TRIBUNALES
La juez que investiga la «mafia del taxi» retira una cámara y monitores de su sede en el aeropuerto
La Policía Nacional ejecuta el auto dictado por la juez por posible vulneración de la Ley de Protección de Datos
La juez de Instrucción número ocho de Sevilla, María de los Reyes de Flores, que investiga la macrocausa conocida como «la mafia del taxi del aeropuerto» , ha dictado un auto en el que ordena la retirada de una cámara de AENA y dos monitores de las dependencias de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi por posible vulneración de la Ley de Protección de Datos.
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Fuentes del caso han señalado a este periódico que agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y de la Unidad de Intervención Policial ha procedido este jueves, sin incidentes, a la ejecución de dicho auto, retirando una cámara de circuito cerrado que recoge imágenes del túnel de llegadas del aeropuerto y que los taxistas pueden visionar en sus instalaciones en el aeródromo sevillano, conocida como Palenque y que se ubica junto a los aparcamientos del aeropuerto de San Pablo.
Igualmente, ha sido intervenido dos monitor con información de los vuelos, datos que son públicos que también pueden consultarse a través de una aplicación móvil.
Derecho a la intimidad
Para la juez, las imágenes captadas y visionadas en los monitores pueden vulnerar la Ley de Protección de Datos y por ello ha ordenado su retirada. Además, puede violar el derecho a la intimidad de los viajeros. La cámara, insalada por Aena hace unos veinte años, tenía una salida al monitor de los taxistas. Así, éstos podían ver si había gente para salir o no a trabajar.
La decisión tomada por la instructora no obedece a ninguna petición de las partes personadas en esta macrocausa, en la que se señala a dicha asociación como un grupo crimina l.
En las últimas semanas, varios vehículos de taxistas que también prestan servicios concertados en el aeropuerto de Sevilla y que no pertenecen a esta asociación, utilizando la parada específica para este tipo de portes, han sido objeto de otros incidentes como el pinchado de los neumáticos o arañazos , mientras sus conductores estarían afrontando «amenazas e insultos» por parte de un grupo de taxistas.
Esta causa se originó cuando la Brigada de Información de la Policía Nacional asumió en 2017 la investigación en torno a las agresiones y coacciones que sufren los vehículos de transporte concertado (VTC) en la parada del aeropuerto y de Santa Justa. Pero el enfoque de la investigación se amplió al monopolio que había instaurado esta asociación en San Pablo, donde impedían trabajar a personal ajeno a su colectivo.
La mayoría de investigados en esta causa forman parte de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi , entre ellos el que fuera su líder durante años, Enrique Filgueras, quien se jubiló a finales del año pasado.
