado allí.
Lo mismo pasó con el asesor del exalcalde Domingo Enrique Castaño , que fue admitido en dicha Fundación tras una carta de Monteseirín en la que se apelaba a una supuesta «excedencia» que nunca se había dado, cuestión por la que también hay diligencias abiertas en el juzgado número 8 . Y a eso hay que sumar los miembros de IU que fueron dados de alta allí hasta ampliar la plantilla muy por encima de la actividad que tenía la Fundación, según sostienen los peritos judiciales del caso.
Este «modus operandi» ha aparecido de manera reiterativa incluso en denuncias internas a las que en su momento no se prestó atención. Uno de los casos más llamativos fue el de la grabación que el g erente de la empresa Sevilla Global, José Ramírez , hizo a Antonio Rodrigo Torrijo s y el delegado Carlos Vázquez cuando fueron a destituirlo en 2009. Ramírez les llamó la atención por la cantidad de gente del partido que estaba prestando servicios en otros lugares y que, sin embargo, cobraban sus nóminas de esa empresa: «Esto de que Sevilla Global esté pagando sueldos de otras delegaciones, no».
En el caso que ahora ha abierto el juez número 5, por el que ha imputado a la portavoz del PSOE de Tomares , se da un paso más, ya que el informe del jefe de servicio del negociado en el que tendría que haber prestado sus servicios ofrece un dato concluyente: «ausente sin fecha conocida por candidatura a la Alcaldía» de su pueblo.
